Vicios de la Democracia Participativa
Por
ALBERTO LÓPEZ FAJARDO*
El domingo próximo vuelven las elecciones regionales para proveer 418 escaños en las asambleas departamentales, 12.072 concejales municipales y distritales y 6.885 ediles de las Juntas administradoras locales. Con un sinnúmero de aspirantes, serán elegidos igualmente por el voto popular 32 gobernadores y 1.102 alcaldes, como una muestra de la redistribución del poder político en favor de todos los ciudadanos y con lo que se hace realidad la democracia participativa en Colombia.
El tránsito de la democracia representativa hacia la democracia participativa establecido a partir de 1.991 señaló al voto como uno de los mecanismos de esa participación del ciudadano en el control del poder público, además de otros como la consulta popular, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato. En su propio articulado la Constitución distingue al pueblo como receptor directo de la soberanía de la Nación, le entrega el control y vigilancia de la gestión del Estado, y le señala el deber de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, con las regulaciones y controles que la misma Carta y la Ley establecen para garantizar la imparcialidad de los poderes públicos y la protección de estos derechos y garantías.
Justo es decir que el uso de estos mecanismos de participación como derechos fundamentales ha mantenido la democracia más activa, incentivando el pluralismo y extendiendo esta participación a escenarios que antes eran por lo menos indiferentes, como el sector privado, las asociaciones juveniles, las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, que han entendido que la “participación del pueblo en ejercicio de su soberanía”, es la vía constitucional ofrecida para integrar y participar en los asuntos públicos y en las decisiones estatales.
Contrario a lo deseado, existen suficientes razones -que aparecen como recurrentes- para estar preocupados por el desarrollo de la democracia en Colombia. Sin entrar en el análisis de la situación de orden público, que por sí sola merece la perturbación del jefe del Estado, el acto eleccionario del domingo 29 y sus incontables protagonistas, nos invitan a unas inquietantes reflexiones. Nada novedoso resulta afirmar entonces que, con minúsculas excepciones, la democracia participativa ha sido secuestrada casi que impunemente por la trapisonda política, por la corrupción y la criminalidad, maniobras que han olvidado que en paralelo de los derechos que la democracia brinda, se presentan unos deberes y unas obligaciones que implican las correspondientes responsabilidades señaladas en la Constitución y en la Ley.
Forman parte de este ominoso cuadro: los aspirantes sin calidades personales o con inhabilidades manifiestas para el ejercicio de los cargos públicos, los sin ideología y sin programas, los ciudadanos con antecedentes judiciales o condenados por la Justicia, los especialistas en la defraudación contractual, los violadores de normas protectoras de la libertad del sufragio, los compradores y traficantes profesionales del voto, los que financian sus campañas políticas con dineros del Estado o con dineros prohibidos, los que corrompen o constriñen al sufragante, los funcionarios públicos que alteran por dádivas los resultados electorales, y tantos más, ajenos a la pulcritud con que deben manejarse las actuaciones y los dineros oficiales, renuentes a los deberes de solidaridad social que impone la democracia participativa, y que son al fin de cuentas, los vicios generadores de la pobreza e iniquidad de la mayor parte de nuestra población.
Me dirijo entonces a quienes aspiran con altivez a participar de los asuntos públicos pensando en la obtención del bien común, a aquellos que con conciencia cívica serán parte del control político y de las mejores decisiones estatales, pero muy especialmente a todos los ciudadanos que están dispuestos en el ejercicio político a engrandecer y dignificar la democracia, como lo reclama nuestra Ley de Leyes.
*Abogado laboralista *Profesor universitario *Escritor