CTI capturó a exrector de la UPC
Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la aprehensión del exrector de la UPC, un funcionario de la entidad y la representante legal de la empresa contratista.
Carlos Emilio Oñate Gómez, exrector de la Universidad Popular del Cesar y actual docente de la misma institución, fue capturado en un operativo liderado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, vinculados a presuntas irregularidades en un contrato millonario.
De igual manera fueron detenidos Libanis Francisco Arguello, jefe de la oficina de planeación de la UPC y Paola Yanira Rosado Guerra, representante legal de la empresa contratista.
Los capturados tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
“La Universidad Popular del Cesar, realizó un contrato en el año 2016, con el que se suministraría software para controlar el ingreso al claustro educativo por un valor de $750 millones, con la empresa Seguridad Mercadeo y Contabilidad SAS. A través de investigación realizada por miembros del CTI, se logró establecer que los equipos contratados no fueron instalados y otros no fueron suministrados, por lo que el objeto contractual no se cumplió”, afirmó la fuente.
Igualmente, reveló la fuente que “se logró determinar que los equipos faltantes tienen un valor de $132 millones”.
Dicha investigación fue realizada por la Fiscalía 12 Seccional de Administración Pública o Anticorrupción de la ciudad de Valledupar, a cargo de Gentil De León Mármol.
Los procesados fueron llevados al Palacio de Justicia de esta capital ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Valledupar, donde les legalizaron la captura. Las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento quedaron programadas a realizarse a tempranas horas del día de hoy.
FAMILIARES AGREDIERON A LA PRENSA
Es de anotar que familiares de los procesados en la entrada principal del Complejo Judicial, agredieron a los reporteros gráficos y periodistas que fueron a cubrir las audiencias preliminares, cohibiendo de esta manera la libertad de prensa, derecho fundamentado por los poderes del Estado. La situación fue contralada por miembros de la Fuerza Pública y vigilantes del Palacio de Justicia.