Diario del Cesar
Defiende la región

Por un nuevo Programa de Alimentación Escolar

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Todo lo que se ha conocido alrededor del Programa de Alimentación Escolar en muchos departamentos y municipios del país da asco. La manera como se robaron millonarios recursos destinados para darle de comer a los niños estudiantes ha motivado al Estado a reformular esta política de tal manera que quede blindada de las garras de la corrupción.

El Cesar no escapó a esa banda de calanchines que vieron en el Plan de Alimentación Escolar (PAE), la oportunidad de llenar sus bolsillos.

Los corruptos no han querido entender que el programa mediante el cual se ofrecen desayunos, refrigerios y almuerzos a más de cinco millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos, a un costo billonario cada año, es sagrado. Sus artimañas y sofisticadas redes para robar no pueden volver a tocar esos recursos.

Como se sabe, el PAE terminó siendo uno de los principales blancos de la politiquería, la corrupción y las redes de contratación, que se apoderaron de cuantiosas sumas, sin importar que por ello una gran cantidad de estudiantes se quedaran sin alimentos a diario o, peor aún, recibieran comida en estado de descomposición o en cantidades ínfimas e indignantes.

Los últimos informes de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría dieron cuenta de una ingente cantidad de recursos que se perdieron en gobernaciones y alcaldías, al tiempo que no pocos funcionarios de administraciones departamentales, municipales y contratistas privados se encuentran investigados o tras las rejas por trampas en el presupuesto para alimentar a los estudiantes de estratos bajos y medios.

La cuestión llegó a tal punto que en determinado momento fueron los propios mandatarios seccionales y locales los que propusieron que se les quitara esa responsabilidad y que la asumiera directamente algún ministerio como el de Educación o Bienestar Familiar. Incluso la semana pasada propusieron un nuevo modelo de funcionamiento.

Sin embargo, como se dijo, pese a todos los correctivos que se han aplicado en los últimos años, las anomalías persistieron, a tal punto que las mallas de contratistas que se adueñaron de este programa terminaron escondiéndose tras una gran cantidad de empresas de fachada, con el fin de esquivar las sanciones e inhabilidades.

Para darle duro a los corruptos que se roban la plata del PAE se requiere que la Superintendencia de Industria y Comercio, así como las de Salud y Sociedades, creen un grupo interdisciplinario para detectar las mallas empresariales que acuden a todo tipo de anomalías para quedarse con los contratos del PAE, sobre todo en prácticas de colusión y afectación de la libre competencia. Ahora que, en medio de la cruzada anticorrupción, se está hablando de prohibir que las empresas y personas naturales que paguen sobornos o defrauden al Estado puedan volver a negociar con el Estado, esta misión de vigilancia se vuelve más crucial aún.

Además, es necesario que los profesores, personeros, padres de familia, veedores ciudadanos y funcionarios municipales tengan un papel más activo en esta labor de control, inspeccionando permanentemente lo que pasa en las escuelas y colegios al respecto. Bien lo advertía tiempo atrás un gobernador, si se hace in situ un seguimiento al detalle de la calidad y cantidad de los alimentos, su valor nutricional y el costo referencia de los mismos, será muy difícil que los concesionarios tramposos puedan perpetrar sus maniobras fraudulentas.

No puede haber, entonces, lugar a errores en las nuevas reglas del juego del gobierno Duque con el PAE. Como dijera el excontralor Edgardo Maya Villazón: la “robadera” debe acabarse.