Compra de tierras costaría cerca de $10 billones al año

La reforma agraria promovida por el Gobierno y liderada por la ministra de Agricultura, Cecilia López, tuvo uno de sus pasos más importantes con la firma del acuerdo con los ganaderos para comprarles tres millones de hectáreas. 

Para el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría, “el ritmo de 500 mil hectáreas por año sugerido por el presidente es razonable operativa y finalmente”. Además, el economista explicó que con dicha cifra la carga fiscal para el país será manejable: “A un precio promedio de $20 millones por hectárea representa $10 billones por año. No es una cifra fácil de manejar para Hacienda, pero es posible dados los mayores ingresos previstos”.

LOS ACUERDOS 

Dentro de lo acordado con los ganaderos está posibilitar la compraventa directa de tres millones de hectáreas de tierra por parte del Gobierno Nacional a personas pertenecientes a ese sector que voluntariamente deseen venderlas. La participación de Fedegán en este acuerdo constituye una expresión de buena voluntad, que ratifica el compromiso de las partes con la construcción de paz territorial, sin perjuicio de la manifestación voluntaria de los ganaderos respecto de su disposición a vender su tierra total o parcialmente. En todo caso, el Gobierno Nacional considerará otras fuentes para la adquisición de las tierras por compra directa.

La tierra que se podrá usar será avalada con naturaleza jurídica y condiciones de tenencia. Estos tres millones de hectáreas de tierra deben ser acreditadas como propiedad privada conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994, que no estén siendo cuestionadas por la institucionalidad de restitución, que no tenga ningún proceso agrario en curso, ni medidas de protección de la Ley 387 de 1997, y que cumplan con las disposiciones ambientales, agrarias y condiciones ecológicas. Adicionalmente, los predios deberán estar saneados en términos fiscales y con posesión en manos de sus propietarios.

LA UBICACIÓN 

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la mano de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), evaluará la capacidad productiva de la tierra ofertada. Se precisará la ubicación de los predios a escala municipal y veredal preferiblemente, con la información que se deberá solicitar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Ministerio del Interior y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

Se propenderá por que la adquisición de tierras tenga una concentración en número de hectáreas que facilite la ejecución de proyectos productivos en escalas rentables. Asimismo, el Gobierno Nacional adelantará en forma inmediata planes de choque para la construcción y el mantenimiento de las vías terciarias necesarias para facilitar a los productores la comercialización de sus productos en condiciones de competitividad.

VALOR Y FORMA DE PAGO 

Las personas del sector ganadero que de manera voluntaria deseen participar en este acuerdo, se comprometen a vender los predios por su valor comercial y catastral determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), tal como lo dispone la Ley 160 de 1994. El IGAC determinará precios mínimos y máximos de cada una de las ofertas y a esto se sumará para dicha determinación el resultado del catastro multipropósito. Por su parte, el Gobierno asumirá los costos a los que haya lugar para materializar el respectivo negocio jurídico. El pago se efectuará con bonos de deuda pública u otras formas que determine el Gobierno.

El principal uso será para el acceso a tierra y desarrollo rural. La tierra objeto de compra directa tiene como propósito alimentar el Fondo Nacional de Tierras creado en la reforma rural integral, y así avanzar en la asignación de derechos en el marco del cumplimiento del Acuerdo Final y del compromiso del Gobierno Nacional con la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas.

En términos de su utilización, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con sus instrumentos y herramientas de política pública determinará la destinación específica de cada una de las tierras.

La ministra explicó que “la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene un registro importante y bien hecho, de 6 millones de predios despojados y podemos cruzar datos con UARIV y otras entidades para verificar datos. El Ministerio está contratando un equipo de litigantes experto en propiedad, despojo y tenencia de tierra para revisar cada oferta”.

Según López, «la Unidad de Producción Agraria (UPRA) tiene los mapas de uso del suelo perfectamente definidos y con ello se sabe qué es fértil y qué no. La UPRA verificará cada hectárea”.

Según la jefa de la cartera agropecuaria, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi C también verificará esa fertilidad. Se harán pilotos de catastro multipropósito, “porque va muy lento, a cada oferta de tierra para definir un mínimo y máximo posible valor de compra y sobre ello se negociará”, explicó López.

La ministra aclaró que aún “no se ha comprado nada”. Añadió que “la tierra no se pagará en efectivo, “ni se comprará toda de un solo viaje, ni al mismo tiempo. Estimo que serán máximo 500 mil hectáreas al año.  Estamos ultimando ese esquema y se los cuento apenas lo tengamos bien estructurado”.

LA ÚLTIMA DECISIÓN 

Asimismo, la ministra dijo que “yo personalmente tomaré la última decisión sobre la compra, si se puede hacer o no, y lo que sí les prometo ya es que, con cualquier semblanza de duda sobre la legalidad de la propiedad descartaré la compra sin pensarlo dos veces”.

Señaló que “ya existe un registro de campesinos que deben recibir tierra o por restitución, o por baldíos o por compra. Comenzaremos con ellos. Una vez se designe su tierra, la Agencia de Desarrollo Rural entrará a ayudarlos con lo que necesiten”.

Explicó que aún hay cosas que no se tienen totalmente definidas, “porque la reforma agraria se nos aceleró un tris y llevamos 60 días: vías terciarias, mecanismos de mercadeo y otras, pero tenemos un poco de tiempo porque el proceso de compra y asignación no es mañana ni pasado”.

“Finalmente, también les prometo irles contando a medida que definamos puntos y resolvamos líos, porque sabemos que los vamos a tener, pero esto será totalmente transparente”, señaló.

López puntualizó y dijo que “Presidencia será quien primero monte el acuerdo firmado. Luego el ministerio. La tierra es para campesinos, afrodescendientes e indígenas. Se deben hacer ajustes de ley para asegurar la prioridad para mujeres. La tierra entregada tendrá condiciones de reventa que aún estudiamos. Les contaré”.