Agresión de hinchas a jugadores y técnico del Cali exige una respuesta urgente de clubes, Dimayor y gobierno para frenarla.
Los lamentables sucesos que se presentaron en el estadio Doce de Octubre de Tuluá revivieron la problemática de la violencia en el fútbol, la cual aqueja al país desde hace varios años.
Si bien en Colombia y en particular en la ciudad de Medellín se han dado avances en pos de la convivencia entre hinchas, los disturbios que se presentaron a finales de abril en Santa Marta y los de este jueves en territorio vallecaucano encendieron de nuevo las alarmas.
En el hecho que se vivió en suelo samario y que desencadenó en una sanción de la Dimayor para el estadio Sierra Nevada, los hinchas del Unión ingresaron al terreno para reclamarles a los jugadores, pero no los agredieron físicamente.
Es evidente que los responsables en lo sucedido en el partido de la fecha 13 de la Liga Betplay 2 entre Cortuluá y Deportivo Cali son quienes de manera irresponsable decidieron saltar las vallas del estadio, ingresar a la cancha y agredir a algunos jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Un hecho reprochable que agudiza la problemática.
Sin embargo, personas que cumplen diferentes roles en el fútbol profesional de nuestro país, que fueron consultadas por este medio y coinciden en rechazar estos hechos, también invitan a reflexionar sobre la responsabilidad que tienen todos los actores.
¿Hay permisividad?
El representante a la Cámara Mauricio Parodi, quien ha sido promotor de leyes en pos de evitar que acontecimientos como estos se repitan, manifestó que hay una preocupación grande en la comunidad en general por cuenta de los constantes hechos de violencia con motivo de los partidos de fútbol, en los que se han dañado bienes públicos y privados, que generan una sensación de inseguridad en los escenarios deportivos.
“La primera causa de lo anterior es el mal comportamiento de los mal llamados hinchas, que se escudan detrás de una camiseta de un equipo para hacer actos de vandalismo, producir terror y en algunas ocasiones hacer negocios ilegales en las barras populares”, expresó Parodi.
El también dirigente deportivo antioqueño lamentó que muchos de esos individuos tienen delitos, entre ellos el porte ilegal de armas, tráfico de drogas y abuso de menores, ante lo cual las autoridades han sido permisivas.
Hay que aplicar la ley
Desde 2019 existe la Ley 12, la cual ordena que el gobierno nacional, las autoridades del fútbol y la policía se encargarán de conducir el tema de seguridad y prevenir hechos de violencia en torno a este deporte, lo que claramente no se viene cumpliendo.
“En los dos últimos gobiernos, de los presidentes Juan Manuel Santos e Iván Duque, en particular en los últimos cuatro años, se abandonó completamente la política de control de la violencia y promoción de la convivencia. El presidente y los ministros que les correspondía, poco hicieron por el tema”, agregó.
Ante esta situación es claro el llamado a las autoridades para que abran las puertas en busca de propiciar escenarios de diálogo y convivencia, pero también para que “se amarren los pantalones” y hagan valer la autoridad cuando así se requiera.