Juez deja libre a 8 exmineros por caso del ‘Carrusel de las pensiones’
En la audiencia de medida de aseguramiento contra los 8 de los 9 extrabajadores de Drummond, capturados a finales del mes pasado por agentes del CTI implicados en el fraude a empresas mineras y fondos de pensiones, caso conocido como el ‘Carrusel de las Pensiones’ que se llevó a cabo ayer en la tarde, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías les otorgó la libertad.
Los implicados identificados como Fabio Zuleta Poveda, Jorge Simón Caamaño Barrios, Hencer Hernán Sierra, Luis Miguel Gutiérrez, Carlos Tulio Mendoza, Nilson Alfonso Ospino Herrera, Yimis de Jesús Rosado Zuleta y Diego Armando Rodríguez Amara, fueron imputados por la Fiscalía 12 Seccional adscrita contra delitos a la administración pública, por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado y estafa agravada.
Por estos cargos el ente investigativo solicitó detención domiciliaria, pero al final de la diligencia el togado les concedió la libertad, aduciendo que estos sujetos no representan un peligro para la sociedad, eso sumado a las patologías que supuestamente padecen. Estos individuos siguen vinculados al proceso.
Las aprehensiones de estas personas se efectuaron mediante diligencias de registro y allanamiento en diferentes sectores de Valledupar, en San Diego y Bucaramanga. Estas personas están sindicadas en un fraude al sistema pensional, detrimento que asciende los 100 mil millones de pesos.
Las aprehensiones de estas personas se efectuaron mediante diligencias de registro y allanamiento en diferentes sectores de Valledupar, en San Diego y Bucaramanga.
Es de anotar que uno de los aprehendidos identificados como Hernán José Coronel Daza, no ha sido judicializado hasta la fecha, debido a que permanece recluido en una clínica de la ciudad, debido a quebrantos de salud que padeció cuando las autoridades se disponían a legalizar su captura.
“La Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de que los funcionarios que integraban la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar para el 2016 y 2017 elaboraban a cambio de dinero dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios para que cientos de trabajadores de las empresas privadas carbones del Cerrejón, Drumond, Prodeco y empleados de entidades públicas del sector de educación y policía nacional, respectivamente, obtuvieran pensión por invalidez con patologías de enfermedad común (psiquiátricas u otras)”, reveló el ente acusador en las audiencias preliminares.
Agregó además el organismo investigativo que “los aspirantes a ser prematura e ilegítimamente pensionados, previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento al tiempo que iban a las compañías de seguro y adquirían pólizas, todo ello, decía el anónimo, para que una vez alcanzado el estatus de pensionados por invalidez, las obligaciones dinerarias contraídas y el riesgo asegurado, fueran asumidos por el sector financiero y asegurador del país”.