Domiciliaria para ‘Cartel de los Comparendos’
Medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia impuso el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías a siete personas, quienes presuntamente conformaban una red corrupta, denominada como el ‘Cartel de los Comparendos’, que funcionaba al interior de la secretaría de Tránsito de Valledupar.
La decisión fue proferida contra los funcionarios Julieta Margarita Hinojosa Daza, inspectora de tránsito; Letzzy Carolina González Oñate, secretaria ejecutiva; Margarita Rosa Cartagena Guerra, contratista; Amparo De Jesús Estrada Arias, secretaria y Odacir Alberto Montenegro González, auxiliar administrativo del Tránsito Municipal. Además, los tramitadores Tatiana Isabel Cuello Castilla y William José Redondo Mindiola.
Los anteriores son imputados de los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión y cohecho impropio.
A $3.000 millones ascendería la suma apropiada entre 2016 y 2020 por el cartel que funcionaba al interior de la dependencia de la Alcaldía de Valledupar.
En las audiencias preliminares de legalización, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, el Fiscal 12 Seccional Anticorrupción de Valledupar, Gentil De León Mármol, señaló uno a uno los roles que cumplía cada uno de los capturados dentro de este cartel que actuaba en detrimento de la administración municipal.
LA RED CORRUPTA
Según la investigación, liderada por el Fiscal 12 Seccional Anticorrupción de Valledupar, Gentil De León Mármol, se logró establecer que en la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar se han venido presentando una serie de irregularidades.
Señaló el ente acusador que los comparendos no eran subidos al Civitran y Simit pero los vehículos sí eran retirados de los patios.
“Durante un periodo comprendido entre 2016 al 2020 se concertaron entre sí y con particulares que se desempeñaban como tramitadores externos de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transportes de Valledupar con el único propósito de utilizar esa entidad para realizar diversos actos de corrupción e incurrir en las conductas punibles de prevaricato por omisión, abuso de función pública, concusión, falsedad ideológica en documento público, falsedad en material público, cohecho impropio y cohecho por dar u ofrecer y lo convinieron con vocación de permanencia en el tiempo, toda vez que desde sus funciones y roles han venido permitiendo el ingreso o cargue de las órdenes de comparendo en los sistemas de información obligatoria CIVITRANS, SIMIT y RUNT, provocando intencionalmente múltiples caducidades de acciones contravencionales y prescripciones de acción de cobros de sanciones impuestas”, aseguró el fiscal.
Además dejaron caducar alrededor de 1.368 comparendos y prescribieron alrededor de 81.235 comparendos.
Sumado a esto, “existieron muchos comparendos realizados con unos talonarios y una numeración no autorizadas por el RUNT; los procesos por las multas de alcoholemias los dejaban caducar; las resoluciones con que retiraban los vehículos de los patios eran falsas”.
Finalmente, el informe del fiscal delegado señala que el encargado de la plataforma del RUNT no subía las decisiones judiciales, y los vehículos hacían diferentes trámites ya que no tenían afectación a la propiedad.