Corte Constitucional ´tumba´ otro decreto ilegal sobre La Guajira
Ninguna de las promesas del presidente Petro a La Guajira se han podido materializar. Todas fueron ilegales, en contravía de la Constitución. Prueba de ello es que todos los decretos fueron ´tumbados´ por la Corte Constitucional
La Corte Constitucional tumbó el undécimo decreto legislativo que analiza luego del estado de emergencia que el gobierno de Gustavo Petro había establecido en La Guajira. Se trata del 1272 del 31 de julio de 2023.
El decreto, declarado inexequible, creaba unas medidas específicas para atender a la niñez, las madres gestantes y familias que se encontraban en estado de desnutrición. La idea era entregarles una transferencia monetaria no condicionada, es decir, un subsidio, y asumir otras medidas para el cruce de información y para impuestos, entre otras acciones.
La Corte recordó que en octubre declaró inconstitucional el decreto «matriz» con el que el Gobierno declaró el estado de emergencia, pero mantuvo efectos diferidos, hasta julio del próximo año, respecto a la amenaza del crecimiento de la crisis humanitaria en La Guajira por el fenómeno de El Niño y la menor disponibilidad de agua.
Luego, la Sala Plena verificó que existe una «absoluta ausencia de conexidad» entre ese decreto y el relacionado con los subsidios. Según un comunicado del alto tribunal, no se comprobó que la menor disponibilidad de agua pudiese justificar la entrega de la transferencia monetaria.
«Por lo anterior, la Corte resolvió declarar la inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 1272 de 2023, con efectos retroactivos generales, salvo en cuanto a las transferencias no condicionadas que hubieren sido efectivamente entregadas a la fecha de la sentencia», apuntó el Tribunal.
Es decir, como el decreto original fue inconstitucional, los decretos reglamentarios que no se fundamenten en la eventual sequía por EL Niño, incluyendo al 1272, también son inconstitucionales. En este caso, además se echaron para atrás las acciones allí contempladas, excepto la recepción del subsidio.
Entonces, las personas que recibieron una transferencia gracias a lo decretado por el Gobierno no deben devolverla, pero Prosperidad Social, entre otras, tendrá que modificar las bases de datos conformadas por beneficiarios a quienes se entregó el dinero.
La magistrada Natalia Ángel Cabo y el magistrado Juan Carlos Cortés se apartaron de la decisión de la Sala Plena, pues consideraron que sí había relación entre la posible sequía en el departamento y el subsidio entregado por el Gobierno.