‘Tuto’ Uhía fue condenado a domiciliaria por corrupción

Cuatro días transcurrieron desde que se presentó ante la sede del CTI de Valledupar, el exalcalde Augusto Ramírez Uhía, para que el juez tomara una decisión, luego de las audiencias concentradas que permitieron su judicialización, junto a dos de sus exsecretarios y dos contratistas.

Están vinculados al proceso, el exsecretario de gobierno, José Juan Lechuga Zambrano; el exsecretario de educación, Luis Carlos Matute de la Rosa; al igual que a los contratistas Carlos Daniel Tres Palacios Carreño y César Augusto González Armenta.

La determinación está relacionada con las presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato de prestación de servicios por 592’375.000 millones de pesos; cuyo objeto era fortalecer la orientación vocacional, profesional y técnica de 3.832 estudiantes del grado 11; con miras a mejorar el desempeño en entrevistas para el acceso a instituciones de educación superior a nivel nacional.

Según la investigación, los procesados habrían vulnerado los principios de contratación pública, principalmente los de planeación. Al parecer, en los estudios previos no se tuvo presente que para la fecha de suscripción las universidades en todo el territorio nacional estaban próximas a cerrar las inscripciones lo que hacía ineficaz el objeto del contrato.

También se conoció que en el pliego de condiciones se anotaron cláusulas exorbitantes que no permitían garantizar el principio de transparencia, y se incurrió en sobrecostos relacionados con el alquiler de computadores portátiles, proyectores, amplificadores de sonido y micrófonos. Elementos que además fueron adquiridos con una empresa cuya matrícula había sido cancelada en 2015, dijo Andrés Palencia, director de la Fiscalía seccional Cesar.

Explicó que otras de las inconsistencias estarían relacionadas con la obligación que tenía el contratista, Carlos Daniel Tres Palacios Carreño, de contratar 320 profesionales especializados en humanidades y desarrollo humano y un comunicador social – periodista para preparar a 40 grupos de estudiantes.

En este caso, se constató que fueron contratadas cuatro personas a quienes se les pagaron 62 millones de pesos; a cada una, por 80 horas de trabajo.

PAGO MULTIMILLONARIO

El contrato 1244-2019, entre la Corporación de Desarrollo Social –Creciendo- y la Alcaldía de Valledupar se pactó a desarrollarse en 45 días, aún cuando la programación estaba por fuera del calendario escolar.

La Fiscalía reveló que, por el alquiler de cuatro computadores portátiles, por 320 horas, se pagaron $40.000.000, es decir $125.000 la hora, y por el alquiler de cuatro amplificadores de sonido cancelaron $44.800.000, además, alquilar cuatro video beams le costaron $32.000.000 al municipio, por 320 horas prestadas, es decir a $100.000 la hora.

Llamativo para el ente acusador que la empresa que ejecutó la orden de servicios en temas tecnológicos fue Sistemas Integrados del Cesar, SIC, representada legalmente por Carlos Alberto González Armenta, que tuvo registro mercantil hasta el 12 de julio de 2015, es decir, recibió $116.800.000 sin ser legal explicó el fiscal 12 seccional, Johan Ustariz, reseñó la Fiscalía.

Carlos Daniel Trespalacios Carreño, representante de Creciendo, adjuntó y cobró 10 pendones por $3.706.000, un valor unitario de $370.600.

ACUSACIONES A LOS IMPLICADOS

El exalcalde de Valledupar Augusto Daniel Ramírez Uhia, es investigado por, presuntamente, haber delegado en el secretario de gobierno las facultades para adelantar esta contratación; mientras que el exsecretario de educación Luis Carlos Matute de la Rosa habría certificado que el contratista cumplió a satisfacción el objeto del contrato, sin percatarse que los resultados de la ejecución no correspondían a la realidad.

El exsecretario de gobierno, Juan José Lechuga Zambrano, habría tramitado el contrato a sabiendas de que la firma transgredía los principios que rigen la contratación y lo liquidó con base en la información entregada por el secretario de educación.

La Fiscalía imputó a los procesados como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.

LA DECISIÓN

Por su parte, el juez privó de la libertad en lugar de residencia al exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhia, su exsecretario de gobierno, José Juan Lechuga Zambrano y a los contratistas Carlos Daniel Tres Palacios Carreño y César Augusto González Armenta. Mientras que el exsecretario de educación, Luis Carlos Matute de la Rosa fue afectado con medida no privativa de la libertad, pero seguirá vinculado al proceso.

La defensa del exalcalde de Valledupar, apeló la decisión para que sea revisada por otro juez en segunda instancia.