Diario del Cesar
Defiende la región

El imperio de la Ley no se negocia

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Lo ocurrido en Caldono, Cauca, con el desplante que la minga indígena le hiciera al Presidente de la República Iván Duque Márquez y a varios miembros de su comitiva entre ellos el Fiscal y Procurador General de la Nación, es la manifestación mas clara que frente a quienes promueven el rompimiento de la institucionalidad y quebrante el orden y la seguridad nacional, no se puede negociar. Ni aun así cuando acudan a las vías de hecho. Ahí es donde más fuerte deben ser el Estado y las instituciones. Dicho en castellano comprensible: la Ley no se negocia.

Por eso, aplaudimos que el Presidente duque mantuviera inalterable de no hacer un espectáculo su encuentro con los promotores del paro, y mucho menos celebrar, como ellos esperaban, un cabildo abierto donde tenían proyectado un linchamiento político no solo para el Presidente, sino para el propio Estado.

No valieron las razones expuestas además por el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobernadores de los departamentos del Cauca y del Valle, varios ministros del Gobierno Nacional y los integrantes de la comisión negociadora que firmaron el acuerdo que precedió al levantamiento de la prolongada toma. A los dirigentes del Cric se les explicó de todas las maneras posibles que las advertencias de la Fiscalía hacían necesario cambiar el sitio, y se les ofreció la Casa Lúdica o la Iglesia para realizar el encuentro con las cuatro mil personas que estaban reunidas en representación de las comunidades indígenas.

Y como era de esperar, mientras el Presidente explicaba de manera pública las razones de ese desencuentro y la decisión de no aceptar en adelante ninguna vía de hecho que perjudique a los colombianos, los dirigentes y voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca volvieron a mostrar su arrogancia e intimidación al exigir que el Mandatario actuara como ellos requirieron y al amenazar con nuevas movilizaciones que, a no dudarlo, tendrá nuevas tomas.

Y que las exigencias y amenazas son superiores a la prudencia que debe existir para proteger la integridad del Presidente como persona y como jefe del Estado. Así, el diálogo democrático que debe existir entre gobernantes y gobernados trata de ser reemplazado por inaceptables pulsos y demostraciones de fuerza, originados en inocultables intereses políticos.

A las autoridades competentes frente a las cuales ya se han ejercitado las acciones penales pertinentes, no se les puede olvidar que la tal minga indígena durante 27 días mantuvo bloqueada la vía Panamericana; que protagonizaron serios enfrentamientos con la fuerza pública donde un policía fue asesinado y muchos otros resultaron heridos. Eso tiene que tener responsables. Los daños ocasionados a la infraestructura vial igual, y por ello deben responder los directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Pero además, es hora en que los órganos de control le echen lupa a los multimillonarios recursos que de nuestros impuestos se les entregan a las comunidades indígenas y los cuales son manejados sin que nadie compruebe que efectivamente en qué son invertidos.

Ojalá, en las comunidades indígenas se revise a fondo la actitud de la Cric, porque sus acciones poco o nada distan de tener nexos con los grupos de violencia y desestabilizadores del orden constitucional.

Y al país debe quedarle claro que el Estado no puede volver a permitir las vías de hecho como las que adelantaron las comunidades indígenas del Sur de Colombia. Frente a esos desmanes, nada más certero y legal, que el imperio de la Ley.