Gobierno, a rendir cuentas de lo hecho a favor de los Wayúu
La Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno explicar las medidas preventivas y de precaución que en materia sanitaria han adoptado de manera efectiva para evitar las muertes de los niños y las niñas Wayúu de La Guajira por causas asociadas a la desnutrición.
Se trata de un nuevo llamado de la Corte que se encuentra haciendo seguimiento al cumplimiento de un fallo de tutela de 2017 que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con la situación que viven los niños y niñas del pueblo Wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia.
Luego de que en junio pasado se hiciera una audiencia de seguimiento, en la que fueron escuchadas las comunidades, sus voceros, organizaciones sociales y el Gobierno, el Alto Tribunal expidió un nuevo auto con una serie de órdenes dirigidas a la Consejería Presidencial para las Regiones, entre otros.
Además de exponer las medidas tomadas para evitar muertes por desnutrición, el Gobierno deberá explicar cuáles son las bases de datos o fuentes de información que utilizan para soportar la información reportada a la Corte sobre los casos de desnutrición y muertes por esa causa en la niñez Wayúu
A esto se suma explicar qué medidas se han adoptado para enfrentar los problemas de subregistro y ausencia de información sobre datos de mortalidad y desnutrición desagregada y por municipio; y cómo se realizó el censo de la población Wayúu cuáles fueron los datos utilizados y cuál fue la caracterización de las comunidades de manera que sea representativa frente a la realidad del territorio, para determinar las medidas a adoptar y su cobertura en lo concerniente a la alimentación.
La Corte pidió explicar por qué, “a pesar de la afirmación que hace sobre la reducción en muertes de menores, permanece en un 50% el fallecimiento de la niñez wayú. Por lo tanto, deben especificar los factores concretos a los que obedece la persistencia de los fallecimientos, pese a las medidas adoptadas y el tiempo transcurrido desde que se profirió la sentencia T-302 de 2017”.