Desentrañar los “falsos positivos”
Lo que desde la primera década de este siglo se conoció en Colombia como “falsos positivos” describía con ese término de jerga militar la práctica de hacer pasar como guerrilleros dados de baja en combate a civiles no pertenecientes a ninguna organización ilegal, es decir, ajenos al conflicto, asesinados para tales efectos. Una práctica ilegal, por supuesto, de tipología netamente criminal, cuyo alcance y responsabilidad son objeto de investigaciones judiciales en curso y de discusiones políticas de especial intensidad.
La ocurrencia de esas “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, según los expedientes de la justicia, están documentadas desde por lo menos 1998. Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante auto, determinó una cifra, de carácter todavía preliminar, sobre los “falsos positivos” entre 2002 y 2008: dice literalmente que “6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional” en ese período.
La JEP deja dicho en esta providencia –que no es una sentencia definitiva, sino un auto procesal para definir los pasos a seguir dentro del Caso 03– que a esa cifra llega tras investigaciones propias y “de la rigurosa contrastación de los distintos informes recibidos” por parte de organizaciones de víctimas y de defensores de derechos humanos. Una cifra tan exacta supone que todas las víctimas están identificadas una a una, y que la JEP abordará la definición –cosa que no puede delegarse en organizaciones particulares– de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de esas muertes corresponden, efectivamente, a lo que se denomina también “ejecuciones extrajudiciales” por parte de agentes del Estado actuando por fuera de sus facultades legales.
Estremece que la misión de muchos uniformados se hubiese descarrilado de tal forma, y que la legitimidad de la acción de las Fuerzas Militares quedara en esos casos anulada por completo con la eliminación física de civiles inocentes, tantos de ellos cuya suerte hoy sus familias siguen sin conocer. No hay argumentos que justifiquen tales crímenes. Una cifra de tales magnitudes –de llegar a comprobarse bajo la calidad de verdad judicial y real– es una de las más vergonzosas en la historia contemporánea de cualquier Estado
Mientras la labor de la justicia transicional prosigue –habiendo dejado en evidencia los precarios alcances de las investigaciones y procesos de la justicia ordinaria y de la penal militar– el debate político se agudiza y la utilización de medias verdades y acusaciones directas sin fundamento siembran no solo confusión sino que exacerban resentimientos y odios.
Los opositores de la política de Seguridad Democrática y del expresidente Álvaro Uribe se regodean con aseveraciones que la JEP no ha hecho. Se citan las directrices del Ministerio de Defensa de esa época, que por cuestionables que fueran, no dicen en ninguna parte que se fueran a premiar las muertes de civiles no armados.
Todas las directrices, políticas y militares, hacían referencia a la actuación legítima de las Fuerzas Militares, bajo el amparo de la ley. No hay por ahora una sola evidencia de que el entonces presidente o sus ministros de Defensa ordenaran, estimularan o premiaran crímenes tan abyectos. La interpretación torticera de las directrices militares se originó en algún punto de la cadena de mando de divisiones, brigadas y guarniciones, y fue asumida por sectores de la tropa que erraron de forma flagrante el obedecimiento y ejecución de lo que en su origen era legal, y por eso, ahí deberá determinar responsabilidades finales la justicia.