Miles de colombianos siguen en la zozobra por la violencia: CICR

Ninguna cifra logra revelar “el miedo, la zozobra, la desesperación” que viven miles de colombianos en varias regiones del país, aseguró este martes Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al presentar los datos de la violencia desatada en el primer semestre del año en el país, producto de siete conflictos armados internos.

Aunque algunos de los datos revelados por el Comité hoy son preocupantes, lo que es evidente es que las cifras en algunos de estos actos violentos bajaron en comparación con los primeros seis meses de 2022, planteó el mismo Caraffi.

Para el Comité este es el “resultado de los siete conflictos armados no internacionales que hay actualmente en Colombia, de acuerdo con la clasificación jurídica que realiza el CICR con base en los criterios del derecho internacional humanitario (DIH)”.

“Comparado con las cifras del primer semestre del 2022, el número de víctimas directas registradas de algunas consecuencias humanitarias disminuyó, lo que representa un cambio de tendencia comparado con lo que venimos observando en los últimos años”, precisó el delegado del CICR.

Sin embargo, pidió mirar los datos en términos territoriales, dada la concentración de la mayoría de esos actos en un número reducido de departamentos, así como los tipos de violencias que se ejecutan en cada uno de esos territorios, que también son cambiantes.

“La reducción de las cifras de las consecuencias humanitarias en algunos aspectos es realmente positivo en el primer semestre del 2023, pero esas cifras nacionales tienen también que ser observadas desde el punto de vista territorial; cómo las afectaciones en cada territorio pueden variar mucho, así como varían las dinámicas conflictivas en cada territorio”, aseveró el jefe de la delegación De la Cruz Roja Internacional.

Según el CICR entre enero y junio se reportaron 162 víctimas de artefactos explosivos, 27 de ese total fallecieron, a consecuencia de “minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada”.

Los datos revelan una disminución del 42% en comparación con el mismo periodo de 2022, según el reporte del CICR.

Los mayores afectados con el uso indiscriminado de esos artefactos fueron los civiles con 86 víctimas (siete de ellos menores de edad), seguidos de integrantes de la fuerza pública con 70 casos y de miembros de grupos armados ilegales con seis hechos.

Nariño y Norte de Santander fueron los departamentos con más afectados, con 38 víctimas cada uno, seguido de Antioquia con 34, Cauca con 18, Chocó con 13, Bolívar y Putumayo con 7, Arauca con tres, Caquetá y Huila con dos.

En cuanto a los desplazamientos, en el periodo analizado fueron afectadas un total de 34.212 personas de manera individual y 26.915 más de forma masiva. Los departamentos de Nariño y del Valle del Cauca concentraron la mayor parte de los desarraigos tanto masivos (60% y 17%, respectivamente) como individuales (14% en ambos).

Mientras que el confinamiento en el primer semestre afectó a 22.755 personas y fue una de las cifras que aumentó en comparación con el año anterior.

“El número de víctimas de confinamiento ha aumentado en un 18%, si comparamos el primer semestre de este año con el mismo periodo del año pasado”, advirtió Caraffi.

Chocó con el 57,2% de los casos fue el departamento donde los grupos armados ilegales ejercieron mayormente este tipo de acción violenta, seguido de Valle del Cauca con el 14,5%.

En cuanto a la desaparición, se reportaron en el primer semestre del año 54 casos en todo el país, al menos 34 de ellos en adultos y 20 en menores de edad. Del total, 48 eran civiles y los restantes seis eran integrantes de la fuerza pública o de los mismos grupos armados ilegales.

“Los hechos se reportaron en 13 departamentos del país, de los que el 67% se registró en Arauca, Cauca, Chocó y Nariño”, subrayó el reporte divulgado hoy por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Finalmente, los ataques contra las misiones médicas alcanzaron las 124 agresiones, cuyas principales víctimas fueron el personal de salud, las instalaciones y los vehículos sanitarios, en acciones concertadas en diez departamentos.

“En general, estas cifras, estos indicadores de consecuencias humanitarias, a pesar que evidencian la difícil situaciones en la que viven las comunidades en varias partes del territorio de colombiano no logra reflejar completamente el miedo, la zozobra, a desesperación que los conflictos armados continúan generando en varia parte del país”, expresó Caraffi.

El CICR en su reporte evitó mencionar a los grupos armados ilegales que ejercen este tipo de violencias, pero sí les pidió respeto por las comunidades y que en el marco de los acercamientos de paz con el gobierno se comprometan a dejar por fuera de sus ataques a la población civil.