La mejor reforma tributaria: dejen de robar
En distintos estudios, públicos y privados, se ha estimado que la corrupción en Colombia se traga más de 50 billones de pesos al año. El entonces contralor general Edgardo José Maya dijo en su momento que a través de las venas rotas del Estado corren torrentes de dinero que de existir controles eficaces y contundentes, el país bien podría ahorrarse hasta seis reformas tributarias. Pero nada se ha hecho, ni se hará. Colombia sigue permitiendo que se roben el Estado y ahora la administración de turno trata de vendernos la idea de la llamada la Ley de Solidaridad Sostenible. Como en el cuento: la mona aun cuando de seda se vista, mona se queda. Es una reforma tributaria, la vía más expedita para clavar a los contribuyentes y meterle la mano a los bolsillos de los colombianos, así estos tengan que romperse.
Pero la sorpresa en esta ocasión es que ya no son $7 billones, ni $13 billones, ni $25 billones lo que el Gobierno espera conseguir con el proyecto de reforma tributaria que está a punto de ser presentado al Congreso de la República. En cifras redondas, son $26,1 billones, los que tiene en mente alcanzar el ministro de los ´bonos de agua´, Alberto Carrasquilla, quien de paso parece que en vista de las pocas probabilidades de éxito que tiene para apretar más las afugias de los contribuyentes, ha optado por abandonar el barco e irse a las mieles diplomáticas a un cargo de menos stress.
Los expertos han dicho que lo propuesto será una de las reformas más duras, sobre todo porque se va a adelantar en plena crisis económica.
En declaraciones públicas, el ministro de ´los bonos del agua´ ha dicho que de esos $26,1 billones, $10,5 billones se lograrían a través del IVA, $17,6 billones a través de los gravámenes a las personas naturales, $3 billones en los impuestos a personas jurídicas y se entregarían $5,1 billones a través del Sistema General de Participaciones. Incluso, el Gobierno ha metido presión a los congresistas, a los cuales de paso ha empezado a cobrarles las complacencias burocráticas que con ellos ha tenido.
Pero el chantaje va más allá cuando de manera dramática y sin pudor alguno, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dijo que “si no hacemos esta reforma social sostenible, lo que estamos diciéndoles es que a partir de junio los tres millones de hogares que reciben Ingreso Solidario no lo van a recibir. Si no hacemos esta reforma le estamos diciendo a los hogares de Familias en Acción que les vamos a reducir los ingresos a la mitad. ¡Que infamia!. Más debiera decirle al país que los expertos tributaristas, han dicho que emprender una reforma tributaria implica para el Gobierno un ajuste en gastos, transparencia en recursos, reajustes en IVA y ampliar base de renta.
Sin embargo, dadas las puntadas que se conocen de lo que contempla la iniciativa, la presente reforma tributaria parece destinada a cometer el mismo objetivo de las anteriores olvidándose de cambios estructurales: la prioridad es conseguir recursos urgentes para reducir un déficit fiscal que se disparó por la pandemia, pero no es probable que se sigan muchas de las recomendaciones hechas por los expertos, que incluyen, por ejemplo, eliminar el impuesto del cuatro por mil y el impuesto de Industria y Comercio (ICA), que beneficia a los municipios.
Ojalá y la resistencia en el Congreso sea coherente y valiente. El Gobierno no solo debe pensar como alcabalero, sino tiene que ser responsable con sus gastos.
Ninguna de las recomendaciones que formuló la Contraloría General en el período del doctor Maya Villazón para contener el robo de recursos del Estado se han adoptado y por lo tanto el desangre continua y consecuencialmente con ello la Nación necesita más recursos porque no los tiene.
La emergencia sanitaria y económica propiciada por el coronavirus, desnudó unas finanzas precarias y un aparato productivo débil. Pero de ello no debe aprovecharse el Gobierno. Los colombianos esperamos entonces la sensatez de los legisladores.