Diario del Cesar
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Los dos posibles reemplazos de Álvaro Leyva en la Cancillería, tras su suspensión

Luego de la suspensión de tres meses ordenada por la Procuraduría, los vicecancilleres Elizabeth Taylor y Francisco Coy siguen en la “línea de mando”.

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Luego de la formulación de pliego de cargos y la suspensión por tres meses de sus funciones del canciller Álvaro Leyva, ordenada por la Procuraduría, surge la pregunta de quién podría ser su reemplazo como cabeza del Ministerio de Relaciones Internacionales durante la obligada ausencia.

La formulación del pliego de cargos es el proceso que antecede al juicio disciplinario. En este punto, la Procuraduría enumera las posibles infracciones disciplinarias que habría cometido el funcionario para que este pueda defenderse.

Aunque esta es una decisión que queda en manos del propio presidente Gustavo Petro, según la línea de mando de la Cancillería los dos opcionados son dos subalternos directos de Leyva, el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco J. Coy, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay.

Como contra la decisión contra Leyva, por parte del Ministerio Público, por las posibles irregularidades que habría cometido al declarar desierta la licitación de los pasaportes en Colombia, no procede ningún recurso la decisión de su reemplazo temporal debe ser tomada con rapidez. El viceministro Coy, sin embargo, parece ser el más opcionado por su experiencia en el área específica.

La suspensión del canciller se tomó, según dijo la Procuraduría, para evitar que el Leyva siga incurriendo en las mismas faltas disciplinarias que hoy le señalan, al tratarse del ordenador del gasto de su ministerio y, además, del director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la fabricación de los pasaportes.

¿Quiénes son?

Francisco Coy, quien llegó al cargo actual en agosto de 2022, solo unos días después del comienzo del gobierno de Petro, es Miembro del Servicio Exterior colombiano desde 1988 y fue embajador en 2011.

Entre 2020 y 2022 fue asesor de la ministra de Relaciones Exteriores, jefe de Misión Alterno en la embajada en Bélgica, Luxemburgo, Misión ante la Unión Europea y la Otán, entre otros cargos.

En el Ministerio se ha desempeñado en un buen número de cargos, entre estos, subdirector para Estados Unidos y Canadá, jefe de gabinete y coordinador del Grupo de Drogas. Ha estado en las embajadas de Washington en dos ocasiones y en Italia y ante las Agencias de Naciones Unidas en Roma.

Coy tiene amplia experiencia como docente y es economista de la Universidad de la Salle y tiene un Máster en Políticas Públicas Internacionales en la Escuela Paul Nitze de Estudios Internacionales de la Universidad de Johns Hopkins-SAIS, en Washington, entre otros títulos de posgrado.

La otra opción, Elizabeth Taylor, aunque con menos experiencia diplomática, también tiene una larga trayectoria profesional. Es nacida en la isla de Providencia y miembro de la comunidad raizal.

Es bióloga con énfasis en Biología Marina de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, y Máster en Protección del Medio Ambiente Marino de la Universidad de Bangor, en Gales, Reino Unido. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional, la mayor parte en el sector público colombiano.

Además, es una de las actuales representantes del Gobierno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Según reseña la Cancillería, desde julio de 2016 hasta enero del 2020, se desempeñó como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de Colombia en la República de Kenia y representante permanente del país ante tres organismos internacionales. Y durante su misión en Kenia fungió como embajadora no residente en 10 países adicionales del Este y centro de África.

Entre otros importantes logros en el área de las ciencias marinas, En 2012, la Unesco la destacó con el Premio Michel Batisse por su liderazgo en la implementación de la Reserva de la Biosfera Seaflower.

La suspensión

Según el anuncio de la Procuraduría, el canciller Leyva habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo.

De acuerdo con la investigación, una falta grave habría sido declarar desierta la licitación 001 de 2023 (fabricación de los pasaportes) porque tomó la decisión sin tener fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos. De ese modo, habría vulnerado los principios que rigen la contratación estatal.

En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual, sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.