Diario del Cesar
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Plan de Desarrollo pone en riesgo los hospitales públicos

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Los representantes de Acesi relataron que “se disminuye el SGP Oferta en 80%, lo que obviamente desfinanciará la atención de “vinculados” o Población Pobre No Afiliada “PPNA” y la red pública hospitalaria. En consecuencia, la pregunta es ¿Qué pasará con los recursos patronales, con los que se financian la seguridad social de los trabajadores vinculados a la red pública hospitalaria?”.

Los hospitales públicos quedarán sometidos a altos riesgos financieros de ser aprobado el capítulo de salud en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Así lo advirtieron los gerentes de los centros de asistencia que de entrada señalan que el texto que estudian los legisladores incrementa la posibilidad de liquidar la red hospitalaria a cargo del Estado, “pues se deja solo en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público todo lo relacionado con categorización de riesgo fiscal y financiero y los consecuentes planes de salvamento fiscal y financiero.

Aseguran que de incumplirse estos planes, “las empresas sociales del Estado pasarían a ser sometidos a Ley 550 bajo la tutela de la Superintendencia de Salud, con el agravante que lo que se destina al Sistema General de Participación (SGP) se plantea financiar la infraestructura pública operada por terceros, es decir, se motiva a liquidar hospitales públicos y entregárselos a terceros”.

Señalan los agremiados en Acesi, que “eso desconcierta, pues desde un comienzo los altos funcionarios del gobierno Duque del sector salud hablaron de defensa de la red pública, pero en la realidad, lo escrito en el Plan de desarrollo, es absolutamente opuesto”.

Los representantes de Acesi relataron que “se disminuye el SGP Oferta en 80%, lo que obviamente desfinanciará la atención de “vinculados” o Población Pobre No Afiliada “PPNA” y la red pública hospitalaria. En consecuencia, la pregunta es ¿Qué pasará con los recursos patronales, con los que se financian la seguridad social de los trabajadores vinculados a la red pública hospitalaria?”.

Agregaron que si bien con el denominado Giro Directo, se planteaba inicialmente como obligatorio en ambos regímenes, en cambio, en la ponencia queda opcional, argumentando que la Adres “podrá” hacer el giro directo. “Esto es muy lesivo para la red hospitalaria pública y privada,  pues hoy el giro directo es obligatorio para el régimen subsidiado (es lo poco que ingresa regularmente a los prestadores) y en régimen contributivo también es obligatorio para EPS que están en vigilancia especial, donde se debe girar directamente mínimo el 80% de la UPC. De aprobarse este cambio, Hospitales Públicos profundizaran su crisis”, indicaron.

Igualmente hicieron referencia a la reducción sustancial al subsidio de oferta. “No podemos olvidar que el sector tiene una gran deuda con las zonas alejadasy dispersas en temas de salud pública y que hoy en día están emergiendo varias enfermedades transmisibles por la baja gestión de trabajo a nivel de intervenciones colectivas, situación que debe ser mejorada por las entidades territoriales con la oportunidad en la contratación, pero igualmente, con recursos suficientes para las actividades que deben ser realizadas en coherencia con el fortalecimiento de un modelo centrado en la promoción de la salud yprevención de la enfermedad”.

SANEAMIENTO FISCAL

Con respecto a la propuesta de saneamiento financiero de las ESE, se mostraron preocupados, ya que el acuerdo de punto final no incluye el saneamiento de recursos entre EPS e IPS por concepto de cartera correspondiente a los servicios prestados con cargo a la UPC o incluidos en el plan de beneficios que es el grueso de la cartera y se limita a lo no incluido en la UPC.

 “Nos inquieta que el acuerdo de punto final no soluciona el grave problema que persiste de la cartera actual, entre las EPS y los prestadores y no logremos cuentas claras en el sector”, señalaron.

A pesar de la solicitud por parte del gremio de incluir un artículo que permita aplazar la acreditación de los hospitales universitarios, esto no ha sido viable. Este tema  es otra de las grandes inquietudes que asaltan a los directivos del gremio. “No es posible que la gran mayoría de esas empresas sociales del estado aún no estén acreditadas, cuando el plazo se vence el 1 enero de 2020. Podrían perder su calidad de universitarios. Esa situación les quitaría los recursos de la estampilla Pro-hospital, de paso se crearía una crisis para los diferentes convenios docencia-servicio entre las universidades y los mismos hospitales. Una verdadera crisis en varias regiones del país para las ESE y las universidades que no contarían con suficientes sitios de práctica para sus estudiantes”, apuntaron los voceros de Acesi.

Sobre esta situación se esperaba una reacción por parte de la Supersalud o del Ministerio de Salud pero al cierre de esta edición no se había presentado.