La relación entre el Gobierno Nacional y los partidos políticos enfrenta una nueva crisis, esta vez por cuenta de un polémico informe que reveló el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, sobre candidatos que estarían inhabilitados, a menos de dos semanas de las elecciones regionales.
La publicación causó toda una tormenta política en la que protestaron partidos y candidatos de todas las orillas, que consideran que se trata de una “persecución”.
La senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, cuestionó si el alcance del mencionado informe sería el de una “policía política”.
´Ahora resulta que en el Gobierno de Petro tenemos policía política. Le pido al ministro del Interior, díganos por qué están ejerciendo policía política, persiguiendo al partido Alianza Verde, al Conservador, Liberal, La U, Cambio Radical, a la ASI. ¿Con qué artículo de la Constitución se arrogó las facultades de usurpar a la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral? El Estado de Derecho se respeta. No vi eso en Iván Duque ni en Juan Manuel Santos”, señaló la congresista.
El Partido Conservador también rechazó los cuestionamientos hechos contra Rodrigo Hernández, candidato a la Alcaldía de Melgar, Tolima, quien aparece mencionado en la “lista negra” de más de quinientos aspirantes supuestos inhabilitados.
MINISTRO RECTIFICA
Unas horas después de que el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, aseguró que son más de quinientos los candidatos que están inhabilitados para concejales y alcaldes, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, lo rectificó y le desautorizó al asegurar que es sólo el Consejo Nacional Electoral, la autoridad que puede decir quién es o no apto para sus aspiraciones.
La declaración de rectificación la hizo el ministro del Interior, luego de que en la plenaria, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, le reclamó airadamente que aclarara si realmente el gobierno está actuando como una “policía política” que se ha dedicado a perseguir a los partidos.
Velasco, en su intervención sostuvo que si bien la actual conformación del CNE es de una forma política, el gobierno no comparte esa declaración de Idárraga. “..la declaración que ha dado un funcionario no es pertinente ni prudente”. Precisó además que “hoy es el Consejo Nacional Electoral el que dice quién está inhabilitado o habilitado”.
Y planteó que la posición del gobierno nacional frente a esa afirmación es que quien puede definir que hay inhabilidad es el órgano que la Constitución define con claridad, quienes ostentamos altas posiciones en el Estado debemos respetar esas posiciones y no correr el riesgo de con afirmaciones abramos un debate que es político”.
Por último le respondió a la senadora Lozano que “no hay en la Presidencia de la República, ni es el estilo del propio del presidente Gustavo Petro, una policía política persiguiendo a nadie”.