Salvación de Emdupar está en manos de sus trabajadores
Luego de tres meses de su intervención, la Superintendencia de Servicios Públicos, entregó un diagnóstico sobre la situación administrativa y operaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar, Emdupar, entidad que consideran se convirtió en la ‘caja menor’ de intereses personales y cuyo destino, está en manos de sus trabajadores, a quienes piden renegociar la contratación colectiva, por los beneficios ‘irrisorios’ que reciben en comparación a la capacidad de recaudo.
¿Liquidación? ¿salvación?, son las interrogantes que la comunidad vallenata espera despejar y cuya decisión se conocerá la primera semana de julio, luego de la radiografía entregada por el equipo encargado de diagnosticar la empresa.
Ayer se llevó cabo una audiencia pública en la que participaron líderes comunales, funcionarios de la administración local y comunidad en general, ante quienes la Superservicios reiteró, que Emdupar está en crisis financiera aguda, se volvió en la caja menor de intereses personales y politiqueros, que la mantienen en la actualidad al borde la liquidación, ya que se perdió la cadena de valor y el arraigo como patrimonio.
NO ALCANZA LA PLATA
Dagoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos, informó que el objetivo no es liquidar la empresa, sino salvarla, proceso que continuará 2 de julio, cuando se anuncie la decisión luego del diagnóstico definitivo.
“La situación es grave, principalmente en el área de recurso humano. Se ha contratado más del personal que se necesita y las convecciones colectivas con muy permisiva, el 57 % de los ingresos se dedican a la parte laboral y por eso no alcanza la plata para hacer inversiones.
Es una empresa desactualizada en redes de suministro y tecnología para operar, incluso se han hecho recolecciones tarifarias para inversión y no se han hecho por pagar salarios. Hemos venido conversando con los trabajadores y han manifestado su voluntad, hay tres pliegos de peticiones presentados por ellos, y así entraremos a negociar esperando la mejor decisión”.
Asimismo, Hugo Pacheco, asesor de despacho de la Superservicios, indicó que el factor salarial está en $2.500 millones, lo cual es un ‘desangre’, para la empresa. “Entendemos las luchas sindicales, pero tienen que estar sobre las bases de las realidades que viven las instituciones”.Emdupar registra pérdidas por 50,6%, “pero nos hemos dado cuenta que no tienen cómo medir esa eficiencia del sistema, el agua en Valledupar no tiene macromedición, no tiene sectorización, ni modelación, no hemos entendido cómo sacaban esos indicadores de eficiencia del sistema, suponemos que a través de la experiencia del jefe de operación con datos históricos”.
En cuanto a la cartera de morosidad, la empresa la registra muy alta y está en 92 % de los usuarios, hay un 20 % de déficit de recaudo. En el año 2014, eran $46.000 millones, y a fecha de 2023 , la cifra es de $89.000 millones, es decir, un tema crítico. Uno de los barrios con mayor morosidad en Valledupar es La Nevada, donde los usuarios deben 7 mil 700 millones de pesos.
“La gente no paga, para nadie es un secreto que hay familias con recursos y posibilidades económicas y tienen bajo la clandestinidad el servicio de agua, hay zonas donde se nutren como si fueran un estrato 1 y son estrato 6 y eso no está bien”, aseguró.
En cuanto a las telecomunicaciones, hay un rezago, aún se manejan datos en Excel. Al referirse a las lagunas de oxidación para el tratamiento de aguas residuales no pueden seguir tomando en cuenta que a nivel mundial la oxidación de agua ya es inteligente y se puede hacer a través de un centro de control, “en Valledupar estamos años luz de estar con un centro de control inteligente que nos permita controlar y monitorear toda la empresa. Esta es una compañía autosostenible y tiene todas las condiciones para ser una potencia en términos tecnológicos, porque la producción del agua no es tan alta y eso hace que todo pueda funcionar, además tienen el mayor de ellos potenciales, el río Guatapurí”, dijo.
Emdupar fue intervenida por la Superintendencia en marzo de 2023, al no contar con liquidez suficiente para cumplir con sus obligaciones. En ese momento, su cartera superaba los $80.000 millones, y tenía deudas cercanas a los $30.000 millones. Igualmente, la empresa registraba deficiencias en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado causadas por el rezago de las inversiones, además de no tener la capacidad financiera para cumplir sus compromisos laborales, jurídicos y administrativos.