Juez dejó libre al exrector de la UPC
Al final de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el juez Cuarto Penal Municipal con funciones de control de garantías, dejó en libertad a Carlos Emilio Oñate Gómez, exrector y actual docente de la Universidad Popular del Cesar, a Libanis Francisco Arguello, jefe de la Oficina de Planeación de la UPC y Paola Yanira Rosado Guerra, representante legal de la empresa contratista de razón social Seguridad Mercadeo y Contabilidad S.A.S., como presuntos responsables del delito de peculado por apropiación contrato sin el lleno de los requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo, y falsedad ideológica en documento público, cargos a los que no se allanaron.
La medida fue proferida por el togado pese a los argumentos expresados por el acusador en cuanto a las presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del contrato 031 de 2015, entre ambos establecimientos, al indicar que la disposición adoptada es la que más se adecua a los fines constitucionales. Aunque, seguirán vinculados a la investigación.
“Si bien es cierto existen algunas circunstancias como ya se han expresado con respecto a la gravedad de las conductas que se están investigando, que además de ello se trata del erario público y del presupuesto para la educación, teniendo en cuenta que este siempre es reducido y quitarle un peso es quitarles la posibilidad de que otras personas queden sin un sustento adecuado, sin la posibilidad de servirle al país, encuentra este despacho que solo por ese sentido se hace pertinente la imposición de una medida de aseguramiento, pero que en este caso será una no privativa de la libertad”, dijo el juez al término de la audiencia pública.
Para ello, expresó tener como argumento que estas personas no perjudicarán el curso de la investigación, que no se encuentra que evadirán las labores adelantadas en medio del proceso y que además, acudirán a los llamados realizados por la justicia, ya que según el juzgado, han mostrado su disposición de colaborar y llevar a juicio sus pruebas para demostrar su inocencia.
FISCALÍA APELÓ
Pese a la decisión del juez, fue refutada por el ente investigador que pidió al superior jerárquico que se revisen algunas de las razones expuestas en su argumentación a la medida de detención domiciliaria que pidió para los tres imputados, considerando lo que aparentemente, habrían sido conductas orientadas a alterar la investigación al conocer del proceso que ya se adelantaba.
“El señor Libanis después de que transcurrieron unos dos años en la liquidación irregular del contrato 031 del 2015, tenía el propósito de hacer unas correcciones legales a ese contrato. Allí lo que se advierte es que conocida la denuncia por parte de los funcionarios que regentan esta universidad, estos corren a tratar de corregir el entuerto, lo que conlleva a mostrar una justificación ante la investigación y así hacerse merecedores en lo posible de un eximente de responsabilidad ante un eventual juicio”, indicó el acusador.
El objeto del convenio en cuestión, según sus mismas disposiciones legales, era el de facilitar el “suministro de torniquetes, automatización del bloque H de la sede sabanas y elementos tecnológicos de apoyo para la instalación de control de acceso de la sede administrativa de Hurtado y Bellas Artes”, cuyo valor fue de más de $750 millones.
Sin embargo, según lo dicho por el fiscal, los equipos contratados no fueron instalados y otros no fueron suministrados, por lo que el objeto contractual no se cumplió y hubo un detrimento de $133 millones.