Exigen a EPS Sanidad Militar mayor compromiso para usuarios discapacitados
Hoy a través de un plantón, cerca de 20 madres protestarán a las afueras del batallón La Popa para exigirle a la institución y su EPS, Sanidad Militar del Ejército; que cancelen las deudas activas con las IPS encargadas de entregar tratamientos a los usuarios en condición de discapacidad.
El no pago ha generado grandes atrasos en la salud sobre todo de los menores. Es el caso de Marcela Pulido y su hija de 12 años, diagnosticada con Hiperactividad, quienes recibieron solo tres de los 12 meses de terapias autorizados (febrero, marzo y noviembre) el año anterior.
Su preocupación se acrecienta luego de conocer la autorización de un nuevo cambio, esta vez para la IPS Santa Paulina, donde deberá comenzar de cero. La situación, dice, parece una fotografía de lo vivido el año anterior, hecho que solo afecta la integridad y los avances del infante.
“La atención a los niños con discapacidad es pésima, garantizan pocos meses de tratamiento y frecuentemente cambian los centros de rehabilitación o porque no han cancelado lo correspondido, o porque un cambio les sale menos costoso”, asegura.
Pese a que fue ingresada hace siete años al programa de discapacidad del Ejército, solo hasta hace dos comenzó a recibir las terapias físicas, ocupacionales y de fonoaudiología requeridas, y de manera intermitente, afirma.
DESDE LAS OCHO ESTARÁN EN ‘LA POPA’
A la marcha que iniciará a las 8 a.m., también llegará Elsamery Andrade Orozco, madre de un niño de ocho años con problemas de autismo.
El estado del menor y la vinculación de su esposo con el Ejército, comenta, no fueron suficientes para poder incluir a su hijo dentro de estos servicios. Y por el contrario, fue después de varios derechos de petición que logró ser abarcada en el programa de atención especial para personas en condición vulnerable.
“Mi hijo no pronuncia ni una sola palabra, por eso mi afán de ingresarlo a un centro. Y aunque llevo un corto tiempo, ya he recorrido cinco fundaciones. Cada 15 días suspenden los tratamientos porque no han pagado; otros se revoca la contratación, y en otros no cumplen con la entrega de adiciones”, comentó Andrade Orozco.
No ha podido matricular al menor en alguna institución educativa, debido a que las directrices y como está contemplado en el reglamento, exigen un documento en el cual se especifiquen las formas de escolarizar al menor.
“Eso me lo darán cuando un neurólogo, psicólogo, pediatra y médico general lo valoren. Hasta ahora solo me dicen que no es dificultad auditiva”, afirma.
Aunque han buscado ayuda de la Secretaria de Salud Municipal, la respuesta de la entidad es clara: por tratarse de un régimen especial no pueden intervenir.
NO ATENDIERON
Aunque este medio de comunicación trató insistentemente de comunicarse con voceros de la institución militar, los encargados no atendieron a los llamados.