Lo que jamás un gobierno puede volver a repetir
Terminó la extorsión a la que por más de 22 días un grupo étnico y conglomerado social que representa a unas minorías, sometió a todo un país, pero sobre todo, a la institucionalidad y el Gobierno. No de otra manera se podría entender las vías de hecho con las cuales la llamada minga indígena puso en aprietos al Suroccidente de Colombia y de pasó le ´midió el aceite´ al gobierno del presidente Iván Duque, que demostró incoherencia y falta de autoridad para ejercer el imperio de la ley frente a estos comportamientos terroristas a los que no se les puede llamar diferente.
La negociación adelantada por la comisión designada por el presidente Iván Duque, fue la claudicación del Estado Social de Derecho. Este país debe dar cuanto antes el debate frente a ciertas comunidades que se creen inmunes y con mejores derechos que la inmensa mayoría de colombianos. Por eso nos paralizan las vías, impiden el desarrollo de proyectos claves para el progreso de la Nación, y reclaman recursos de donde no los hay para terminar robándoselos, que es lo que ocurre con la mayoría de las gobernaturas indígenas que hay en el país.
Levantaron el bloqueo después de un policía asesinado cuando cumplía su deber y de los problemas que padecieron seis millones de personas que viven en el sur de Colombia. Y nadie responde por ello, pese a que se tiene identificado que quien convocó toda esa jornada de terrorismo se identifica como el Consejo Regional Indígena del Cauca.
La Ministra del Interior firmó el documento en representación del Gobierno y como bálsamo donde quedó la tea nos dice que es cumplible y enmarcado dentro del cacareado Plan de Desarrollo. . Pero, entendiendo y aceptando que la protesta social es un derecho democrático e inalienable, lo que ocurrió en esa carretera rebasó esa facultad para convertirse en un desafío inaceptable a las instituciones y en el desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales de millones de personas que padecieron toda clase de limitaciones por culpa directa de esa toma.
Aquí lo único que se reclama es autoridad. La minga no tiene más derechos que el resto de los colombianos y demostrado está que es un
movimiento político aprovechado por sus promotores, por muchos de los que se declaran de la oposición y por los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Cauca. Ellos sembraron el caos, pretendiendo quizás que la Fuerza Pública reaccionara y dejara la cuota de sangre y violencia que esperaban sus autores para denunciar como represoras y antidemocráticas a las autoridades legítimas. AL presidente Duque no se le puede olvidar que un policía fue asesinado de manera vil, otros fueron secuestrados y millones de colombianos sufrieron pérdidas económicas cuantiosas e irreparables, tuvieron grandes dificultades en su vida diaria y padecieron limitaciones injustificadas en la atención de sus necesidades.
¿Era necesario ese abusivo y dañino bloqueo de la carretera? A juzgar por lo acordado, no lo era. Quizás el hecho de que en otras oportunidades cuando losgobiernos anteriores firmaron acuerdos que contenían compromisos imposibles de cumplir daba para hacer una protesta social. Pero, esta vez, lo que se produjo fue la vía de hecho arrogante e inútil que desconoció el ordenamiento jurídico, y un reto a la Fuerza Pública que reaccionó con serenidad y prudencia.
En adelante, queda el compromiso del presidente Duque de dialogar con los promotores de la toma y de cumplir con el acuerdo firmado ayer. Pero frente alos colombianos que padecieron en el sur de Colombia el bloqueo y sus consecuencias, debe quedar el compromiso de no permitir y no realizar en el futuro otra toma abusiva e ilegal en nombre de una mentirosa protesta social.