La noche de horror fue protesta, sino vandalismo 

Lo ocurrido en la noche del miércoles en Santa Marta es sencillamente inaceptable y debe ser rechazado con toda contundencia. No debe haber espacios ni a titubeos, ni a la invocación de derechos, ni garantías constitucionales porque está demostrado que quienes enarbolan esos principios son los primeros y los promotores en pisotearlos y destrozarlos. Aquí hay que decirlo así de claro. Sin titubeos. Quienes organizan las marchas invocando la protesta social pueden hacerlo cuando quieran, como quieran y bajo el pretexto que les dé la gana. Eso sí todo ello dentro del marco de la constitución y las leyes de la República. Pero Colombia debe dar el debate, la sociedad debe dar la cara y quitarse esa mácula, abandonar la hipocresía y llamar las cosas por su nombre. Lo que viene ocurriendo bajo el amparo de la llamada protesta social no es otra cosa que vandalismo físico. Actos delincuenciales y criminales que la misma sociedad y los simpatizantes de las altas cortes de estas manifestaciones populares de amplio rédito político, deben empezar a contener si es que queremos rescatar aun lo poco que nos         queda de democracia y de la país.

Santa Marta vivió una noche de horror. Una noche de asaltos, de saqueos, de delincuencia por doquier, de una organización que puso a andar ese comportamiento criminal que nunca antes habíamos visto y que pone de presente que se trata de algo más grande de lo que una protesta puede generar. No es posible que unos pobres comerciantes, pequeños negocios, personas que no han hecho otra cosa que sobrevivir en estos tiempos, de la noche a la mañana lo hayan visto perder todo porque una supuesta protesta fue infiltrada y quienes llegaron a ella terminaron destrozándolo todo a su paso, robándoselo todo. No. Aquí deben responder los que tengan que responder. Y la sociedad en su conjunto debe abandonar ese miedo y definir de una vez por todas si lo que se hace en la calle es protesta o vandalismo

Por eso lo que está pasando en Colombia no es inédito, si bien su nivel de agresividad y afectación de derechos individuales y colectivos está escalando a niveles que podrían tener graves consecuencias para la convivencia social, es necesario que tengamos un pare, o no vamos irreversiblemente una confrontación mayor.

Las manifestaciones y movilizaciones de los últimos días, para las cuales se ha vuelto a convocar, tienen multiplicidad de motivos y pluralidad de sectores que son voces de inconformidad que, no obstante, no tienen representantes específicos, así varios líderes y movimientos pretendan apropiarse de la fuerza de “las masas” como pretendido bloque de poder. Como hay esa pluralidad de interlocutores, es lógico que sean varios los sectores que serán convocados a los diálogos, tan necesarios y esperados en un ambiente que llegó a niveles preocupantemente virulentos.

Si de lo que se trata es de abrir vías a soluciones concertadas, de encontrar mejores formas de ejecución de políticas sociales que beneficien a los más desfavorecidos, de bajar temperatura a pugnacidades proclives a la violencia, los sectores convocados deben aceptar esa interlocución que se les abre. El gobierno de Iván Duque es legítimo de origen y de ejercicio, demócrata, y lleva más de un año ejecutando el máximo esfuerzo fiscal que le haya tocado a administración alguna en muchos años para revertir la ruina dejada por una pandemia incontrolable. Cometerían un grave error –político y moral– aquellos que quieren instrumentalizar las protestas para efectos electorales del corto plazo. Y no se diga aquellos para los que el caos y la violencia sirven a sus intereses nihilistas y anarquistas.

¿Qué beneficio a los más pobres reportan con esos actos vandálicos? 

Las autoridades y la ciudadanía deben respetar el derecho a la protesta –así como tienen el deber de advertir los riesgos de contagios en esta época– y los gobernantes deben cumplir sus funciones para la protección de los bienes públicos y privados. Las ciudades y poblaciones deben estar protegidas contra la destrucción, que no es protesta legítima.