Diario del Cesar
Defiende la región

¿Y dónde está el piloto?

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El país entero no sale de su asombro de la falta de autoridad del Gobierno nacional representado por el señor Presidente de la República, frente a los actores terroristas y de barbarie que viene cometiendo la llamada minga indígena en el sur de Colombia.

Las imágenes que los colombianos hemos visto por los noticieros de televisión reflejan de cuerpo entero que se trata de una protesta promovida por terroristas, debidamente entrenados para desestabilizar el orden, la tranquilidad y seguridad ciudadana. Y mientras tanto el Gobierno jugando al gato y al ratón. Pero con unas consecuencias devastadoras: más de 6 millones de personas sin provisión de alimentos, combustibles, ni medicamentos, ni transportes. Ahí están plantados los miembros de una comunidad étnica y minoritaria retando a la institucionalidad y pasándosela por la faja porque se creen con mejores derechos que el resto de nuestros compatriotas.

Al Gobierno, como se dice en el argot popular,  le ´midieron el aceite´, y hoy se encuentra cruzado de brazos adportas de acceder a las estrambóticas y hasta ridículas peticiones de una organización a la que los organismos de control están en mora a llamar a rendir cuentas para que sus líderes queden a buen recaudo de la justicia ante los desafueros cometidos con los dineros que les ha entregado el Estado supuestamente para beneficiar a unas comunidades que por años han sido víctimas del abandono de sus propios administradores.

El Presidente Duque se ha negado a acudir a la Constitución para ejercer el imperio de la Ley y permitir el desbloqueo, por ejemplo de la Vía Panamericana y de otras tantas carreteras que permanecen ocupadas por los indígenas y junto a ellos los terroristas. Y eso se llama omisión en el ejercicio de sus funciones. Las comunidades indígenas que optaron por acudir a las vías de hecho deben entender con claridad meridiana que su proceder ha sido el de violentar la ley; y el Estado debe responderles que quien viole la ley debe someterse a ella.

El paro armado, porque eso es lo que hacen, un paro armado viene afectando el amplio espectro de la vida productiva y cotidiana de esa región, reventada por la escasez.

Los indígenas están desencadenando una crisis de múltiples órdenes: de desabastecimiento de combustibles, víveres, medicinas, transporte y caída del turismo y el tráfico ocasional de pasajeros por esas rutas. Pero también de asfixia a la salida de productos al exterior: la leche, la papa, la panela, y una lista amplia de hortalizas y frutas.

La postura de los indígenas, que no ofrece por ahora opciones de transigir, les cierra el paso a las dinámicas locales de las que ellos hacen parte: el estudio de niños y adolescentes, las faenas de la agricultura parcelera y agroindustrial, el comercio —que incluye su producción— y la conectividad de la amplísima región en la que ellos son actores sociales de primer orden.

El Presidente debe ser el primero en defender la única postura: Colombia no puede ser más el blanco de las vías de hecho ni acostumbrarse a ello. Ni por parte de grupos armados ilegales, que paralelamente vienen atacando “objetivos oficiales” durante estos días en los alrededores de la Panamericana, ni por parte de grupos étnicos, sociales o culturales que, aunque de manera legítima se movilicen y reclamen derechos, están lejos de la convalidación general de la opinión pública para convertirse no solo en jueces implacables de su realidad sino de la de los demás colombianos.

La minga terrorista debe cesar. Lo que están haciendo no tiene presentación. Ni por sus daños ni por las consecuencias que del paro se deriven.