Diario del Cesar
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Familia desplazada dice que los quieren desalojar sin razón

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Una familia del corregimiento de Aguas Blancas, están a punto de ser desalojada de sus viviendas por parte de la Unidad de Restitución de Tierra, URT, debido a un fallo que permite a la entidad, proceder a la recuperación del inmueble.

El caso fue dado a conocer a este medio por parte de Wilmer Ardila Ardila, quien asegura que el predio cuando solo era un lote, fue adquirido por sus padres en el 2004 por un valor de $2.000.000, cancelados en dos partes al señor Eduardo Carranza.

“Fue un negocio voluntario, nosotros veníamos desplazados y él (Carranza) nos ofreció su propiedad que mis padres pagaron.  Pero el señor metió un proceso de desplazamiento en la Unidad de Restitución de Tierras y nos quieren hacer abandonar”, explicó.

Carranza, respaldó el hecho por medio de un documento de compraventa que aún tenía a su disposición pese a la venta; el hecho, arrojó una sentencia el pasado 30 de mayo del 2018 que ordena evacuar el día viernes 29 de marzo del 2019 a la familia de Ardila, compuesta por cuatro menores de edad, tres personas discapacitadas y dos de la tercera edad.

“Nosotros nos enteramos de lo que sucedía porque a una vecina le pasó lo mismo y nos invitó a acercarnos a la URT.  Fuimos y encontramos el problema, enseguida enviamos una tutela a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal de Cartagena quienes dieron el fallo”, pero ambos, comenta, rechazaron la petición.

Por el momento, Wilmer solo cuenta con una promesa de venta firmada por Eduardo Carranza; “pero se aprovecharon de todo porque ellos sí tenían abogados y nosotros no teníamos para defendernos porque no nos enteramos”.

 

TUTELA CONTRA EL DESALOJO

De acuerdo a lo anterior, el abogado que coordina el caso, Melkis Kammerer, manifestó que se interpondrá una tutela contra las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras, el Juzgado de la entidad, Personería Municipal y Bienestar Familiar “por la violación a personas desplazadas y por la vulnerabilidad de los menores así como la de los discapacitados”.

También, manifiesta el licenciado, se apelará por la falta de notificación a los involucrados.  “Estamos pidiendo que se aplace el desalojo hasta tanto no se inicien otras acciones de tutelas contra el fallo”.

Dijo que la URT solo puede proceder a desalojos cuando los propietarios han tenido que abandonar las propiedades por amenazas, pero “si el negocio se dio de buena fe, no hay nada que pelear”.

El personero municipal Alfonso Campo Martínez, fue abordado por este medio para conocer su postura frente al hecho.  Sostuvo que desconoce la situación e invitó al involucrado a entregar la documentación necesaria para iniciar procesos de investigación desde la sectorial.