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Fiscal envía carta al Senado para salvar las objeciones

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Tal y como lo ha venido haciendo desde el día en que el presidente Iván Duque objetó seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, continúa fungiendo como jefe de debate de los reparos del primer mandatario en el Congreso.

En una carta al presidente del Congreso, Ernesto Macías, el fiscal Néstor Humberto Martínez expone los argumentos por los que cree que los reparos presentados por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP deben ser aprobados por el Senado.

Tal y como lo ha venido haciendo desde el día en que el presidente Iván Duque objetó seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, continúa fungiendo como jefe de debate de los reparos del primer mandatario en el Congreso. Esta vez, lo hizo mediante una carta enviada al senador Ernesto Macías, presidente del Congreso.

Martínez Neira insiste en la necesidad de que el Senado aprueba las objeciones a la JEP y asegura que los “delincuentes extraditables” serían los beneficiarios del artículo 153 de dicha norma, ya que permite que los llamados “terceros”, que estén aportando a la construcción de la verdad no puedan ser extraditados. Una disposición que hizo parte del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana y que busca asegurar los derechos de las víctimas a la verdad,al obligar a los victimarios a comparecer, primero, ante la justicia nacional.

Sin embargo, para el jefe del ente acusador, este artículo es inconveniente pues limitaría la cooperación judicial de Colombia con jurisdicciones internacionales. “La aceptación de esta objeción para nada es incompatible con el derecho de las víctimas a conocer la verdad de lo ocurrido”, sostiene Martínez, a la vez que reconoce que sería un desafió tecnológico que quienes sean extraditados contribuyan a la verdad.

“Es indiscutible que, tratándose de personas que lleguen a estar sometidas al régimen jurídico de la JEP, como investigados o responsables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, tienen la obligación de rendir las versiones que correspondan, aun habiendo sido extraditados, al tiempo que al Estado le compete asegurar que así se proceda en garantía de los derechos de las víctimas y de los fines de la justicia transicional”, expresa el fiscal.

El fiscal Martínez Neira también se refiere a la objeción respecto a un artículo que trata el tema de la lista de miembros de las Farc.  En ese sentido, insiste en la necesidad de que el Alto Comisionado para la Paz mantenga la competencia de excluir de la lista a quienes considere conveniente. Al respecto, senadores como Roy Barreras han señalo lo peligroso que puede resultar esto, ya que el Gobierno podría “sabotear” el proceso excluyendo a cualquiera y sin prueba alguna. Además, dichas listas ya fueron filtradas por el Gobierno y Naciones Unidas.

De otro lado el doctor Martínez Neira asegura que en los últimos cuatro años la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha excluido 383 personas que pertenecían al listado de las Farc.  “Debe resaltarse que 70 de esas personas alcanzaron a ser certificadas por el Gobierno Nacional como miembros de las Farc, pero posteriormente fueron excluidos, bien ante información sobrevinientes que desvirtuaba su pertenencia a la organización, o por solicitud expresa de las Farc”, agrega.

En tercer término, el fiscal general se refiere al artículo, también objetado por el presidente Duque, que limita la realización de pruebas o capturas por parte de la Fiscalía contra aquellos que se sometan a la JEP.  Al respecto, Martínez Neira considera que dicha disposición, en la práctica, significa la suspensión de las investigaciones en la justicia ordinaria. Posición que también ha sido desvirtuada por defensores del Acuerdo de Paz, quienes aseguran que las investigaciones pueden continuar, pero no obstruir la aplicación de justicia transicional, como ha ocurrido en el caso de Jesús Santrich, cuya captura se realizó por parte de la Fiscalía sin el aporte de pruebas.

“La sola posibilidad de que, a partir de la promulgación de la ley estatutaria, la Fiscalía tenga que certificar que han quedado materialmente suspendidas las investigaciones judiciales del conflicto armado, en momentos en los que  la JEP no ha asumido su formal conocimiento, nos obliga a solicitar del Senado la más profunda consideración en este punto”, añade Martínez Neira, no sin antes advertir que dado que el lunes serán votadas las objeciones, es el último llamado que hace para que los senadores las salven.

Finalmente, el jefe del ente acusador dedica unos párrafos al asunto de los máximos responsables. Un modelo que el Acuerdo de Paz concibió como principio de investigación para evitar ser inundado con los miles de casos, tal y como le ocurrió a Justicia y Paz, donde los paramilitares nunca cumplieron con la verdad, la justicia ni la reparación.  En este contexto, señala que su preocupación es que la JEP se limite a esos máximos responsables y no investigue ni juzgue a quienes tuvieron una participación determinante en los más graves crímenes.

“Como se advierte, nuestra glosas no han estado encaminadas a saturar la JEP para hacerla inoperante, pues la misma ley estatutaria prevé que los autores no determinantes de los delitos en cuestión también están obligados a comparecer ante esta jurisdicción, sino a impedir, hipotéticamente, que la Corte Penal Internacional pueda llegar a asumir competencia sobre ellos, lo que afectaría  la seguridad jurídica de los reinsertados que no gozan de la condición de máximos responsables”, concluye.