El Cesar es una región con alto índice de desapariciones forzadas en el país 

“El Cesar es una de las regiones con más índices de desapariciones forzadas en el país. De las 120.000 desapariciones reportadas, en este territorio se tiene información de 7.058”. Así lo hizo saber Luz Marina Monzón Cifuentes, directora de la Unidad de Búsqueda, durante la firma del Pacto por la No Repetición del conflicto armado y la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidos en este territorio del Caribe.

Dijo que esta diversidad de participantes en el Pacto “es de gran valor”, es renovar el compromiso por la paz que tanto necesitan los territorios colombianos.

La Comisión de la Verdad, CV; la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD; la Justicia Especial para la Paz, JEP, así como organizaciones internacionales como la oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos; víctimas del conflicto, líderes y lideresas sociales y representantes de la institucionalidad firmaron el compromiso por la construcción de la paz en el Cesar.

“Al suscribir este Pacto se demuestra que es posible desarrollar los acuerdos para una paz duradera”, agregó el director de Diálogo Social de la Comisión de la Verdad, Gerson Arias, quien reiteró que la firma del Pacto en el Cesar significaba la renovación del compromiso con la implementación integral del Acuerdo de Paz.

El alcalde de Valledupar, Mello Castro González, dijo que la firma por parte del Pacto era la ratificación del compromiso por la búsqueda y la no repetición. “Deseamos la paz para nuestro municipio y nuestro país. Vengo a respaldar este Pacto porque es el momento de ver la luz de la esperanza”, sostuvo.

Juana Pacheco, jefe de la oficina de paz del Departamento y delegada de Gobernación del Cesar, dijo que “el gobierno del Cesar pone de manifiesto su compromiso para contribuir, sin descanso, a aliviar el sufrimiento y se contribuya a la solidaridad frente al dolor que viven miles de nuestros coterráneos”.

PUEBLO INDÍGENA 

Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Kankuamo dijo que este era un proceso de esperanza, “porque lo que ocurrió no queremos que se repita. Que no se sigan dando las desapariciones y que haya paz verdadera”.

Para la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Caribe, Ana María Ferrer, es el inicio de un compromiso por alcanzar la convivencia pacífica en el Cesar.

“Se demostró, que la institucionalidad se puede unir en un solo esfuerzo.  Aquí lo que hicimos con el Sistema Integral fue encontrarnos y pensarnos en caminar juntos hacia el sendero de construcción de la paz, la búsqueda de personas y la no repetición. Por todos los hechos que dejaron tanto dolor en los cesarenses es que hoy debemos pensar en trabajar juntos. Esta firma del Pacto es el inicio del trabajo”.

Andrés Palencia, director seccional de Fiscalías, dijo, por su parte, que la entidad tiene grandes compromisos con la defensa de los DDHH y la consolidación de la paz. “Vamos a trabajar mancomunadamente para que este suplicio de muchas familias, incluyendo a la Fiscalía, no se siga repitiendo en nuestro territorio. Hace 21 años en la Fiscalía estamos buscando a 7 jóvenes del CTI que desaparecieron en Codazzi. Nosotros también estamos en los zapatos de las víctimas”.

La magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo sostuvo que “estar aquí para firmar este Pacto es de suma importancia para la JEP porque coincide con la conmemoración en agosto del día internacional de las personas desaparecidas. Significa que no podemos avanzar sin conocer la historia del lugar y de las personas dadas por desaparecidas”

Al intervenir en la instalación de la firma del pacto la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, aseguró que “los hechos violentos que se registran en el departamento del Cesar en el contexto y en razón del conflicto armado, requieren de un esfuerzo mayor de la sociedad para que de manera articulada, amplia y diversa invitemos a todos los sectores en el departamento a liderar, convocar y participar en acciones y estrategias que impidan la repetición del conflicto armado en nuestro territorio y contribuyan con la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas”.

Sostuvo que la firma de un pacto no es suficiente, pero sí una forma efectiva de movilizar la conciencia de las sociedades al rededor de unos hechos que causan sufrimiento permanente e inestabilidad a miles de personas en el país y puntualmente en este departamento.

La directora de la UBPD destacó la presencia del Sistema Integral para la Paz en el Cesar, y el trabajo que adelantan la UBPD, la Comisión de la Verdad y la JEP en la protección de los derechos de las víctimas.

“Hay necesidad de brindar condiciones a las organizaciones y a las familias para que puedan buscar y hacerlo de manera segura, tranquila y con toda la dignidad que tienen. Esperamos, además, que con la estrategia de los Planes Regionales de Búsqueda la UBPD pueda motivar la participación de los familiares y las colectividades que quieran impulsar la búsqueda”.

Para la magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo, el pacto es “una oportunidad para el país y particularmente para esta ciudad y los ciudadanos y ciudadanas que no conocen lo que pasó y que tendrían que saber que la desaparición fue un hecho que se dio, que vivieron muchas personas en esta región, que no puede volver a repetirse y que buscar a los desaparecidos es una obligación, un imperativo de todos y todas y este pacto es una invitación a esa resistencia al olvido de mutuo acuerdo”.

Gerson Arias, director para el Diálogo Social de la Comisión de la Verdad consideró que el pacto “pone en concreto la implementación del Acuerdo de Paz con lo que todos los colombianos debemos hacer después de finalizar la guerra, salir a buscar nuestros desaparecidos en las distintas regiones de Colombia, y significa también la apuesta decidida del Sistema Integral para la Paz y de la institucionalidad local, territorial y nacional, pero primordialmente de la UBPD de seguir en los territorios garantizando los derechos de las víctimas y las personas buscadoras para que su esfuerzo no se limite, no se termine y continúe”.

En el departamento de Cesar, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, 7.058 personas fueron víctimas de desaparición forzada, secuestro o reclutamiento forzado. Entre 1958 a 2016 se registraron 3.755 casos de desapariciones forzadas, 411 casos de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad en el conflicto armado, y 2.892 casos de secuestro.

La UBPD ha recibido 223 solicitudes de búsqueda de personas desaparecidas en el departamento de Cesar, que junto con Antioquia, Meta, Valle del Cauca, Santander, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Magdalena concentran el 60% de los desaparecidos en el país.

“La desaparición afecta a miles de familias y comunidades en múltiples municipios del país, es un hecho que produce angustia y zozobra de manera prolongada y altera los proyectos de vida de familias completas, causando daño transgeneracional y afectan, también, sus procesos comunitarios y sociales, los cuales han perdido día tras día a sus líderes y lideresas, ocasionando el resquebrajamiento del tejido social. Pese a los grandes impactos de este fenómeno las y los familiares han sido resilientes y han mantenido su dignidad”, precisó la directora de la UBPD.

En el país, a la fecha según el CNMH 113.442 personas aún continúan desaparecidas, de las cuales el 63,9% son víctimas de desaparición forzada, el 20,7% de secuestro y el 15,3% reclutadas de manera ilegal. Esta cifra supera las desapariciones registradas en las dictaduras y conflictos de Latinoamérica, como ocurrió en Guatemala con 45.000 desaparecidos, Argentina con 30.000 y Chile con 10.000.