A finales de año estará lista la escombrera municipal
POR: NINOSKA REYES URDANETA
Antes de finalizar el año 2021, la Escombrera Municipal de Valledupar estaría en funcionamiento, solo se esperan algunos permisos ambientales de Corpocesar y la aprobación del proyecto por parte del Concejo Municipal, a cuya corporación le será entregado el plan de trabajo en los próximos días.
Así lo anunció Mello Castro, alcalde de Valledupar, quien reiteró que en la ciudad se debe contar con seis puntos limpios en cada una de las comunas, para lo cual se está solucionando el tema de un operador que se encargará de adecuar los espacios para evitar que se conviertan en botaderos de desechos que perjudiquen el ambiente y ornato de la ciudad.
“Se viene trabajando en el tema y el proyecto está consolidado, se necesita la inversión del sector privado y el visto bueno del Concejo de Valledupar. Es una obra que esperaba la ciudad para acabar con los puntos negros donde abundan escombros y todo tipo de desechos”.
Emma Carrascal, secretaria de Desarrollo Económico, manifestó que inicialmente se necesitaba el espacio con los permisos y licencias que les permitan funcionar con legalidad.
Además de los seis puntos limpios que es donde se deben depositar todos los residuos sólidos, podas y la disposición final de material de construcción y demolición, que por años han arrojado conductores de vehículos de tracción animal por la inexistencia de una escombrera, también se necesita de un operador que se encargue del encerramiento de los seis puntos limpios, y tener el compromiso que en dos días estarán clasificados los desechos recibidos.
Con este proyecto se eliminarán los 33 puntos críticos que existen en la ciudad y que hoy son un problema ambiental, principalmente la margen derecha del río Guatapurí.
Recientemente, el Tribunal Administrativo de Cesar ordenó a la Alcaldía de Valledupar, en un lapso de 12 meses, construir o adecuar un sitio para la disposición final de residuos de construcción y demolición, esto en respuesta a una acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación.
Con esta medida, se amparan los derechos e intereses colectivos a un medio ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública, a la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible.