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Juez decide que el empresario Carlos Mattos continúe libre

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Un juez de control de garantías de Bogotá se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra el empresario cesarense Carlos Mattos, procesado por presuntamente enviarle 100 millones de pesos a la jueza civil que dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron en un litigio.

El empresario cesarense Carlos Mattos Barrero continuará en libertad. Así lo determinó el Juzgado noveno de Garantías en audiencia pública llevada a cabo este miércoles en el Complejo Judicial de Paloquemao.

La determinación del juez es declarar “improcedente la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión elevada por la Fiscalía”, esto debido a que está probado que la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, no recibió ningún tipo de ofrecimiento económico cuando ratificó las medidas cautelares para la empresa Hyundai Colombia.

La decisión es tomada cinco días después de Mattos fue declarado en contumacia, es decir que será procesado sin su presencia, pues el empresario se negó en cuatro oportunidades a comparecer a las audiencias a las que era citado.

Mattos es requerido por las autoridades por hacer parte de un entramado de ilegalidad que se habría originado desde septiembre de 2015. Para la Fiscalía, la acción del empresario no tenía otro fin más que el de direccionar a un despacho específico la demanda presentada por Hyundai Colombia Automotriz S.A. contra Hyundai Motor Company de la República de Corea, esto luego de que la empresa coreana decidiera retirarle la representación de la marca en Colombia y los automotores se distribuyeran por medio de un intermediario en Ecuador.

En síntesis, esto significaba para Mattos un decremento en su patrimonio, por lo que inició el pleito jurídico del que saldría victorioso, presuntamente de manera fraudulenta.

El reporte de las autoridades da cuenta que la presunta acción ilegal de parte de Mattos, ha dejado un saldo de más de 10 personas capturadas. Los primeros detenidos por estos hechos fueron Wilmer Andrey Patiño Rodríguez, Wilmer Casas Mendoza, Ramón Orlando Ramírez Fuentes y Carlos Arturo Gómez, todos funcionarios de la judicial y a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de utilización ilícita redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistema informático, daño informático y cohecho por dar u ofrecer. Cargos que fueron aceptados.

Igualmente, fue capturado Edwin Enrique Ángulo Martínez quien hacía parte del Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao y quien fue enviado a la cárcel luego de aceptar su responsabilidad por el delito de concusión.

De acuerdo con la Fiscalía, Ángulo Martínez sería el autor material de la adulteración del reparto y es investigado por la presunta exigencia de dinero para incidir en la adjudicación de contratos para la selección del proveedor de equipos tecnológicos para los diferentes despachos judiciales en Bogotá.

Así mismo, fue capturado y enviado a la cárcel Modelo de Bogotá, Edwin Fabián Macías Castañeda quien era auxiliar del Juzgado Sexto Civil de Bogotá, despacho que supuestamente favoreció a Mattos.

Macías Castañeda se declaró inocente por los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores. En contra del auxiliar de la rama judicial, la Fiscalía tiene pruebas que lo responsabilizan de presuntamente impartir las órdenes directas a otros funcionarios judiciales para direccionar a sus intereses el reparto de los procesos civiles y fueran asignados al juez sexto Civil del Circuito de Bogotá.

La Fiscalía anunció que Luis David Durán Acuña quien fue abogado de confianza de Mattos también fue procesado por los delitos de cohecho propio, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores.

Los investigadores establecieron que Durán Acuña habría entregado una suma de dinero para comprar el computador desde el que, presuntamente, se ingresó a la plataforma de la Rama Judicial para manipular y borrar el sistema de reparto.

Por otro lado, el 6 de junio del año pasado fue capturado Reinaldo Huertas, juez sexto Civil de Bogotá quien, al parecer, favoreció de manera directa a Carlos Mattos concediendo las medidas cautelares sobre su demanda, a cambio de 2.000 millones de pesos.

A Huertas, la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho por dar u ofrecer, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a sistemas informáticos y daño informático.

Ese mismo mes fue detenido Dagoberto Rodríguez Niño que fungía como oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito y a quien la Fiscalía le imputó los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, en concurso heterogéneo con uso de software malicioso y falsedad ideológica en documento público.

Según la investigación, Rodríguez Niño habría sido el primero en tener contacto con el empresario Carlos Mattos, para contactar a los funcionarios judiciales y así acceder al sistema informático y direccionar el reparto judicial.

La última persona capturada es otra funcionaria de la rama, la Juez 16 Civil Municipal, Ligia Hernández quien, según la tesis del ente acusador recibió una cuantiosa suma por parte de Mattos en este entramado empresarial y jurídico.

Por estos hechos, la juez aceptó su responsabilidad el pasado 16 de enero, momento en el que se le imputó cargos y le dictaron medida de aseguramiento.