´Hay sistematicidad en el asesinato de los líderes sociales´: FISCAL GENERAL
No obstante, el Fiscal General indicó que la situación que se presenta no es “como el que existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que sí se puede hablar de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales, teniendo en cuenta que la mitad de las víctimas son miembros de Juntas de Acción Comunal o líderes comunales.
“Una teoría que podría constituirse de sistematicidad pasiva, habría que decir que la mayor afectación se produce en relación con miembros de juntas de acción comunal y esa afectación la producen a ellos particularmente organizaciones criminales como los grupos residuales, el ELN, el Clan del Golfo -que es la organización criminal que más está afectando en el territorio a nuestros líderes sociales- y los Caparrapos”.
Según el fiscal, “en ese ejercicio que hace permanentemente el Estado por descubrir sistematicidad tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios y pasiva desde el punto de vista del 50 % de la afectación de víctimas, pero no existe como en los años 80 una sistematicidad que pueda involucrar agentes del Estado”.
Néstor Humberto Martínez fue enfático en asegurar que en Colombia no hay impunidad frente a los victimarios y dijo que de los 238 asesinatos de líderes sociales que registra la ONU desde el 2016, el 53 % de los casos se ha esclarecido.
Aseguró que es necesaria una mayor disponibilidad de jueces en las regiones más afectadas y dijo que “el esclarecimiento de autoría no se contrae a la autoría material, no se trata simplemente de judicializar a los sicarios, estamos judicializando a los autores intelectuales de estos crímenes”.
“En un 65 % de los casos, los homicidios se deben a organizaciones criminales, entonces, en ese ejercicio que hace permanentemente el Estado por descubrir sistematicidad, tenemos que decir que hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios”, dijo el fiscal.
Martínez agregó que a diferencia de los asesinatos sistemáticos que se presentaron en la década de los años 80’, en esta oportunidad no están involucrados agentes del Estado.
El fiscal señaló que el esclarecimiento de los crímenes no se está enfocando solo a los autores materiales de los asesinatos, sino que también se está judicializando a los autores intelectuales de estos crímenes.
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía, desde el 2016 hasta el 2018 han sido asesinados 231 líderes sociales. Los más afectados son los miembros de la Juntas de Acción Comunal (JACs). Según la entidad, en lo corrido del 2019 van 7 líderes asesinados.
REINGENIERÍA A PROTECCIÓN DE LÍDERES SOCIALES
La ministra del ramo, Nancy Patricia Gutiérrez, a la que asistieron el ministro de Defensa, Guillermo Botero; el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, y representantes de plataformas de derechos humanos, con el fin de armonizar acciones que eviten las amenazas y ataques a líderes y defensores de derechos humanos en el territorio.
La ministra Gutiérrez explicó que “básicamente es la preocupación del Estado por el fenómeno de ataques, violación a los derechos humanos de los líderes sociales. Es una preocupación del Estado y estamos por lo tanto generando toda una armonización de acciones a fin de poder dar resultados concretos en el territorio”.
Añadió que “en el mes de enero arrancaría el trabajo para la formulación de la política integral, la revisión de toda la política integral de protección a líderes, solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación desde cuando se firmó el pacto de Apartadó y ya hay un cronograma de trabajo a partir de la próxima semana. De igual manera que antes de terminar el mes de enero se harían las visitas al territorio, se empezaron en el mes de diciembre”.
Antioquia, Córdoba, Chocó, Bolívar, Valle del Cauca y Catatumbo serán las regiones con las que inicia el cronograma de enero para evaluar en terreno las situaciones concretas de seguridad, para defensores de derechos humanos y líderes sociales en general que promueven la restitución de tierras, están favor del proceso de sustitución de cultivos ilícitos, en contra de la minería así como integrantes de juntas de acción comunal.
La Ministra del Interior dijo que “la próxima semana estaremos en el Bajo Cauca antioqueño para continuar las acciones que ya han tenido lugar en departamentos como Nariño y Norte de Santander y mejorar la articulación del Estado y las entidades territoriales para proteger a nuestros líderes”.
Añadió que “desde la primera sesión del Plan de Acción Oportuna (PAO) acordamos que la Defensoría, la Fiscalía y el Gobierno trabajarían de la mano con ONU en Colombia para revisar el registro de asesinatos de líderes. Ya estamos en ello”.
Precisamente en dicho encuentro preparatorio de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, se dio un informe de todas las acciones que se han hecho desde el PAO, cuya primera reunión se llevó a cabo el 20 de diciembre.
Finalmente, la ministra Gutiérrez anunció que “esperamos a comienzos del mes de febrero entregarle al presidente Iván Duque un reporte de todas las acciones realizadas y lograr conjurar este problema que nos duele y nos atañe a todos”.
INFORME
En la reunión preparatoria de la Comisión Nacional de Garantías el fiscal general, Néstor Martínez, presentó un informe que registra 231 asesinatos de líderes sociales desde 2016 y con corte al 31 de diciembre de 2018, cifra certificada por las Naciones Unidas.
El estudio indica un avance del 54,55% en el esclarecimiento de los homicidios y aún se encuentran 50 asesinatos en fase de verificación de las Naciones Unidas. Añade que hay 126 investigaciones en curso, con 294 personas vinculadas y 189 personas capturadas o privadas de la libertad.
El 85% de los casos con 197 víctimas fueron hombres, 28 mujeres y seis integrantes de la comunidad LGBT.
Agrega el informe de la Fiscalía que el 37% de las víctimas eran miembros de juntas de acción comunal, mientras que líderes comunitarios corresponden al 24%, indígenas 13% y campesinos el 10%; también hay líderes sindicales, políticos, de organizaciones de víctimas, de afrodescendiente y de población LGBT.
Antioquia es el departamento más afectado por crímenes de líderes sociales con el 16% de los casos, seguido por Cauca con el 13%, Norte de Santander con el 11%, Valle del Cauca con el 6% y Nariño con el 5%.
El 67% de los casos se registra en zonas rurales y los municipios con el mayor número de asesinatos son Tumaco en Nariño, Cúcuta y Tibú en Norte de Santander, Corinto en Cauca y ciudades capitales como, Medellín y Bogotá.
La Fiscalía llama la atención en el reporte que de los 86 homicidios ocurridos en 2018, 50 ocurrieron en 37 municipios donde no se había presentado un asesinato a líderes sociales.
De los casos que ya fueron esclarecidos el estudio determina que en el 35% de los casos particulares son los responsables sin vínculos con una organización criminal determinada. El 25% son bandas de delincuencia común, el 10% de los casos el Clan del Golfo, el 9% disidencias de las Farc y el 7% el Eln.
Sin embargo, de los 126 homicidios esclarecidos, se identificaron autores intelectuales en 31 de los casos correspondientes al 24,6%, donde el Clan del Golfo es el principal autor, seguidos de la guerrilla del Eln y las bandas criminales.
DENUNCIA LA DEFENSORÍA: Cada 48 horas mataron a un defensor de DD.HH.
En promedio, cada 48 horas del 2018 fue asesinada una persona que trabajaba por los derechos humanos o era líder social.
La labor en terreno de la Defensoría del Pueblo permitió establecer que en el 2018 ocurrieron 172 homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo convocará, para el próximo 21 de febrero en Bogotá, una Audiencia Defensorial en la que se hará la actualización de los escenarios de riesgo que enfrentan estos activistas y se revisará la respuesta del Estado y el Gobierno en la protección de la vida de los líderes sociales, así como en el cumplimiento de las acciones preventivas para detener la violencia de la que son víctimas desde hace varios años.
El objetivo es impulsar, de manera determinante, la protección de los derechos de quienes representan a las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos.
“Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades; y esto viene sucediendo desde el mes de marzo del 2017. Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los DD. HH.: eso es lo que ha sucedido”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.
En el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, también se encontró que de los crímenes ocurridos en 27 departamentos, se cometieron más en Cauca (35); Antioquia (24); Norte de Santander (18); Valle del Cauca (14); Caquetá (11); Putumayo (11); Meta (10); Nariño (7); Chocó (6); Arauca (5) y Córdoba (5).
En cuanto a los municipios, los 30 con mayor número de homicidios corresponden igualmente a los departamentos con más altos niveles de ocurrencia de esta violación a los derechos humanos, entre ellos Corinto (Cauca), con 16 casos; Caloto(Cauca), con 13; Tumaco (Nariño), con 12, y Riosucio (Chocó), con nueve.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo verificó siete homicidios de líderes sociales en los primeros 8 días del año 2019, en Cauca (2), Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander.