Diario del Cesar
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Millonaria demanda contra la Gobernación

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Por un contrato de compraventa de dos vehículos destinados a la Policía del Cesar en el 2008, avaluados en 235 millones 725 mil  PESOS y firmado por el exgobernador del Cesar, Cristian Moreno; la Gobernación del departamento deberá afrontar una demanda de la empresa Prevencar Colombia.

El abogado de la compañía Mario Díaz, indicó que “los vehículos tenían unas especificaciones en el contrato, corresponden a una Unidad Móvil de Criminalística y un microbús utilizado como CAI móvil e identificados con placas  VAM 621 y VAM 647 de Valledupar.  Serían cancelados por la institución pero incumplieron”.

Revela que, los carros  que no han sido cancelados en su totalidad, fueron ingresados en el inventario de la Gobernación del Cesar bajo el término “perfeccionado y ejecutado”, información, que sostiene, es falsa.

“Los traspasos estaban abiertos para que realizaran el cambio a su nombre porque son sus vehículos y su dinero, pero no oficializaron.  Y como no fuimos notificados de cobros coactivos, en noviembre del 2018 las cuentas comerciales fueron embargadas; el proceso fue autorizado por el Departamento del Cesar bajo la excusa de deuda de impuestos, cuando son ellos quienes los utilizan”, explica Mario Díaz.

Aunque se han enviado distintos derechos de peticiones a la gobernación exponiendo la realidad del contrato, afirma el abogado que la respuesta solo recae en que se desconocía el término.“Y nos afecta con un evidente embargo, afectaciones en el pago de nómina, convenios con proveedores y todo lo que incurra comercialmente”.

 

¿INCUMPLE CON LA LEY?

Este tema ha dejado entrever otros comportamientos contrarios a la Ley que aparentemente, serían cometidos por la institución encargada de manejar los vehículos que, según la Asesora Jurídica de la Gobernación del Cesar, Ana Leidys Van-Strahlen, es la Policía del Cesar.

En las investigaciones se encontraron distintas dudas durante los 12 años de funcionamiento: ¿con qué SOAT andaban anualmente?, ¿con qué revisión tecnomecánica?, ¿a nombre de quién estaba?, ¿quién cubría el seguro contra todo riesgo?”, se pregunta Mario Díaz. Detalla que cada vehículo tiene una deuda de $30 millones en impuestos.

Debido a estas irregularidades, la empresa recurrirá a la Procuraduría de la Nación en la ciudad de Bogotá y a través de un tutela, darán a conocer lo que aparentemente sucede “con las contrataciones en el departamento cesarenses”.

 

‘EL EMBARGO SE AUTORIZÓ DESDE LA OFICINA DE RENTAS’

La asesora jurídica, Ana Leidys Van-Strahlen Peinado le manifestó al medio que a través de procedimientos internos, se están concretando las acciones legales para dar solución a la “confusión”.

Afirmó que el embargo, se adelantó desde la Oficina de Rentas del Cesar; ellos “no agilizaron el traspaso y también era su obligación; en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) aparece su nombre y estos factores llevaron  reacciones de jurisdicción coactiva”.

Subrayó que Prevencar Colombia durante los casi 12 años, no presentó objeciones frente a las demoras del cesión de los vehículos, ni notificó su inconformismo; por lo tanto, afirmó la funcionaria y “los anteriores pueden servir como fundamento para adelantar el proceso  legal y que nos cobije”.