Diario del Cesar
Defiende la región

Hasta el martes se definirá si mandan o no a la cárcel a exmineros de Drummond

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Luego que la Fiscalía 12 Seccional adscrita contra delitos a la  administración pública, a cargo de la investigación de las 9 personas capturadas recientemente, implicadas en el ‘Carrusel de las Pensiones’ expusiera ayer sus argumentos ante el togado para solicitarle la detención domiciliaria a los detenidos, el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, suspendió la diligencia para el próximo 1 de abril a las 2 de la tarde.

Los procesados identificados como: Hencer Hernán Sierra Mendoza; Fabio Zuleta Poveda; Jorge Simón Caamaño Barrios; Luis Miguel Gutiérrez; Carlos Tulio Mendoza; Nilson Alonso Ospino Herrera; Yimis de Jesús Rosado Zuleta;  Diego Hernando Martínez Amara y Hernán José Coronel Daza, son investigados por un millonario desfalco a los fondos de pensiones nacionales desde la capital del Cesar y otras ciudades de la costa.

Los antes mencionados a excepción de Coronel Daza, quien no ha sido judicializado debido a quebrantos de salud que presentó al inicio de las audiencias preliminares, no aceptaron los cargos de estafa agravada en concurso heterogéneo y sucesivo con fraude procesal y falsedad en documento público, que les fueron imputados.

Según las pesquisas del acusador, los exmineros lograron pensionarse de manera anticipada alegando padecer enfermedades psicológicas que fueron avaladas en varios casos por la Junta Regional de Calificaciones del Cesar, y en otros mediante la empresa de asesorías y servicios en salud, Asalud Ltda., quienes habrían manipulado las cifras reales del grado de incapacidad de los empleados para permitirles alcanzar el puntaje requerido para ser declarados inválidos para trabajar.

Por lo anterior, esa misma delegada solicitó que a todos ellos se les imponga de manera preventiva la llamada ‘Casa por Cárcel’, considerando que pueden representar un peligro para la sociedad, para las víctimas; que pueden desistir de comparecer al proceso y que incluso, podrían seguir incurriendo en la actividad ilícita que se les atribuye.

No obstante, los defensores señalaron que en ninguno de los casos se trata de ‘delincuentes’ que merezcan tal imposición y que las incapacidades obtenidas son reales y tiene como demostrarse, e incluso, en el caso de Sierra Mendoza se habló de un problema de tipo mental que fue ratificado por un juzgado de familia de esta capital que aparentemente daría crédito a la invalidez que recibió, todo ello para instar a la justicia a que los deje en libertad.