Diario del Cesar
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Casa por cárcel para el Secretario de Hacienda

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El secretario de hacienda del municipio de La Paz, Iván Crispín Peralta Morales y tres personas más vinculadas en un millonario robo informático que se produjo en las arcas de esa administración en agosto del año anterior, fueron cobijadas con la medida de detención domiciliaria, por decisión del Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías.

El jefe de cartera y los demás acusados, identificados como Abel Bustillo Porras, Wilfrido Enrique Alvarado Jaraba y Edgardo Siado Albor, fueron imputados de los delitos de peculado por apropiación agravado en modalidad consumada y tentada, en concurso con concierto para delinquir consumado y tentado,  cargos a los que no se allanaron.

“Evidentemente no habría que hacerles mayores interpretaciones para señalar que el requisito objetivo se cumple y eso hace procedente la detención preventiva. Entonces teniendo en cuenta que el despacho a analizado uno a uno todo lo expuesto y se avizora la posibilidad de que por lo menos se puede inferir razonablemente la autoría de los señores procesados dentro de las conductas, teniendo en cuenta las condiciones de que la medida de aseguramiento se encuentre necesaria para evitar que estos evadan el proceso de la justicia, esto da pie para que se considere que la detención domiciliaria es la medida necesaria, adecuada, proporcional y razonable para este caso”, dijo el juez al argumentar su determinación, la cual fue apelada por el ente acusador, quien le pidió que los enviara a prisión.

 

EL SEÑALAMIENTO

Según la Fiscalía 17 Seccional EDA, encargada de la investigación, los particulares figuran como representantes legales de las tres empresas a las que fueron a dar los $433.692.000 millones que fueron girados el pasado 8 de agosto desde las cuentas de la Alcaldía de La Paz, aparentemente, desde el computador corporativo del secretario de hacienda.

Además, aseguró que contrario a como se dijo en aquella oportunidad, se trató de un giro consentido por el funcionario público, quien era la única persona que tenía acceso al capitales monetario de La Paz.

Por tal razón, el acusador aseguró  que entrevistó a diferentes funcionarios de esa alcaldía municipal, entre ellos el jefe de presupuestos, y otras personas que trabajaban con Peralta en su sectorial; que todos fueron indicativos en señalar que el único que manejaba los tokens con los que se realizaban las transacciones era él y que solo se ingresaba a esa oficina cuando este permitía el acceso, con su presencia obligada.

“La fiscalía cuenta con la grabación de una conversación entre el señor Edgardo y otra de las personas intervinientes en estos hechos sobre los mismos e incluso, reclaman que ‘tumbaron’ unas sumas considerables de dinero. Lo propio ocurrió con la empresa AC Construcciones, cuyo representante legal es Abel Bustillo, quien retiró de un solo tajo $185.063.000 millones de la alcaldía municipal que le fueron transferidos a su cuenta de ahorros. Al practicarse diligencias o labores de vecindario por parte del CTI, se encontró que no existen tales empresas sino que simplemente son de papel. Ello lleva a la inferencia lógica razonable de que estas entidades se crearon y se mantuvieron para defraudar a las personas, en este caso al fisco municipal de La Paz”, subrayó el fiscal.