La respuesta del gobierno a los indígenas
Al reiterar su compromiso con el mejoramiento de la inversión del Estado en los pueblos indígenas y en reducir las brechas sociales con estas comunidades ancestrales, el Presidente Iván Duque hizo un llamado a los organizadores de la minga en el departamento del Cauca a levantar los bloqueos en la vía Panamericana, y los exhortó a establecer una hoja de ruta, con compromisos absolutamente cumplibles.
Recalcó que los bloqueos en la vía Panamericana “claramente representan una vía de hecho” y que esto ha afectado a varios municipios y a varios departamentos. Y agregó: “No podemos aceptar las vías de hecho como mecanismo de aproximación y de negociación al Estado, y nos preocupa que en esta región haya grupos armados al margen de la ley que pretenden sacarle provecho a esa tensión”.
Por ello, aseguró que es necesario reconocer el equilibrio entre los deberes y los derechos de los ciudadanos y que “todos los colombianos debemos entender que la construcción de una sociedad en paz, con legalidad, empieza por reconocer esos equilibrios: ¿cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes? Y no puede darse la situación donde los derechos de algunos pueden pasar por encima de los derechos de los demás”, sostuvo.
El Gobierno ha recordado que el 9 de agosto de 2018 se reunió en la Casa de Nariño con un número considerable de representantes de los pueblos ancestrales y que ese día asumió el firme compromiso de construir un capítulo especial para los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo, lo cual se cumplió.
El Presidente Duque resaltó la importancia de que el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, sea el marco de trabajo para la construcción de una hoja de ruta entre el Gobierno Nacional y las comunidades indígenas del Cauca, tarea que lidera la Ministra del Interior y el Alto Comisionado para la Paz. Allí se contempla la destinación de 10 billones de pesos para atender las necesidades de las comunidades ancestrales de Colombia. Y se insiste que es la primera vez que se incluye un capítulo de este tipo y que, además, dicha inversión es la más alta que se ha asignado en un plan de desarrollo.
Con esos recursos el actual gobierno se propone sacar de la pobreza a más de 3,4 millones de personas y de la pobreza extrema a 1,5 millones, así como llevar importantes recursos a las regiones más vulnerables del territorio nacional.
Por eso no se entiende y el país está en la incertidumbre, qué es lo que quieren realmente los promotores de la minga indígena. Ya se habla de que están pidiendo recursos billonarios para ser manejados exclusivamente por sus cuestionadas organizaciones a las que el Estado no les hace vigilancia ni seguimiento a los recursos que se le destinan. Pero llama poderosamente la atención que entre sus requerimientos también promuevan una pequeña reforma agraria, exigiéndole al Estado que les entregue más de 400 mil hectáreas de tierra.
Son peticiones y condiciones inaceptables. Por eso insistimos en el imperio de la Constitución y de la Ley y para ello se necesita que el Gobierno actué sin contemplaciones, garantizándole los derechos a millones de personas que se siguen viendo afectadas por los intereses de una minoría