Diario del Cesar
Defiende la región

 ‘Elecciones a rectoría de la UPC están viciadas’

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Luego de conocerse el listado de candidatos inadmitidos por el Tribunal de Garantías de la Universidad Popular del Cesar para las elecciones de la rectoría del centro de educación superior, algunos de los afectados reaccionaron ante la situación.

Uno de ellos es Baldomero Rosado Quintero quien aseguró que “recibimos con esta decisión, no solo yo, sino el resto de los que aparentemente fueron inhabilitados, hecho que me carece de todo efecto legal desconociendo normas de la misma institución. En mi caso me rechazan porque no tengo la experiencia administrativa, mi pregunta en el recurso de reposición que interpuse el martes pasado es ¿será que ser rector asignado no es experiencia? ¿Acaso mi hoja de vida no fue evaluada cuando llegué a ese cargo? Están violando el decreto 861 del 2000 y desconociendo el decreto 2772 de 2005. ¿Cómo no van a probar que yo vivo en Valledupar si llevo 17 años como docente en la Universidad Popular del Cesar en todas las modalidades? fui catedrático de tiempo completo, trabajé ad honorem regalando muchas horas, tengo dos especializaciones, maestrías y doctorados, no quiero pensar que hay una estrategia para favorecer a otro candidato, todos los que aspiramos somos idóneos para este cargo, este proceso de elección está viciado porque las hojas de vidas debieron publicarlas en la página web como lo establece el artículo 26 del acuerdo 038 del 2005 y no lo hicieron. Lo digo con argumentos porque durante cuatro años fui presidente del Tribunal de Garantías Electorales”.

 

“DEBEN CORREGIR EL ERROR”

 

Por su parte, Guillermo Botero calificó la determinación como “un despropósito, por ello propongo públicamente al Tribunal de Garantías Electorales que corrija su error porque en la universidad reposan todos los documentos que comprueban mi vinculación y labor dentro de la misma, lo cual nos ubica en el precepto cierto de que, si la universidad tiene los documentos en su poder, por qué exigirle al aspirante requisitos que ella podría comprobar sin mayor esfuerzo”.

Ante esta situación el aspirante presentó el pasado lunes un recurso de reposición en el que no da su brazo a torcer en aras de continuar con su postulación al máximo cargo upecista.

Aseguró que “el tiempo de vecindad es un hecho notorio, que no necesita demostración, en mi caso vivo en Valledupar, soy profesor universitario y les pregunto a los  honorables miembros del tribunal ¿a qué hora vendría de otro departamento a cumplir con mi carga académica de cuarenta horas semanales?, soy abogado litigante en la Valledupar, anunciado publicitariamente en páginas amarillas del directorio”.

Explicó que “el día de la inscripción entreguéen la secretaria general de la universidad una certificación de vecindad en el formato que me la entregó la alcaldía de Valledupar, cosa rara que a unos candidatos nos la dieron en un formato que ahora aparece en el tribunal de garantías que no suple el requisito de tiempo, ¿será que ese tiempo no se puede corregir de todas las actuaciones públicas que conllevan el ejercicio de la docencia por más de 17 años en la universidad? soy profesor catedrático   desde el año 2002 en la universidad y desde el 8 de septiembre de 2010, me nombraron profesor provisional, tiempo completo, es decir con cuarenta horas semanales de carga académica en el programa de derecho, y sigo con mi carga y nombramiento actualmente”.

“Es de conocimiento público que fui designado rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar, hecho notorio que conoce la comunidad del Cesar y en general de Colombia en el ámbito académico de educación superior, incluso para la elección y designación de rector del año 2015, fui candidato legalmente inscrito, admitido y participé en dicha consulta”, agregó.

Otro de los candidatos afectados fue Álvaro Iglesias, sin embargo, su apreciación es diferente. “A nosotros no nos han rechazado ni sacado del proceso, es una suspensión de la inscripción, nos dieron cinco días después de la notificación para aclarar el tema residencial que la ley estipula son cinco años. Ese detalle lo pasó por alto en el documento de vecindad. Interpuse un recurso de reposición y estoy esperando que el Tribunal se pronuncie”.

Por último, Carmen Alicia Rivero aseguró que “presentaré hoy (ayer) el recurso de ley para demostrar que sí acredito los requisitos académicos y administrativos. Quedé sorprendida con la publicación de esa resolución de porque no sólo cumplo los requisitos académicos y administrativos sino que  cumplo con la experiencia académica mínima”.