Diario del Cesar
Defiende la región

Se destroza el Estado de Derecho y la institucionalidad

252

La llamada minga indígena que se realiza por estos días en el sur del país busca poner contra las cuerdas al gobierno del presidente de la República Iván Duque Márquez. Utilizando las vías de hechos han perpetrado toda clase de hechos violentos y el peor de ellos se desencadenó con el asesinato de un policía y lesiones para otros ocho miembros de la fuerza pública. Ello como consecuencia de la llamada protesta social que en este país es un disfraz o patente de corso para que quienes la promuevan no les pase nada frente a las manifestaciones delincuenciales y criminales que en ella se presentan. El patrullero costeño Boris Benítez fue víctima de las balas disparadas desde un alto en la vereda la Agustina, sector de Santander de Quilichao, lugar donde permanecen los indígenas.

 

Ahí tiene lo que pasó ayer. ¿Quién responde por ese asesinato?.

El país debe abrir el debate y pensar con sensatez hasta donde se deben permitir las protestas sociales en las que se amparan los interesados en provocar el caos y desorden y atentar contra el Estado de Derecho buscando menoscabar la institucionalidad del país.

La protesta social no puede tener licencia para convertirse en una protesta criminal. Lo ocurrido en la llamada minga indígena fue un comportamiento terrorista y sus organizadores deben responder por el asesinato del policía y las lesiones causadas los miembros de la fuerza pública. Ya se debe dejar a un lado tanta demagogia y debilidad del Estado y abandonar esa permisividad frente a quienes hacen convocatorias sociales a protestar y las mismas terminan en desmanes y actos atentatorios contra el orden público y la propiedad privada.

La toma y parálisis del Sur de Colombia ya completa una semana y nada se conoce de un progreso que permita pensar en soluciones. Por el contrario, todo indica que los dirigentes de la llamada minga están dispuestos a radicalizar aún más los hechos y no ceden en exigir la presencia del Presidente de la República como requisito para entablar cualquier negociación. Es decir, ya no es una protesta social sino el chantaje total, no contra una persona o un dirigente político o público sino contra toda la Nación.

Y entre tanto, miles de agricultores y ganaderos, de empresarios grandes, medianos y pequeños, de transportadores y comerciantes, padecen las consecuencia de lo que a todas luces es un desafío al Estado de Derecho. Ellos son las víctimas y a la vez los rehenes de una actuación que sólo se explica por el convencimiento de sus promotores de que sus procedimientos en decenas de veces anteriores les han generado rendimientos.

Lo que está  ocurriendo es inaceptable para un país democrático. Ser generosos con la protesta social no implica que Colombia se convierta en rehén de las vías de hecho ilegales. El debate debe darse con sensatez y razones jurídicas. Lo que hoy tenemos de protesta social solo conduce a lo que estamos observando: El Estado extorsionado y con las manos amarradas.