Tribunal confirma condena a Gallardo

El Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, mantuvo firme la condena por la que el año pasado se envió a prisión al expresidente de la Cámara de Representantes Julio Eugenio Gallardo Archbold, quien fue congresista por San Andrés desde 1991 hasta 2018.

En concreto, los hechos se presentaron entre 2014 y 2015 cuando Gallardo buscó al abogado que luego se convirtió en el zar anticorrupción condenado por corrupción, Luis Gustavo Moreno. El entonces congresista quería torcer una investigación que la Corte Suprema de Justicia llevaba en su contra desde 2005, cuando fue presidente de la Cámara de Representantes, por peculado por apropiación.

Gallardo quería que su investigación terminara en preclusión, por lo que le entregó doscientos millones de pesos a Moreno para que los repartiera con el entonces magistrado José Leonidas Bustos, a quien la Corte Suprema, el alto tribunal que alguna vez presidió, le ordenó la captura en septiembre del año pasado por el escándalo del cartel de la toga, el mismo entramado de corrupción por el que Julio Gallardo fue condenado en dos instancias.

Moreno y Bustos le dieron instrucciones a Gallardo para que sustentara la preclusión ante los demás magistrados de la Sala de Casación Penal, donde el entonces magistrado Bustos lideraba el proceso. La estrategia resultó, en palabras del Tribunal Superior de Bogotá, «infructuosa», por lo que José Leonidas finalmente acusó a Gallardo.

El exrepresentante le exigió a Moreno el dinero de vuelta, algo que el exfiscal cumplió. Sin embargo, eso no le impidió a Luis Gustavo salpicar a Gallardo cuando, para conseguir beneficios jurídicos, empezó a delatar nombres de personas que participaron en todo el escándalo de corrupción judicial.

La Fiscalía le imputó a Julio Gallardo el delito de cohecho por dar u ofrecer en julio de 2019, pero el expresidente de la Cámara no aceptó los cargos. El 30 de junio del año pasado, el Juzgado 9 Penal del Circuito de Bogotá lo condenó a 63 meses de prisión, 88 salarios de multa y 96 meses de inhabilidad para ser servidor público.

La defensa de Gallardo apeló la decisión diciendo que el juzgado mantuvo «una clara parcialidad en contra del procesado». Además, mencionó, entre otros argumentos, que el testimonio de Moreno no podía ser creíble porque no describió circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se concretó la entrega de la plata.

Sin embargo, el Tribunal Superior recalcó que «la revelación realizada por Luis Gustavo Moreno Rivera, dada su coherencia y firmeza, es creíble». «Con su testimonio se demostró que se prestó para que el procesado entregara una fuerte suma de dinero a cambio de terminar, por vía de preclusión, el proceso No 2016, que le seguía en la Corte Suprema de Justicia», añadió el ente judicial.

Otra de las razones para defenderse, por parte de Gallardo y su abogado, fue que él no siguió las instrucciones que Bustos y Moreno le dieron para que su proceso pudiese alterarse de manera positiva. La respuesta del Tribunal fue que ese aspecto no importa ni para desvirtuar el delito imputado ni para tumbar el testimonio de Moreno.

José Leonidas Bustos, por su parte, negó haber participado en el cohecho por el que se condenó a Julio Gallardo. «Nunca subasté la función pública», dijo en una de las audiencias adelantadas durante el juicio. Pero el juzgado de primera instancia no consideró esa versión como algo confiable, y ese punto fue avalado por el tribunal en segunda.

Bustos se apartó del relato del caso de Gallardo en un interrogatorio. De acuerdo con el Tribunal de Bogotá, al ser el soborno del excongresista un hecho que comprometía la integridad del exmagistrado, «su declaración estaba marcada por un interés personal». Ello se puede inferir porque «existe una tendencia natural de las personas a no reconocer lo que les perjudica», como se lee en la providencia con fecha del 6 de septiembre.

«En conclusión, la valoración conjunta e integral de los medios de prueba, permite alcanzar el conocimiento, más allá de duda razonable, sobre la realización del delito de cohecho por dar y ofrecer y la responsabilidad del procesado quien entregó $200.000.000 a Moreno Rivera, para que un servidor público sustentara una decisión jurídica en su favor»./Colprensa