¿Qué le pasa a nuestro Congreso?
No en vano el Congreso de la República es considerada por los colombianos como una de las instituciones más corruptas y desprestigiadas del país. Solo está por encima en la percepción de rechazo y mala imagen el Eln. Y eso ya es mucho decir. En el Congtreso hay gente valiosa, muy intelectual, honesta y trabajadora. Pero ese número es minúsculo ante la enorma jauría que está pendiente de los contratos, del ´cebeyé´, de la contratocracia y los nombramientos a cambio de.
En otro intento más por reformar la Justicia en Colombia, el Congreso parece encaminado a fortalecer la clientela y la influencia política en decisiones que se crearon para asegurar la imparcialidad, la eficacia y la idoneidad de quienes administran un servicio público esencial para la Nación. Y de nuevo reclama la vigilancia necesaria para impedir que se perpetre lo que sería un nuevo descalabro institucional.
Con el propósito de realizar “ajustes puntuales a la estructura de la administración de Justicia para propender por la seguridad jurídica, el acceso a la Justicia, la eficiencia de la Justicia y la calidad de la misma”, se revivieron y ajustaron los proyectos de Acto Legislativos Nos. 17 y 22 de 2018 que fueron archivados en su momento. Con ese argumento, que sin duda responde a la necesidad de acercar la administración de Justicia a las realidades del país y a la necesidad de fortalecer las instituciones, se incluyeron propuestas que desataron de nuevo la preocupación de lo que en verdad puede estar sucediendo.
Y se incluyeron el cambio en los requisitos para elegir al Fiscal General, al Procurador y al Registrador Nacional, a cargo del Congreso. Según los proponentes, al reducir las exigencias se pretende hacer más democrático el acceso a esos cargos y evitar trámites y procesos “engorrosos”.
De igual manera, la propuesta plantea reformar la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, eliminando la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, lo cual significa que quienes eligen podrán volver a la antigua manera de escoger a dedo en el sistema de la cooptación. Según los autores de la iniciativa, con ello se pretende “que la justicia sea más ágil y eficiente”.
Otro aspecto delicado del proyecto que reformaría la Constitución es la propuesta para que los funcionarios elegidos por los congresistas sean juzgados por el Congreso y su proceso tramitado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entidad que se conoce por su ineficacia y la consecuente impunidad que genera. Con ello le quitan una atribución a la Corte Suprema de Justicia, el ámbito natural para garantizar el equilibrio de poderes en la democracia, además de ser la máxima instancia judicial de Colombia.
Así, la política vuelve a tratar de influir en la Justicia, bajo el argumento sin duda inobjetable de ofrecer más y mejor justicia a los colombianos. Nada de eso parece inferirse de los puntos citados: por el contrario, despierta grandes inquietudes el que en un proyecto de reforma constitucional para reformar la Justicia se incluyan requisitos para elegir funcionarios que no pertenecen a esa rama del poder público, o que se establezcan procedimientos para que sean juzgados por el poder Legislativo.
No obstante las alertas que se han lanzado sobre la ilegalidad de lo que muchos califican como micos, la Cámara ya le dio el primero de los ocho debates que requiere la propuesta para reformar la Constitución. Allí está demostrándose también la razón por la cual es tan alto el desprestigio de la política que tiene en el Congreso su escenario natural.