LÍDERES SOCIALES: La matanza que se repite
“Recibí un mensaje directo en el que me decían que me iban a matar, que sino me mataban a mí, matarían a mis hijos”. Así recuerda Edgardo Flórez Mesa la amenaza que grupos al margen de la ley le hicieron el año pasado. Este hombre se suma a los cientos de líderes sociales que defienden los derechos humanos en el territorio nacional.
El defensor vive en el corregimiento de El Salado, en el municipio del Carmen de Bolívar, y en este diálogo expresó que ha recibido dos amenazas: la primera en junio del año pasado y la segunda en agosto, cuando vincularon a sus familiares. Según Flórez Mesa, la primera se dio por cuenta de unas denuncias que realizó por hechos de extorsión en la zona donde vive, y por el cual el Gaula Militar generó una serie de capturas; la segunda como una advertencia por lo ocurrido.
Si bien aseguró sentirse desamparado por el Gobierno Nacional, dice que no escatimará esfuerzos en denunciar los hechos que hoy no le permiten a la sociedad que lo vio crecer salir adelante. Lo que sí es cierto, es que Flórez Mesa teme por la vida de su familia, pues aseguró que pese a que la Unidad Nacional de Protección (UNP), fomenta esquemas de seguridad, estos no son suficientes.
“Lo que ha hecho es levantar medidas sin mayor fundamento y el interés ya no está en tener un carro o un escolta, sino en que se nos brinde una protección integral”, aseguró el defensor mientras lamentó la situación que no solo padece él, sino al menos 160 personas más en esa zona del país.
El hombre, quien se ha dedicado a denunciar inconsistencias en esa región del país desde hace más de diez años, anunció que hoy en día 60 líderes sociales que habitan en Carmen de Bolívar han sido intimidados de alguna manera, bien sea directamente, por medio de recados o mensajes en las redes sociales.
“No hay una sensación de seguridad para nosotros, porque vemos muy pocas opciones. Hemos estado solicitando al Gobierno que se monte pie de fuerza en el territorio, porque hay personal extraño y ajeno a las comunidades, pero no se nos ha prestado atención”, dijo Flórez Mesa.
La atención de la que habla es la que en su momento solicitaron los 172 líderes sociales que, según la Defensoría del Pueblo, fueron asesinados en 2018. Para Flórez Mesa es evidente que algunas autoridades han querido apoyar la labor que realizan, sin embargo, estas se esfuman una vez hay cambios en los gabinetes del Gobierno.
“El año pasado se realizó una reunión con el Ministro del Interior saliente, se habló que se continuaría con talleres de integración y protección para nosotros, pero salió de su cargo y junto con él se fueron las propuestas”, aseguró.
Lo que preocupa al líder social es que el actual Gobierno no genere los espacios para brindar seguridad. Para él, es evidente que el Estado colombiano debe implementar una estrategia de protección colectiva y de territorio. “Una estrategia más de prevención y de acciones que se trabaje con inteligencia para prevenir estas acciones en el territorio que nosotros estamos denunciando”.
Según lo expuesto, en la zona hacen presencia personas que están vinculadas con estructuras dedicadas al delito de narcotráfico, fleteo, extorsión y sicariato, actos que son denunciadas por las líderes de la región.
“En cuanto al tema de quienes son: aquí hay de todo”, dijo el líder cuando se indagó sobre los responsables de tales hechos. Si bien el líder social puede tener nociones de quienes pueden generar los hostigamientos, el único que fue osado en asegurar cuáles eran los actores del conflicto, fue el propio fiscal general, quien confirmó que el ‘Clan del Golfo’, el Ejército de Liberación Nacional y las Disidencias de las Farc están detrás de dichos actos.
Por último, el líder social aseguró que en un futuro los defensores de la zona se ven reparados integralmente, por lo que piden “que se restablezcan las cadenas productivas y que se restablezca la vida tranquila que teníamos, pero ya estamos en etapa de posconflicto y hasta el momento no tenemos”.
¿QUÉ DEBE HACER EL GOBIERNO?
Diana Sánchez, vocera de Somos Defensores, anunció que en el país no existían acciones que garantizarán la labor de los defensores de derechos humanos en el territorio nacional, sin embargo, el acuerdo de paz que se suscitó entre el Gobierno Nacional y las desmovilizadas Farc dejó muchos lineamientos que, a su juicio, eran apoyados por las entidades gubernamentales y tenían un seguimiento y acompañamiento por parte de la ciudadanía, que es la que conoce las constantes amenazas.
Sánchez consideró que una vez se instaló el nuevo Gobierno las iniciativas desaparecieron, teniendo como base empezar todo desde cero, lo cual, a su juicio, no es necesario sabiendo que hay un avance en esa materia. “El Gobierno Duque todo lo desconoce, nada de lo que dejó el antiguo Gobierno está funcionando, todo está congelado, todo lo que se derivó del proceso de paz está quieto”.
Para la vocera, sí hay herramientas con las cuales se puede atacar el flagelo de los homicidios, que a juicio del fiscal son sistemáticos. “Tampoco nos quemamos las manos diciendo que con ello se va a lograr frenar toda la problemática, pero sí había una ruta que efectivamente prometía desestructurar la criminalidad”.
Para Sánchez, con la entrada en vigencia del mandato de Duque ninguna de las iniciativas que han mencionado han servido o se han invocado, por lo que consideramos que es necesario reactivar las propuestas que quedaron en una normativa construida.
“Nosotros hicimos una crítica con el Plan de Acción Oportuna (PAO), que es un espacio creado por la sociedad civil de los derechos humanos, para crear una ruta y diseñar una política pública para la defensa de los derechos. Con esto lo que buscamos es que Colombia de un salto en la protección y las garantías de seguridad”, dijo.
Para Sánchez, la protección es una serie de mecanismos instrumentales para proteger físicamente a los líderes, pero hace falta una política integral que desestructure las acciones agresivas en contra de los sindicales.
Si bien, el nuevo Gobierno pretende erradicar por completo los focos de inseguridad, se deben implementar las iniciativas que dejó el antiguo mandato, incluso sosteniendo reuniones con miembros del actual Estado que entregue reporte de lo que hasta la fecha se pretende hacer para garantizar y proteger la vida de los defensores.
S.O.S DE LOS ENTES DE CONTROL
En una reunión que sostuvo el fiscal General, el procurador Fernando Carrillo, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, y el gabinete presidencial, en cabeza de Iván Duque, el jefe del ente acusador anunció que los datos dan cuenta de 238 líderes sociales asesinados entre enero de 2016 y 2018.
Lo que le genera cierto grado de confiabilidad es que en materia de esclarecimientos de los homicidios, la Fiscalía da cuenta del 53 % de los casos, de los cuales, algunos de ellos están en etapa de juicio, imputaciones y en 30 más se han promovido órdenes de captura.
Martínez Neira anunció que una de las estrategias que implementarán durante este año, relaciona al Consejo Superior de la Judicatura, que apoyará con jueces especializados para esclarecer de manera exclusiva los asesinatos.
En su discurso, el jefe del ente acusador afirmó que el 50 % de los líderes asesinados son miembros de las juntas de acción comunal. “Se puede deducir que se trata de una sistematicidad masiva. Esa afectación la producen los grupos armados residuales, el ELN y el ‘Clan del Golfo”.
En el informe, que fue presentado en la mañana de este viernes, Martínez Neira aseguró que los hechos vinculan expresamente a estructuras criminales, más no a miembros del Estado, lo que les genera cierto grado de tranquilidad.
Por otro lado, el procurador General, Fernando Carrillo Flórez, anunció que en los próximos días instalarán ‘La Mesa Por La Vida’, esa misma con la que pretenden evitar que la epidemia de los asesinatos siga aumentando.
El jefe del Ministerio Público anunció que es necesario visibilizar qué ha ocurrido en las diferentes regiones del país en relación a los atentados contra los defensores de derechos humanos. “Hemos dicho que no solo hay responsabilidad de la Fuerza Pública sino también de alcaldes locales, ha habido casos en donde se han hecho acusaciones y sobre estas trabajamos para determinar la responsabilidad en la misma”, manifestó una vez se conoció la cifra de asesinatos durante este año.
LAS ALERTAS
El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría (SAT), encontró que los crímenes ocurridos durante 2018 se cometieron en Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba.
En cuanto a los municipios, los 30 con mayor número de homicidios corresponden a los departamentos con más altos niveles de ocurrencia de esta violación a los derechos humanos, entre ellos Corinto (16 casos) y Caloto, en Cauca (13); Tumaco, Nariño (12); y Riosucio, Chocó (9)./Colprensa
´No permitiré que bandas criminales sigan matando a los líderes sociales del país´ : PRESIDENTE DUQUE
Desde Yopal, Casanare, en el marco del Taller Construyendo País, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, afirmó que el Gobierno será firme para destruir las redes criminales que están asesinado a los líderes sociales.
“Quiero ser muy claro: vamos a enfrentar esas organizaciones criminales y las vamos a someter a la justicia en nuestro país. Vamos a estar trabajando con la comunidad, pero no vamos a permitir que se sigan acallando las voces de los colombianos por parte del crimen organizado”, dijo el mandatario.
Duque añadió que para ese propósito va a trabajar de la mano de las autoridades y por esta razón destacó la importancia de avanzar en la implementación del Plan de Acción Oportuna (PAO), estructurado para afrontar los crímenes contra los líderes sociales desde la prevención, la reacción inmediata con alertas tempranas, la investigación para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares.
“Nos hemos sentado con las autoridades a buscar coordinación y hemos recibido, por parte de la Fiscalía, un reporte en donde un poco más del 50% de los asesinatos tienen esclarecimiento; son cerca de 126 casos esclarecidos. Y es espeluznante ver que en la gran mayoría esos asesinatos los han cometido grupos armados ilegales: Eln, disidencias, ‘Los Pelusos’, el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Caparrapos’ y otras estructuras criminales”, señaló.
Así mismo, el presidente hizo énfasis en que es necesario hacer grandes campañas de prevención y protección de los líderes y defensores de derechos humanos. Igualmente, hizo referencia en que el Gobierno está comprometido en protegerlos a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Vamos también a ejercer protección. Hoy la Unidad Nacional de Protección tiene un poco más de 7.000 esquemas de protección, y de esos, el 62 por ciento está destinado a líderes sociales”, dijo el Presidente Duque./Presidencia