Decisiones improvisadas por tutelas perturban procesos educativos
POR: NINOSKA REYES URDANETA
El inicio de la presencialidad educativa en las instituciones oficiales y no oficiales de Valledupar, se ha visto interrumpido durante las últimas semanas por las acciones de tutela que en contra del proceso han interpuesto la Asociación de Educadores del Cesar y algunos padres de familia, que discrepan del regreso a clases por considerar que no hay garantías para los estudiantes y personal docente ante los contagios por Covid-19 que se registran en el municipio.
La primera suspensión se dio el 16 de julio de 2021, luego que el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de garantías, decretara como medida cautelar, la suspensión provisional del retorno a clases presenciales. La decisión fue durante diez días y fue acatada por la Secretaría de Educación Municipal, aclarando que solo se trataba de los colegios oficiales.
Diez días después, aparece la nueva decisión y ordenan el reintegro a las aulas de clase para el 2 de agosto de 2021. Cuatro días después el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar, emite el fallo de una acción de tutela que había sido interpuesta por un padre de familia del Colegio Nacional Loperena, por la cual se vuelve a suspender el proceso de la presencialidad de manera general en el municipio.
Pero de manera insólita, horas después, el mismo ente judicial aclaró que la decisión solo cobija a la institución educativa Loperena, por lo que la Secretaría de Educación Municipal, a través de la circular 0059, rectifica y vuelven las clases presenciales.
“Estas decisiones apresuradas que derivan de las tutelas, que aunque es un derecho, están perjudicando el proceso educativo en los estudiantes. Se toman unas medidas muy rápidas que generan inconsistencias de fondo, ya que se emiten de manera general afectando a la población estudiantil de todo un municipio”, explicó Iván Bolaños, secretario de Educación Municipal.
Explicó, que en medio de estas improvisadas decisiones, solo las instituciones educativas Loperena y el Casd Simón Bolívar, regresaron a la virtualidad, ya que la acción constitucional recae sobre ellas específicamente por parte de algunos padres de familia. El resto de los colegios siguen en el proceso del regreso seguro y progresivo a la presencialidad.
Otro de los aspectos que resalta el funcionario, es que el Juzgado ordena alternar la virtualidad con la presencialidad, metodología que es imposible aplicar porque no hay suficiente personal para cumplirla. “En el caso del Casd la medida cautelas es a favor de un grupo de estudiantes, pero se decidió enviarlos todos a estudiar desde casa, porque es imposible cumplir con la medida”.
Destacó el Secretario de Educación, que se sigue en el proceso de la entrega del aval a las instituciones que cumplan con las medidas de bioseguridad para un regreso seguro a clases. En Valledupar no se está cumpliendo con una presencialidad plena, como lo establece la Directiva 005 del Ministerio de Educación Nacional, el proceso está avanzando y se espera culminar el año de la mejor manera posible.
ADUCESAR RECUERDA
Entre tanto, la Asociación de Educadores del Cesar, pide a los entes territoriales respetar los acuerdos parciales entre Fecode y el MEN el cual establece las siguientes excepciones: Cuando la capacidad instalada del aula/grupo no permita garantizar un (1) metro de distanciamiento físico; Cuando las familias, previo conocimiento de la información relacionada con la implementación del protocolo de bioseguridad en la sede educativa, decide no enviar a su hijo o hija a la institución educativa; cuando no se haya cumplido con el esquema completo de vacunación para el docente, directivo docente, personal administrativo y de apoyo logístico, de acuerdo con las disposiciones emitidas por la autoridad sanitaria.
Asimismo, cuando la entidad territorial y/o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales, caso en el cual la autoridad territorial competente deberá contemplar los niveles de ocupación de las UCI, la expansión de la pandemia, y demás indicadores epidemiológicos, de conformidad con la normatividad vigente para tal fin, explicó Jorge Luis Rivero Larios, presidente de Aducesar.
Afirmó que es necesario constituir las mesas de seguimiento permanente y adelantar una jornada de verificación conjunta, con el acompañamiento de las Personerías Municipales, Secretarías de Educación y Salud, Directivos Docentes y sindicatos regionales.
