Nueve capturados por el ´carrusel de las pensiones´
En una operación liderada por la Fiscalía 12 Seccional de Administración Pública o Anticorrupción de Valledupar fueron capturadas 9 personas, implicadas en el ‘Carrusel de las Personas’. Los procesados son extrabajadores de la Multinacional Drummond, Prodeco y Cerrejón.
El procedimiento se logró en esta capital por medio de un operativo de registró y allanamiento por el fraude de pensiones, en un detrimento que asciende los 100 mil millones de pesos. Estos sujetos serán judicializados hoy por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento público y privado y estafa agravada.
Se trata de Hencer Hernán Sierra Mendoza, operador de maquinaria pesada; Fabio Zuleta Poveda, técnico mecánico; los operadores de camión minero Jorge Simón Caamaño Barrios y Hernán Coronel Daza; Luis Miguel Gutiérrez, oficios varios; Carlos Tulio Mendoza, supervisor; Nilson Alonso Ospino Herrera, operador de buldócer; Yimis de Jesús Rosado Zuleta, electricista; y otro exempleado que fue detenido en Bucaramanga, cuyo nombre no ha sido conocido al cierre de esta edición.
Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en Valledupar, en los barrios Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carola. Una persona más fue capturada en el municipio de San Diego y otro en Bucaramanga (Santander).
“La Fiscalía General de la Nación tuvo conocimiento de que los funcionarios que integraban la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar para el 2016 y 2017 elaboraban a cambio de dinero dictámenes por pérdida de capacidad laboral espurios para que cientos de trabajadores de las empresas privadas carbones del Cerrejón, Drumond, Prodeco y empleados de entidades públicas del sector de educación y policía nacional, respectivamente, obtuvieran pensión por invalidez con patologías de enfermedad común (psiquiátricas u otras)”, reveló una fuente del ente acusador.
Dice además la fuente que “los aspirantes a ser prematura e ilegítimamente pensionados, previamente acudían al sector financiero y copaban su capacidad de endeudamiento al tiempo que iban a las compañías de seguro y adquirían pólizas, todo ello, decía el anónimo, para que una vez alcanzado el estatus de pensionados por invalidez, las obligaciones dinerarias contraídas y el riesgo asegurado, fueran asumidos por el sector financiero y asegurador del país”.
Se reveló además que a través de una denuncia se revelaron las presuntas irregularidades al interior de la junta regional de capacitación de invalidez del Cesar. “Al permitir a más de 200 de trabajadores de las compañías carboníferas Carbones del Cerrejón, Drumond y Prodeco, obtener la pensión o el pago de indemnizaciones por parte de la administradora de riesgos laborales, seguros de créditos bancarios, en cuantía indeterminada sin que en realidad padezcan enfermedades psiquiátricas, se suben los porcentajes de calificación con el pago de un valor porcentual que es determinado por los médicos.
EL CASO
El pasado diciembre, otros 16 extrabajadores de la multinacional fueron presentados ante la justicia, acusados de haberse pensionado al acudir a la Junta Regional de Invalidez del Cesar por acción de intermediarios, para obtener certificados que demostrasen que padecían patologías psicológicas que supuestamente los incapacitaban de manera permanente para continuar ejerciendo sus labores. Dichas afecciones aparentemente aducían a ansiedades generalizadas, trastornos depresivos recurrentes no especificados, entre otros.
Así como ellos, varios mineros reunieron a esa y otras empresas carboneras, documentaciones similares que de modo repentino los inhabilitaban de por vida, haciéndoles jubilarse mucho antes de lo previsto por la ley, y esto llamó la atención de las compañías que al detectar el mismo patrón, aportaron listados de las personas que habían sido pensionadas con el argumento de la invalidez con porcentajes iguales o superiores al 50 %, sospechando que en los tramites habían conductas fraudulentas.
LA ORGANIZACIÓN
Según la Fiscalía, a través del llamado ‘Carrusel de las Pensiones’, se ha defraudado en más de $100.000 millones las arcas de los fondos de pensiones nacionales y del sistema financiero. Dicha red salpicó a varios profesionales de la salud, el derecho, trabajadores mineros y otro tipo de personas.
Precisamente para ello, los profesionales usaban documentos falsos a fin de favorecer a clientes que pretendían adelantar su pensión con la declaración de incapacidad mental.
Supuestamente ofrecían servicios para adelantar el trámite en Colpensiones y Fondos Privados a través de la certificación de invalidez por enfermedad común, la mayoría de ellos por problemas mentales. Esta situación llevó a pensionar cerca de 400 personas, sumados a otras aproximadas 150 personas que estarían esperando obtener dicho beneficio.
Actualmente y tras cuatro fases del operativo ‘Frenocomio’, 38 personas enfrentan procesos judiciales por sus nexos al ‘Carrusel de las Pensiones’. De los acusados, 19 fueron dejados en libertad, otros nueve permanecen cobijados con medida de detención domiciliaria y los diez restantes están privados de la libertad en la cárcel Judicial.