Diario del Cesar
Defiende la región

La alianza criminal de narcotráfico y violencia 

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La cruzada contra el narcotráfico en Colombia no se detiene. En medio de las difíciles circunstancias derivadas de la pandemia, deben destacarse los esfuerzos de las autoridades tanto en destrucción de cultivos ilícitos como en incautación de alucinógenos.

Es claro que el tráfico de narcóticos continúa siendo el principal motor de la violencia en el país. Las investigaciones de la Fiscalía y las condenas de los jueces confirman que detrás de la mayoría de las masacres y asesinatos de líderes sociales, comunitarios, indígenas, desmovilizados y activistas de derechos humanos están los grupos criminales que compiten a sangre y fuego por el dominio de los corredores del narcotráfico. Reincidencias y disidencias de las Farc, el Eln y bandas criminales de alto espectro, como ‘El Clan del Golfo’ o ‘Los Caparros’, se enfrentan por las rentas derivadas de los sembradíos de hoja de coca, marihuana y amapola, su procesamiento y la exportación de alcaloides. Igual resulta innegable que una parte importante de la inseguridad urbana es generada por una alarmante expansión del microtráfico, que hoy estaría moviendo mucho más allá de los seis billones de pesos anuales que alertara hace algunos años un informe de Planeación Nacional.

En ese orden de ideas, más allá del ruido que producen los debates teóricos que piden optar por la despenalización o la legalización parcial de este flagelo delincuencial que tantas vidas y recursos le ha costado al Estado colombiano combatir en las últimas décadas, es claro que las autoridades no han cejado en su ofensiva contra las mafias del narcotráfico. Una prueba de ello son los resultados del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), revelado esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, según el cual el año pasado cerró con una reducción del 7% en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154 mil hectáreas en 2019 a 143 mil en el último diciembre. Sin duda se trata de una buena noticia, en la medida en que se confirma la tendencia decreciente de los sembradíos ilegales, tras el boom que estos registraron entre 2014 y 2019.

Sin embargo, todavía falta mucho camino por recorrer. De hecho, así como debe ponderarse que el informe del Simci haya comprobado que hay menor extensión de cocales y reportara además un aumento del 18% en la droga incautada, preocupa que la capacidad de obtención de cocaína por hectárea continúe incrementándose. Incluso el potencial de producción alcanzó las 1.228 toneladas métricas. También debe analizarse las implicaciones de la migración de cultivos a zonas de frontera. Genera alarma, asimismo, lo que ocurre en departamentos como Córdoba, Antioquia, Bolívar y Chocó en donde hay “incrementos notables” en el área sembrada, que no se alcanzan a compensar con las reducciones en Caquetá, Putumayo y Nariño, enclaves históricos de este delito.

Aunque la ONU destacó los avances en materia antidroga y el Gobierno ratificó que la meta para este año era erradicar no menos de 130 mil hectáreas, es evidente que el mayor obstáculo continúa siendo el alto porcentaje de resiembra de los cocales, que estaría por encima del 30%. El Ejecutivo ha tratado de contrarrestar este fenómeno ya sea con la creación al comienzo de este año de un Comando Especializado contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, o avanzando el complejo proceso legal y de licenciamiento ambiental para poder reanudar prontamente las aspersiones aéreas con glifosato, prohibidas en 2015.

Faltándole a la administración Duque catorce meses para que deje el poder, es claro que se agota el tiempo para cumplir el acuerdo con Estados Unidos en torno a reducir en 50% los cultivos ilícitos para 2023. Sin embargo, la certificación del Departamento de Estado meses atrás a la lucha antidroga en Colombia y la reciente petición del gobierno Biden de un aporte a nuestro país de 453 millones de dólares para la próxima vigencia fiscal, dan a entender que Washington valora positivamente la tarea que se viene cumpliendo. La expectativa ahora es sobre los resultados del inminente informe anual de la Casa Blanca sobre extensión de narcocultivos en nuestra nación, que siempre tiende a reportar cifras más altas que las de la ONU.

Así las cosas, resulta imperativo enfatizar la ruta antidroga que se viene siguiendo. No es momento de distraerse en el gaseoso debate de despenalización y menos en el de la legalización. Por el contrario, se requiere de las autoridades nacionales, departamentales y municipales acelerar en la erradicación de narcocultivos, ya que es la única forma de frenar el rebrote y reciclaje de violencia regional y local. Una prueba de su peligrosidad se dio precisamente en la actual ola de paros, en donde el narcotráfico estaría financiando el vandalismo y los ataques a la Fuerza Pública.