La JEP: ¿Instrumento de paz o arma para la impunidad?

Una de las figuras jurídicas creada en los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc ha generado controversia en todos los sectores del país. La Justicia Especial para la Paz tiene puntos a favor, pero también en contra, según analizan algunos secuestrados por este grupo guerrillero, políticos, politólogos, congresistas y excongresistas del departamento del Cesar.

Este modelo es el componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que tiene como función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016.

Fue creada para satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.

Sin embargo, en las últimas horas el Presidente de la República Iván Duque objetó seis de sus artículos de la Ley Estatutaria  lo que ha generado controversia en el sector político. Incluso días atrás sus trasparencia y credibilidad fue empañada por la captura de Carlos Julián Bermeo,  fiscal de apoyo a la Unidad de Investigación a Acusación de la JEP y otras cuatro personas, entre ellas el exsenador Luis Alberto Gil,  cuando presuntamente recibía 500.000 dólares de soborno e interferir en el proceso de extradición de se adelanta en contra del miembro de las Farc, Jesús Santrich.

¿Pero qué tanta credibilidad y garantía de justicia y  reparación tiene esta herramienta transicional?  DIARIO DEL CESAR consultó a víctimas de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Congresistas del Cesar para conocer sus impresiones sobre los efectos positivos o negativos de la misma, además de los últimos hechos que rodean este modelo de justicia transicional.

Para el exsenador cesarense Álvaro Araújo Castro “no hay ninguna sorpresa en las objeciones hechas por el Presidente Iván Duque en una facultad constitucional que él tiene, reflejan su posición anunciada en su campaña en relación al impacto sobre la sociedad. Me parece muy difícil que la gente de bien pueda sentirse en desacuerdo con objeciones que tienen que ver con el derecho de las víctimas en ser bien reparadas; no impedir la acción judicial de los organismos correspondientes y que la JEP se convierta en un obstáculo para los mismos; en no proteger los delitos de lesa humanidad; que se le reserve la exclusividad al Alto Comisionado en darle acceso a este modelo de justicia transicional para que no se convierta en mecanismo para evadir otros delitos”.

El excongresista fue tajante en que “lo que se busca con estas objeciones es rechazar que se le dé una tratamiento especial a los delitos sexuales contra los niños y adolescentes, creo que es algo en que la sociedad no está de acuerdo. No puede haber un desencuentro institucional  entre la rama ejecutiva representada por el Presidente de la República  y la Corte Constitucional”.

Sobre esa misma objeción, la politóloga, magister en mercadeo y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, María Alejandra Arboleda explicó que “al objetarse parcialmente la Ley Estatutaria es una oportunidad para volver a la esencia de los Acuerdos de Paz, especialmente en el tema de no impunidad y reparación a las víctimas. En este momento la objeción está en el Congreso y una opción sería que por mayoría la rechacen lo que llevaría a que el Presidente sancione la norma o de no hacerlo lo firmaría el presidente del Parlamento”.

Según la profesional en política, “una segunda alternativa sería que el Congreso acepte la objeción, lo cual sería bastante interesante porque podría llevarse a unos consensos importantes en el país y pasaría a la firma del Presidente. Una tercera opción abarcaría que no se llevara a ningún consenso. Lo importante es precisar que esto es una oportunidad para pasar de esa situación que nos llevó al Plebiscito de un País del sí y otro del no; así es muy difícil que se implemente la paz”.

 

LAS VÍCTIMAS       

 

El comunicador social José Urbano Céspedes fue secuestrado el 9 de noviembre de 1999 en el corregimiento de Atánquez  por guerrilleros del frente 59 de las Farc al mando del Comandante de alias ‘Solís Almeida’, que esa época delinquían en la Sierra Nevada de Santa Marta en comprensión de los departamentos del  Cesar, La Guajira y El Magdalena.

El periodista fue retenido  en compañía de otros dos colegas, David Sierra Daza y Pablo Camargo; los demás eran reporteros gráficos y camarógrafos de televisión que  trabajaban con el Canal Caracol Noticias y Caracol Radio.

“Nosotros salimos a cubrir una masacre cometida por las Autodefensas, ese día mataron como a cinco personas si mal no recuerdo. Cuando llegamos a Atánquez nos encontramos a unos uniformados que un principio creímos que era el Ejército, cuando hicimos nuestras labores periodísticas y nos disponíamos a regresar a Valledupar, decidieron comunicarnos que eran de las Farc y que sus altos mandos les habían ordenado llevarnos en calidad de retenidos (secuestrados) hacia la parte alta de la Sierra”. Al tercer día dejaron libre a todos y se quedaron con mi camarógrafo y conmigo y nos liberaron dos días después por gestión de la Cruz Roja Internacional; es decir, nos mantuvieron cinco días … de un lado a otro por las noches”.

Sin embargo, la alegría de su liberación contrastó un día después cuando en un accidente de tránsito murió su única hermana y él resultó con heridas de gravedad. “Íbamos a ver a mi papá con una felicidad tremenda pero nos accidentamos. El secuestro y ese percance nos ha marcado para toda la vida”, lamentó José Urbano Céspedes.

Veinte años después de su secuestro, el comunicador social no guarda resentimientos pero sí tiene su inconformismo por los resultados negativos que, para él, ha dado la JEP.

“Nunca me ha brindado o generado confianza. Sin tener mayor conocimiento sobre quiénes son los jueces, magistrados o fiscales de la JEP, me parecen como aparecidos y escogidos no sé por quién; se dice que por la misma Farc para beneficios de ella. Mire el escándalo de hace días en el que capturaron a uno de sus fiscales, por eso me ratifico que es un modelo de justicia que no da confianza. Ningún guerrillero ha sido juzgado o llevado a los estrados judiciales a eso súmele el tema de Santrich en el que tratan de esconder una realidad que todo el mundo conoce. Como víctima me gustaría saber cuál es la paga de ellos para mi secuestro y el de muchos colombianos”.

 

“LA JEP FUE UN ACIERTO”

Concepto opuesto tiene la excandidata presidencial de la Unión Patriótica,  Imelda Daza, sobre la implementación de la JEP. “Fue un acierto, de lo contrario no tuviéramos Acuerdos de Paz, si no se accede a la JEP las FARC estuviera tirando plomo, secuestrando, extorsionando y la guerra se estuviera haciendo con los hijos ajenos y de los pobres, eso fue una negociación y las partes tuvieron que ceder porque las Farc renunciaron a su razón de ser”, aseguró la dirigente.

Sobre la captura de un fiscal de la Justicia Especial para la Paz, la política vallenata advirtió que “eso es un montaje porque no han podido destruir a la JEP. Es algo sucio y me da la impresión que es una manera de obligarla para que sin pruebas extraditen a Jesús Santrich y eso sería acabar con el proceso de paz, estamos gobernados por un bandido que promueve la guerra”.

Entre tanto, el representante cesarense por el partido de Cambio Radical, Eloy Quintero Romero dijo que “la JEP es un acierto, es la tribuna para juzgar a personas que se sometieron al proceso. Es la columna vertebral del proceso, pero los enemigos de la paz no la ven con buenos ojos. Ahora, muy grave lo que ocurrió con el fiscal cuando aparentemente era sobornado, la justicia tendrá que actuar sobre este hecho y determinar responsabilidades”.

 

“HAY QUE REFORMARLA”

En contraste, el excandidato a la cámara de representante por el Centro Democrático, Víctor Hugo Mosquera Galvis, aseguró que “continuamos sosteniendo lo mismo que siempre hemos dicho que este mecanismo de justicia es un organismo creado para exculpar a quienes hayan cometidos esos crímenes de lesa humanidad, en estos casos antiguos miembros de las FARC. Tenemos serios reparos respecto al nombramiento de quienes están encargados de administrar justicia en esas jurisdicción por sus sesgos ideológicos que puedan tener con quienes van a juzgar. A la JEP hay que hacerle una serie de modificaciones profundas y estructurales entre ellas que quienes la conforman no tengan ninguna afinidad política para garantizar a las víctimas una justicia imparcializada”.

El senador Álvaro Uribe Vélez en su visita a Armenia le dijo a Blu Radio que  “nosotros en el Centro Democrático quisiéramos que no hubiera JEP, la realidad del país muestra que hoy no es posible eliminarla, pero sí es posible reformarla. Por eso, hemos venido hablando de unas reformas. El tema de los niños hay que manejarlo separadamente, y eso necesita mucha claridad, ese no es un delito de conflicto, es un delito especial de lesa humanidad, ¿qué tiene que ver el conflicto con la violación de un niño? A ese delito se le debe condenar y se le de sancionar con las acciones ordinarias, no con las inocuas sanciones alternativas de la JEP”.

Por último el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien le había sugerido al presidente Duque objetar dicha norma que fija principios y detalla procedimientos claves de la JEP, señaló que “el anuncio de una reforma constitucional limitada y apenas con 6 objeciones para afianzar los derechos de las victimas e impedir la impunidad son la oportunidad para cerrar este capítulo de la normativa”. La paz y la JEP no están amenazadas”.