Hasta el momento, la Jurisdicción Especial para la Paz ha imputado a 59 máximos responsables y tres partícipes no determinantes, gracias al establecimiento de patrones macrocriminales que se presentaron en varios casos ilustrativos a nivel regional.
Esos patrones establecen cómo el Ejército estigmatizó a parte de la población, recibió presiones por parte de superiores y estableció las bajas en combate como un indicador de qué tanto se estaba ganando la guerra. Además, seleccionó a personas vulnerables, que podían ir desde habitantes de calle hasta jóvenes buscando empleo.
Con la idea de esclarecer si los patrones se replicaron a gran escala, a nivel nacional, “no se atribuirá responsabilidades a altos mandos militares basándose única y exclusivamente en su jerarquía o posición de mando”, explicó el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de Verdad. Lo que se busca es que cada imputación que venga en ese sentido “esté debidamente sustentada con la evidencia judicial sobre su participación directa o indirecta, activa u omisiva”.
Entones, la Sala tomará casos ilustrativos en regiones que anteriormente no fueron priorizadas, y establecerá de qué manera participaron los mandos militares, qué tan emblemáticos pudieron ser esos sucesos y cómo se puede determinar que hubo sistematicidad a nivel nacional.
Para ello se investigarán crímenes desde 2005 hasta 2008, debido a que fue el período de mayor ocurrencia. Además, en ese intervalo de tiempo “se tomaron decisiones de estrategia militar que habrían incidido en la dinámica de victimización” y, en esa misma línea, “con posterioridad al 2005 se habría consolidado el patrón criminal de asesinatos y desapariciones forzadas motivados por la presión de resultados”.
Para definir responsabilidad serán llamados no solo militares, como el general retirado Mario Montoya, quien, según declaraciones de militares implicados en ‘falsos positivos’, pedía “carrotancados de sangre”, sino también agentes del Estado en calidad de testigos. En la lista se encuentran los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quienes, en todo caso, no deben asistir como comparecientes obligatorios, pues la JEP no tiene competencia sobre ellos. /Colprensa