Diócesis niega escándalo y denuncias de tipo sexual
Preocupada; así se encuentra la Diócesis de Valledupar luego de conocer la investigación del periódico El País de España, el cual afirma que comunidades laicas de la iglesia católica, practicarían sexo entre hombres y mujeres. El acto, sería permitido entre ellos. La información, al parecer involucra a miembros de la sede católica de Valledupar; por lo que la autoridad vallenata a través de un comunicado de prensa, desmintió el hecho de que en la ciudad se esté presentando esta doctrina.
La comunidad involucrada en este bochornoso hecho es conocida como el seminario ‘Pueblo de Dios’; quienes hicieron presencia en la capital cesarense en 1990 por el aval del entonces obispo José Agustín Valbuena.
Sin embargo, en el 2017 el vaticano suprimió esta colectividad bajo el argumento de que se encontraban promulgando la aceptación de una doble vida, explicó el canciller de la Diócesis de Valledupar, párroco Carlos Enrique Imbretch Escandón.
“Al momento de que la arquidiócesis de España decidió suprimir este seminario, el Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Vic (Barcelona), empezó las debidas investigaciones con respecto a estos actos doctrinales; aunque no se conocen cuáles son los puntos indagados”, dijo el sacerdote.
Según el escrito, hasta el momento, 17 miembros de la iglesia católica a nivel mundial serían los sospechosos de evadir las normas impartidas por el Vaticano, a los cuales se les habría prohibido oficiar misas.
Subraya que, la mención de Valledupar en el informe habría sido con el fin de corroborar de que en algún momento, la comunidad realizó servicios en la capital del departamento.
Imbretch Escandón, confirmó la presencia de estos miembros pero sostuvo que, los mismos, solo estarían ejerciendo “una misión de enseñar a interpretar la biblia y la parte litúrgica. Estuvieron en plena comunión con la iglesia. Aquí nunca se ha presentado ni escándalo ni denuncias de tipo sexual, solo están haciendo las investigaciones”.
Dos sacerdotes: un español y un vallenato; y cinco laicos españoles, de la comunidad ‘Pueblo de Dios’, entre hombres y mujeres; serían los acentuados en Valledupar. Actualmente los párrocos, siguen impartiendo eucaristías en las parroquias en las que se ordenaron.
El canciller de la Diócesis, dejó claro que el único seminario que se encuentra en la ciudad autorizado por las comunidades eclesiásticas es el ‘Juan Pablo II’, encargado de la formación sacerdotal.
‘NO QUEREMOS CAUSAR MIEDO EN LOS FELIGRESES’
Debido al revuelo que ha suscitado esta investigación y las posibles ‘tergiversaciones’ de información que según miembros de la iglesia, han surgido de este panorama; la Diócesis de Valledupar emitió una misiva para aclarar los “malos entendidos”.
En el inciso seis del comunicado, sostienen que en Valledupar “nunca hubo ninguna acusación o sospecha de cualquier comportamiento indebido en el orden moral o de violación del celibato sacerdotal de ninguno de los miembros de la Asociación Seminario del Pueblo de Dios”.
Seguidamente, explican que ninguno de los adscritos a la comunidad “se apartó de la palabra o por escrito, de la fidelidad de la doctrina católica” y por el contrario, esperan los resultados de las investigaciones para “proceder a un pronunciamiento y definición de cualquier tipo de responsabilidad personal, así como de la respectiva sanción, si hubiera lugar”.
“DIFAMACIONES AFECTAN LA RECONVERSIÓN CRISTIANA”
El padre Carlos Imbretch agregó que estas “difamaciones”, afectan la reconversión cristiana, una de las tareas con las que se concluye la Semana Mayor.
Tiene la plena seguridad de los trabajos de la iglesia católica; “la Diócesis de Valledupar conoce lo que se realiza en la ciudad”, compromiso que afirma, se vio reflejado durante la celebración de la Semana Santa.
Afirmó que un sinnúmero de personas participaron de las procesiones, eucarísticas y actividades que realizaron los templos en el departamento; en algunos, con visitas de hasta aproximadamente “3.000 personas diarias”.
EL SUCESO
El informe dice que el SeminariPoble de Déu (SPD), fundado en 1977 por el seglar Francesc Casanovas Martí y aprobada ese año por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Narcís Jubany es el que se encuentra en medio del escándalo.
Se trata de una experiencia de vida comunitaria mixta cercana a las ideas new age y que se basaba en la investigación de la relación entre hombre y mujer. Duró 40 años.
Hasta el 15 de abril de 2017, cuando el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, firmó el decreto de disolución del grupo.
El Vaticano solicitó una investigación y obligó a juzgar a 17 sacerdotes y a dos laicas implicados por prácticas sectarias y presuntas relaciones sexuales entre hombres y mujeres con ramificaciones en, al menos, cinco diócesis: Barcelona, Vic, Tarragona, Lleida y Seud’Urgell.
APARTADOS DE LA IGLESIA TEMPORALMENTE
El tribunal canónico de Vic, de donde partió la denuncia, ha suspendido a los 17 curas de forma cautelar, según confirma el obispado a este periódico, hasta que termine el proceso.
No hay un precedente así en número de sacerdotes implicados en un caso canónico en España. Según fuentes de la instrucción del caso, la investigación ha detectado anomalías de “teorías pseudomísticas”, término con que los órganos de vigilancia del Vaticano se refieren a prácticas sectarias, y llegaban a permitir la práctica de sexo sin considerarlo pecado.
El obispado de Vic, a preguntas de este periódico, resume: “Los miembros habrían compartido unas teorías y conductas presumiblemente de carácter pseudomístico, fruto de las ideas extravagantes inculcadas por su fundador”.
EL COMIENZO DE LA POLÉMICA
El caso comenzó en julio de 2013, cuando el obispo de Vic, Roma Casanova, después de años recibiendo información comprometida sobre una asociación que conocían todos, decidió abrir una investigación. Las anomalías descubiertas derivaron en un intento de corrección que fracasó.
El informe realizado por el visitador diocesano Germán Arana y las pruebas encontradas fueron aportados a la Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano del Vaticano que vela por el cumplimiento de la doctrina, que autorizó la disolución y solicitó el juicio en Vic. Había elementos para considerar que se había alterado “gravemente” la doctrina.
Desde la Santa Sede, donde este caso preocupa desde hace años, se supervisará la proporcionalidad de la pena, si llegase, y se pilotaría el recurso.