Clínica Laura Daniela busca ser reconocida como víctima

Hasta el Tribunal Superior de la Judicatura de Valledupar fue a dar la solicitud que el apoderado de la Clínica Laura Daniela realizó a la justicia, para ser reconocida como una de las víctimas del proceso judicial que se adelanta contra cinco personas sindicadas de comercializar de manera fraudulenta el medicamento Survanta, aplicado a varios neonatos que fallecieron entre el 2016 y el 2017 en ese centro asistencial.

La petición se efectuó en medio de la audiencia preparatoria citada la semana pasada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar con Funciones de Conocimiento, en contra de Lester José Turbay Montenegro, Said Moreno Pérez, France Lozano Sepúlveda,Osmani Ricardo Córdoba Vega y Aroldo Daza Durán, quien fungía como jefe compras y dispositivos médicos de la Clínica.

Sin embargo, la vista pública no pudo concretarse pese a que fue instalada, dado el rechazo que causó esa solicitud tanto a la Fiscalía 18 Seccional adscrita a la unidad de delitos contra el patrimonio económico, encargada de la investigación, como de las demás partes procesales intervinientes: la bancada defensora, Ministerio Público, y la representación de las víctimas que fueron concedidas a las madres de los bebés y a laboratorios AbbVie, que es la única empresa autorizada en Colombia para el suministro y comercialización del producto.

LOS ARGUMENTOS DE LA CLÍNICA

Según lo dicho por el jurista del centro asistencial, las empresas FarmaPos S.A.S y VC medical, hoy involucradas en el escandaloso caso, aparentemente les proporcionaron decenas de dosis de Survanta por medio de los representantes legales de ambas distribuidoras, valiéndose del desconocimiento del origen de los mismos y la buena fe del centro asistencial.

“La misma clínica a través de su gerente el día 28 de enero del 2017 presentó una denuncia penal que expone a los proveedores de ese medicamento, FarmaPos S.A.S. y VC Medical, a la que se le dio un número de noticia criminal en el SPOA. Es decir que desde hace dos años, la clínica puso en conocimiento la situación para que fuera investigada por la Fiscalía. La clínica es la más interesada en que se determine si eran o no irregulares, porque basada en el principio de buena fe, lo que se compra son medicamentos idóneos o regulares”, dijo a este medio de comunicación uno de los abogados de la Clínica Laura Daniela.

¿CUAL ES LA OBJECIÓN?

Sin embargo, según la conclusión a la que llegaron las demás partes, el establecimiento busca endilgarle toda la responsabilidad de la adquisición del medicamento irregular que aparentemente fue aplicado en los neonatos que fallecieron después de haberlas recibido, a Aroldo Daza, quien fue su empleado hasta octubre del 2016, al señalar que dicho fraude nunca fue de conocimiento de la comisión técnica de la entidad, lo cual presuntamente, representa la violación a su propio reglamento interno.

“Es cierto que la Clínica Laura Daniela falló en sus procedimientos internos y hay una máxima en la ley que dice que nadie puede alegar su propia culpa. Se le olvida por lo menos que cuando todos los medicamentos llegan a una clínica tienen una recepción técnica en la que se determina quién es el proveedor, en qué condiciones llega el producto, entre otras cosas; y en temas de medicamentos esta responsabilidad es solidaria entre el que los fabrica, el que los almacena, el que los suministra y el que los adquiere”, dijo en su intervención el procurador 227 Primero Penal de Valledupar, José Javier González.

También afirmó que dentro del esquema trazado por la Laura Daniela, ‘es imposible pensar que una sola persona de la entidad pueda tomar decisiones de a quien se le compra fármacos y a quien no’, dado que todo ello se realiza a través de un proceso administrativo.

“En una investigación realizada por la Supersalud se pudo establecer que pese a que la Clínica tenía definidas algunas especificaciones técnicas y administrativas frente a la adquisición y recepción de medicamentos, no se sujetó a sus propios manuales, incumplió los reglamentos y protocolos que ella misma diseñó y a raíz de eso, fue objeto de sanciones”, acotó.

‘LA GERENTE DE LA CLÍNICA TAMBIÉN ESTÁ VINCULADA’

Finalmente, el abogado a cargo de los intereses de Aroldo Daza aseveró que la petición de la clínica se traduce en una estrategia de defensa para evitar que la gerente, María Paulina Martínez, termine siendo llamada para presentarse ante el estrado como sindicada del proceso, al figurar como denunciante y atribuirse la calidad de víctima.

“Acá la Fiscalía no ha mencionado un punto esencial: que la gerente de la clínica está vinculada en este proceso, fue escuchada en interrogatorio y por tanto fue indiciada, y debería estar sentada aquí o por lo menos ser objeto de una ruptura de unidad procesal para que se siga contra ella (el proceso) en otra investigación”, afirmó el jurista.

Dadas las razones antes expuestas y otros argumentos dichos durante la audiencia, el juzgado decidió no otorgarle el reconocimiento en calidad de víctimas al centro asistencial. No obstante, dicha postura fue objetada por su representante y por ello se está a la espera del pronunciamiento final del Tribunal Superior de la Judicatura, quien determinará bajo qué condiciones tendrá participación la entidad en el proceso en curso.

Cabe recordar que por el caso hasta el momento, solo se ha imputado a los cinco mencionados, por los delitos de usurpación de derechos de propiedad industrial en concurso heterogéneo con imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; a excepción de Daza Durán, que solo es acusado por el segundo cargo. En todos los casos, ninguno se allanó.

Entre tanto, una vez se conozca el fallo del tribunal, se asignará fecha para la realización de la audiencia preparatoria ya que esta no llegó a término.

LAS SANCIONES

A la fecha y desde que salió a la luz pública la muerte de los 16 neonatos que fallecieron entre junio de 2016 y en enero del 2017, luego de recibir las dosis del surfactante pulmonar que ayuda al desarrollo de estos órganos en bebés prematuros, la Clínica Laura Daniela ha recibido tres millonarias sanciones que ascienden a más de $1.400 millones, derivadas de las diferentes investigaciones realizadas a raíz de los hallazgos de los medicamentos adulterados.

“Me parece que sería una burla para la sociedad y para la justicia que hoy la Clínica Laura Daniela pretenda constituirse como víctima cuando hay múltiples sanciones que dicen que ellos incurrían en faltas graves en la compra, almacenamiento y suministro del medicamento a los menores. Una por la Supersalud, donde claramente se exponen todas las irregularidades;otra del Invima, que también indica que el medicamento no podía aplicarse a seres vivos y aun así lo hicieron; y la de la Secretaria de Salud Departamental. De manera descabellada quieren echarle toda la culpa al regente de farmacia, diciendo que era la única persona que autorizaba, compraba y cancelaba el dinero, desconociendo sus mismos protocolos, que dicen que deben tener un comité de compra, que es encabezada por la gerente de la Clínica, quien es la realmente responsable”, dijo el representante de varias de las madres, el abogado Luis Eduardo Avendaño.

Precisamente, la resolución número 002672 del 21 de noviembre del 2017 que expone los resultados de la investigación administrativa realizada por la Superintendencia Nacional de Salud contra el centro médico, revela que el equipo auditor encargado de esa tarea observó fallas muy graves, como que la Clínica realizó compras a VC Medical durante dos años, pese a que era un proveedor con el que no mantenía una relación comercial estable ni contaba con habilitación por parte de la Secretaría Departamental del Cesar.

“Se observó un incremento en las compras realizadas a VC Medical del año 2015 al 2016 del 924 %, dado que en el primero, la clínica compró $70.954.634 y pasó a comprar en el siguiente $726.312.727, de un total de $17.146.718.408, sin generarse ningún tipo de alarma pese a tener un contrato debidamente estructurado con DIMEDI S.A.S.”, dice el escrito.