Diario del Cesar
Defiende la región

Panorama desalentador y peligroso

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El panorama de la corrupción en Colombia sigue generando preocupación, más si se tiene en cuenta que, según el último informe de Transparencia por Colombia, entre enero de 2016 y julio de 2018 se identificaron 327 hechos reportados por la prensa nacional y regional en todo el país.

Peculado, enriquecimiento ilícito y detrimento patrimonial son algunos de los delitos más imputados en recordados casos como el cartel de la Hemofilia, los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y los carruseles de la contratación, todos con una base en común: la corrupción desde lo público.

Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia son las regiones en las que más se ha presentado este tipo de casos; mientras que en las ciudades capitales el 29 % de los hechos se encontraron en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

La radiografía del país detectó en su mayoría hechos de corrupción administrativa (73 %), corrupción privada (9 %) y corrupción judicial (7 %), como los que más se reportaron. Además, con relación a los delitos más cometidos son peculado (18 %), que es descrito en el código penal como la utilización indebida de bienes del Estado por parte de terceros bajo la autorización de un empleado oficial.

Dentro del total de actores vinculados a hechos de corrupción, se evidencia que el 39 % fueron funcionarios públicos y el 30 % autoridades electas por voto popular, en este último grupo el 41 % fueron concejales, el 40 % Alcaldes, seguidos por Gobernadores Diputados y Senadores.

 “El 69 % de los hechos son de alcance municipal, el 25 % de nivel departamental y un 6 % restantes corresponden a hechos de alcance nacional. El proceso de sistematización refleja únicamente los datos de los registros periodísticos encontrados y posteriormente sistematizados”, indicó el informe.

En el listado de delitos también figura la celebración indebida de contratos (13 %), la falsedad en documento público (12 %) y concierto para delinquir (11 %). Por estas conductas delictivas, en el 71 % de las investigaciones ameritaron la apertura de un expediente penal, el 21 % un proceso disciplinario y el 8 % fue de tipo fiscal.

Para el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, poder combatir la corrupción necesita de tres componentes que radican en revisar, analizar y detallar la información relacionada con los hechos, y de esta manera establecer mecanismos más robustos para un problema que crece cada día.  “Si hay algo que tiene que ser priorizado urgentemente es la contratación pública y el fortalecimiento de la capacidad del Estado a nivel territorial, no podemos seguir con capacitaciones y nuevas normativas que no apuntan a los principales problemas, requerimos aumentar los sistemas de detección, prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción, además de poner a las víctimas de la corrupción en el centro de esta lucha”, apuntó Hernández.

Los sectores públicos que presentaron una mayor incidencia de corrupción son Educación, con un 16 %, Infraestructura y Transporte (15 %) y Salud (14 %). Justo son los tres sectores a los que se les destina la mayor parte del presupuesto de inversión del país, al tiempo que son determinantes para el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.

En 207 hechos identificados por el Monitor Ciudadano de la Corrupción, se indica que están en juego cerca de 17,9 billones de pesos, equivalente a la mitad del presupuesto de inversión del Gobierno Nacional en el sector educativo en 2018.

Existe un vínculo entre corrupción y la vulneración de los derechos humanos: el 59 % de los hechos de corrupción identificados en el Monitor Ciudadano afectaron derechos económicos, sociales y culturales; el 39 % derechos civiles y políticos; y el 2 % derechos colectivos y del medio ambiente. Las cifras reveladas por Monitor Ciudadano demostraron que la corrupción, como cualquier delito, deja víctimas, por lo que es fundamental reparar el daño que ocasiona este flagelo, no sólo con penas punitivas y con la recuperación de los activos sustraídos al Estado, sino con un resarcimiento material e inmaterial del daño que esta ilegalidad causa en la sociedad.