Por un cambio en los servicios públicos
No vamos a referirnos en nuestra opinión de hoy, a algunas instituciones del Estado –municipios, distritos, departamentos, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales oficiales-, que administran en forma correcta y eficiente la prestación de los servicios públicos domiciliarios en nuestro país, que reconocen, además, que su ausencia o interrupción, ponen en peligro la salud, la vida y el bienestar de las comunidades a su cargo. El agua potable, la limpieza, la recolección y tratamiento de residuos sólidos, el alcantarillado, la energía y el alumbrado público, pertenecen a esa selecta categoría de los derechos humanos, catalogados como derechos de la segunda generación, que protegen la libertad y la igualdad de los ciudadanos y que deben ser prestados para salvaguardar la dignidad del individuo y sus colectividades.
Antes de 1.991 al concepto constitucional del llamado Estado Benefactor correspondía el cubrimiento de las necesidades colectivas esenciales de los habitantes y la prestación de los servicios públicos, y era el Gobierno entonces, quien asumía la responsabilidad de su gestión. Pero deteriorado como fue el cumplimiento del deber de control por los gobernantes, el desgreño y la casi gratuidad de estos servicios, terminaron por imponer en la Carta Política actual la posibilidad de que ellos fueran prestados también por los particulares, como así quedó plasmado en el ordenamiento superior y de esta forma se trasladaron por contratos administrativos de venta o arrendamiento, o por concesión, las regulares y permanentes funciones que cumplía el Estado de garantizarle a los ciudadanos la satisfacción adecuada de estas necesidades.
A pesar de que por orden constitucional la prestación de los servicios públicos corresponde en Colombia a una de las funciones esenciales o propias del Estado, hoy esta labor esencial casi en su totalidad pertenece al monopolio de los particulares, se presta por organizaciones privadas que han encontrado en un reducido número de empresas privadas y de contratistas, la fuente de la contratación administrativa para estos servicios, monopolios que han desestimulado, de una forma o de otra, una eficiente gestión. Existe un concepto generalizado de que en nuestro país la prestación de los servicios públicos se ha convertido en un dolor de cabeza para un gran número de comunidades de la patria. Los elevados costos de las tarifas de energía, la carencia de alumbrado público en casi todo el territorio nacional, la falta de alcantarillado sanitario y de alcantarillado pluvial, son muestras incontrastables del incumplimiento de metas, de falta de control por las autoridades y un desempeño por debajo de los estándares promedios de eficiencia.
Renglones especiales merecen el servicio de agua potable y la recolección y tratamiento de los residuos sólidos, en los que la cobertura en zonas rurales es demasiado baja y el suministro de agua no apta para el consumo humano sobrepasa el 31% de la población, cifra por demás preocupante. Ciudades inundadas de basuras, deterioro de los equipos de recolección, interrupciones prolongadas de los servicios, convierten las calles de la mayoría de las ciudades, especialmente en la Costa Atlántica, en verdaderos basureros a cielo abierto, aún en los barrios de alta consideración en los estratos legales. La subcontratación, la carencia de personal para la prestación de estos servicios y un régimen laboral inadecuado para sus trabajadores, han transformado el oficio de limpieza de las calles y barrios, la recolección y tratamiento final de los residuos sólidos, en un oficio extraño, que ha puesto en muchas de nuestras ciudades, a vivir a los seres humanos como verdaderos animales, acumulaciones permanentes de basura donde pululan insectos, roedores y desagradables olores que emanan de escasos recolectores que se han ubicado en sectores perimetrales urbanos y que identifican los puestos de recolección en buena parte de las ciudades de Colombia. Se hacen urgentes y necesarias medidas legislativas de cambio y un giro radicalmente considerable en esta problemática, que le devuelvan a nuestra sociedad la dignidad y el respeto que ella merece.
*Abogado laboralista*profesor universitario*Escritor