Acuerdo entre Colombia y EE.UU. buscarán erradicar la corrupción en La Picota
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, junto a Brian Harris, director de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley, INL de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, suscribieron un acuerdo de colaboración para la investigación y prevención de casos de corrupción de servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec.
“Quisiera resaltar que a pesar del giro político que ha supuesto este nuevo Gobierno de cambio y de esperanza para los colombianos, nuestra relación internacional continúa. Fruto de eso hoy estamos firmando este acuerdo operativo, concreto, para erradicar de una vez para siempre ese problema tan grave que tenemos en el centro penitenciario de ‘La Picota’. Es un problema de mucho tiempo, crónico, con algún episodio reciente que nos avergüenza a todos», aseguró el ministro de Justicia.
En palabras del director de la INL, Brian Harris, el problema de la corrupción es mucho más grave porque están implicados funcionarios que tienen un deber con los ciudadanos: “Los criminales nunca descansan, ellos atentan contra la seguridad a diario, se transforman y buscan estrategias para cumplir a toda costa con sus fechorías», insistió Harris, tras anunciar la participación de aliados estratégicos para demoler los hilos de la delincuencia en el pabellón de extraditables de ‘La Picota’.
Son múltiples los escándalos que se han presentado en los últimos meses en el centro penitenciario en Bogotá, entre los que se destacan la fuga de ‘Matamba’, con presunta complicidad de los guardianes del Inpec; las salidas del empresario Carlos Mattos; la fuga de Deimer Sánchez Montejo, alias ‘Meme’, entre otros.
Sin embargo, la fiesta más reciente autorizada por la dirección de la cárcel, donde se incautaron 184 botellas de licor, más de 100 celulares, dinero en efectivo y hasta conjunto vallenato dentro del centro carcelario, que terminó en investigación de dragoneantes del penal y destituciones del director, fue la gota que rebosó el vaso.
ACUERDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Como parte del acuerdo, la INL entregará casi 3,5 millones de dólares. Asimismo, se proporcionará asistencia técnica y entrenamientos para la prevención y eliminación de la corrupción, lo cual se implementará con la donación de bienes y equipos tecnológicos para apoyar estos esfuerzos.
La Carta de Implementación del Proyecto (PIL por sus siglas en inglés) establece que el INPEC y la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) deberán implementar acciones para prevenir casos de corrupción. El ministerio deberá designar un grupo de trabajo que haga seguimiento a la ejecución del proyecto.
Según información entregada por el ministerio de Justicia, este acuerdo desarrolla una estrategia integral que aborde las causas fundamentales de la corrupción relacionada con el crimen organizado y demás delitos cometidos desde el interior de ‘La Picota’, así:
– Revisar, ajustar, actualizar, socializar y aplicar la política anticorrupción del INPEC (Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC 2022).
– Establecer una oficina en el complejo carcelario para que desde allí se apoye la supervisión de las acciones de control y mitigación de la corrupción dentro del pabellón de alta seguridad de ‘La Picota’.
– Establecer en el INPEC, una oficina que contará con la asesoría de un representante de la INL para la supervisión, comunicación, control y orden de los diferentes proyectos en los que el Departamento de Estado de los Estados Unidos esté invirtiendo recursos económicos.
– Finalizar el proyecto de construcción y entrega de salas de audiencias virtuales -financiado por la INL- en el pabellón de alta seguridad de ‘La Picota’, para limitar y controlar los traslados de los privados de la libertad a los despachos judiciales.
– Crear un nuevo grupo operativo para el manejo, custodia y vigilancia de los privados de la libertad del pabellón de alta seguridad de ‘La Picota’, el cual deberá ser seleccionado y conformado previo estudio de seguridad, fiscal y de polígrafo por parte de la INL, el INPEC y la Policía Nacional.
– Proporcionar apoyo de infraestructura y equipamiento tecnológico, encaminado a controlar y mitigar la corrupción en ‘La Picota’
La fiesta duró 10 días
Procuraduría logró recopilar videos de las cámaras de seguridad, los libros de registro, entre otros elementos que servirán como evidencia.
La Procuraduría General de la Nación sigue investigando los detalles de la ‘exótica fiesta’ que habría durado no siete sino 10 días en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en el que se encuentran los reclusos que están siendo solicitados en extradición por varios países entre ellos Estados Unidos.
Algunos de los artistas vallenatos que participaron de la celebración de la Virgen de las ‘Mercedes’ acudieron a la Procuraduría y en medio de una declaración juramentada, argumentaron que no recibieron ningún pago por la presentación musical que hicieron en el pabellón de extraditables.
Cabe recordar que, la celebración de la Virgen de las Mercedes, fue la excusa que habrían utilizado para adelantar la controversial fiesta en la que hubo licores importados, sustancias prohibidas, visitas restringidas además de artistas que amenizaron la extensa ‘parranda’.
Entre los artistas que comparecieron ante el Ministerio Público, se encuentran el ‘Mono Zabaleta’ y su manager, corista y guacharaquero Fabio Quiroz, quienes aseguraron que se presentaron de manera gratuita para acompañar a quienes se encuentran privados de la libertad, como un acto solidario frente a la difícil situación en la que se encuentran.
Sin embargo, el órgano de control busca identificar en qué condiciones se realizaron las presentaciones y de donde salió el dinero para los gastos de viáticos y hospedaje de los artistas que según el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel encargado Daniel Gutiérrez, fueron cerca de 30 artistas en total y no solo del género del vallenato.
La Procuraduría logró recopilar videos de las cámaras de seguridad, los libros de registro, entre otros elementos que servirán como evidencia dentro la investigación contra ocho funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).