Un debate fiscal y social politizado
Después de meses de anuncios y especulaciones está a punto de aterrizar la que será la tercera reforma tributaria de este Gobierno, con un componente social sin antecedentes. Un proyecto que para algunos podría ser una especie de ancheta de nuevos impuestos envuelta en el amable papel celofán de lo social, pero que para otros es la respuesta a las ingentes necesidades del país en estos momentos de crisis.
El informe de los expertos internacionales, que constituye el telón de fondo de la reforma, resultó mucho mejor de lo que se esperaba. Se trata de un documento muy completo que evidencia que nuestro sistema tributario tiene beneficios y exenciones por más de 70 billones de pesos por año.
Si bien el Ejecutivo ya empezó a socializar el articulado de la reforma con los gremios y varios partidos políticos, solo cuando radique el proyecto se podrá ver cuáles de las recomendaciones del informe de los expertos se tuvieron finalmente en cuenta. En cierta manera el Gobierno se encontraba frente a un dilema: durante meses dijo que esperaría ese reporte para nutrir sus propias propuestas de ajuste tributario y, ahora que estas se conocieron, la mayoría son mucho más drásticas de lo que podía pensarse en la Casa de Nariño.
El Jefe de Estado reiteró algo que es parcialmente cierto: los contribuyentes no tendrían nada que temer en el corto plazo con esta reforma pues, de ser aprobada este año, solo empezará a regir en el 2022 y se traducirá en nuevos recaudos a partir del 2023. Esa metodología se aplica solamente a los ajustes relacionados con el impuesto a la renta pero no a las modificaciones al IVA que, por ser un impuesto de aplicación inmediata, su recaudo empezará automáticamente una vez entre a regir la nueva carta impositiva.
Aquí radicará quizás el principal tema de debate ¿Tiene sentido elevar los gravámenes al valor agregado cuando el país va rumbo a un posible tercer pico de la pandemia y el desempleo sigue alto? Aunque la comisión de expertos recomienda no gravar con IVA por el momento los bienes de primera necesidad, propone que a otros que tienen tarifas bajas (por debajo del 19%) se les eleven gradualmente y se elimine, asimismo, el concepto de bienes exentos. En ese caso, aun excluyendo los productos de primera necesidad, se trataría de una extensión considerable de la base del IVA, lo que resulta defensable desde el punto de vista técnico, pero desde el político tendrá una discusión amplísima. Ya en una intentona anterior solo traer a cuento el IVA le costó al Gobierno varios puntos de popularidad.
En cuanto al impuesto a las sociedades el borrador de reforma que está socializando el Gobierno propone varias modificaciones que igualmente suscitarán otro tipo de polémicas políticas. El razonamiento central del informe de los expertos, y que parcialmente acoge el proyecto de ley en ciernes, es que el diseño de los privilegios tributarios existentes es regresivo. Y en cuanto a las personas naturales, lo mismo que para las pensiones, se propone ampliar la base tributaria, elevando la vara a partir de la cual se comienzan a cobrar estos impuestos, lo que también dará lugar a amplios debates parlamentarios. Igualmente se aumenta la tarifa del impuesto al patrimonio, que se prolonga en el tiempo, así como la de los dividendos.
El hilo conductor en todo el razonamiento de la comisión de expertos es muy consistente: ampliar la base de los tributos más que elevar las tasas impositivas. Otro dato clave es que tres de cada cuatro empresas que funcionan en Colombia son informales, un fenómeno que es imperioso combatir. Solo así se evita que la masa de contribuyentes de hoy sea la misma que continúe cargando con el pesado fardo de la tributación. Hay que ser claros: la informalidad es la vía a través de la cual una gran parte de los potenciales contribuyentes escapan.
Respecto al componente social que incluye la propuesta, requiere de un análisis más extenso, que haremos en próximo editorial. Por ahora es claro que lo más importante es la conversión del programa del Ingreso Solidario, creado al amparo de la crisis sanitaria, en una política permanente. Incluso se amplía la cobertura al pasar de 3,5 millones de familias a 5 millones, algo así como 20 millones de colombianos.
También debe destacarse que la reforma vendría acompañada de un alto componente de impuestos ambientales. Lo mismo que asoma un recorte de gastos del Estado aún por concretar.
A partir de la inminente radicación del proyecto, el debate se traslada de los recintos técnicos a los políticos ¿Tendrá éxito el proyecto de reforma? ¿Surtirá efecto la combinación del ajuste impositivo con el componente social urgente que se propone? ¿O va a prevalecer el cortoplacismo político que crece a medida que nos acercamos a las elecciones de 2022?