Por:
CAMILO
ANDRÉS
GARCÍA
Son lugares que se han convertido en todo un dolor de cabeza tanto para las autoridades, como para las personas que residen cerca de ellas, pues son foco de hurto en diferentes modalidades, disputa de bandas por el control de la zona, desplazamiento urbano y hasta reclutamiento de menores.
69 ollas de microtráfico han sido demolidas hasta el momento en el país, en el marco de una estrategia encaminada a atacar de frente el tráfico local de estupefacientes.
Usualmente se trata de lugares que son usados para el expendio y consumo de estupefacientes y muchas veces son convertidos en verdaderos focos de delincuencia, pues de acuerdo a las autoridades, allí confluyen peligrosos antisociales.
Con el objetivo de destruirlas y de paso atacar toda la cadena del tráfico local de estupefacientes, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, el ministro de Defensa Diego Molano y el director de Policía Jorge Luis Vargas decidieron implementar una estrategia que denominaron `Plan 100 contra el microtráfico´, un programa de 100 días, que plantea un debate sobre su efectividad y sus verdaderas consecuencias.
¿De qué se trata?
El general Fernando Murillo, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, dijo que esta estrategia se ha enfocado a derribar estos lugares que son hitos de inseguridad, porque se ha demostrado que por más capturas que existan, estas bandas no se acaban, “la policía allana, realiza capturas, pero sigue el punto de venta y se ha determinado por orden del Gobierno Nacional que debemos derribar esos mitos de inseguridad”, dijo.
Es por eso, que en más de 30 días que lleva la estrategia en curso, ya se han destruido 69 ollas en 13 departamentos del país y las autoridades esperan demoler en lo que resta del plan alrededor de 90 más. “Todos tenemos en la retina lo que fue la calle de Bronx, ya no vamos por una calle vamos por toda una estructura criminal que existe en diferentes partes de las ciudades” añadió.
Además, explicó que para poder derribarlas primero deben hacer una labor de investigación criminal, en la cual se adelantan seguimientos, interceptaciones de líneas, entre otras estrategias, lo que permite: “abrir una noticia criminal con la Fiscalía, que genera todo un proceso para judicializar a los responsables y los inmuebles”, puntualizó.
Luego dijo que lo que “se está haciendo es una medida administrativa desde el entendido que estos inmuebles amenazan con deterioro, amenazan contra la salubridad de las personas de su entorno y su seguridad y de ahí que los alcaldes están tomando las decisiones a partir de un trámite administrativo, para que entren en temas de legalidad y se puedan demoler”, puntualizó.
Por último, explicó que los predios demolidos y que pertenecían a alguna persona no relacionada con actividades delincuenciales, se encuentra en acompañamiento y que los lugares que no se han podido demoler se les está haciendo proceso de extinción de dominio.
“Este Plan 100 contra las ollas es porque vamos, en estos 100 días, a desmantelar cuantas ollas podamos día, mañana y tarde. Y también que, más allá de estos 100 días del plan de choque, vamos a hacer del año 2021 el año de mayor destrucción de ollas de microtráfico en Colombia, de mayor incautación de dosis de droga en las calles, de mayor captura y sanción a jíbaros”, manifestó el presidente Duque.
“Las ollas destruidas se suman a otras 13 que de manera simultánea cayeron en diferentes ciudades del país, en el marco del Plan 100 contra el microtráfico, que adelantan las autoridades”, sostuvo.
“Ya se les acabó en muchos lugares la guachafita y les vamos a poner coto, porque cuando estas ollas se construyen quieren convertirlas en territorios ‘comanches’, en territorios de nadie, en desafío a la institucionalidad. Pues les queda claro que donde haya ollas, las ollas serán derribadas, y serán derribadas con la fuerza moral de una nación que le dice no más al narcotráfico”, señaló el mandatario.
¿Qué tan efectiva es esta estrategia?
Para el catedrático universitario Henry Cancelado, esta estrategia no es nada efectiva para atacar de frente el tráfico local de estupefacientes, porque “usted puede tumbar las ollas que quiera, pero resulta que por el alto nivel de rentabilidad que deja el negocio de las drogas, pues no es efectivo, porque a usted esta se la pueden vender por teléfono o por internet”.
Añade que es absurdo que se piense que “si tumbo la casa acabé con el negocio, acabar con las ollas en las ciudades es la versión urbana de la erradicación de cultivos”
Además, dijo que esto genera solamente un desplazamiento del fenómeno a otro lugar y que lo único que se está haciendo es un tema de apropiación y recuperación de esos lugares y de sus zonas aledañas, “pero no de seguridad, no la olla en sí sino la relación con la ciudad”.
Para Daniel Mejía profesor universitario, este es un esquema que funciona porque se debe evitar a toda costa que se reparta la droga a menores de edad y personas en condiciones de vulnerabilidad “yo creo que hay que atacarlas, capturar y judicializar a las personas que se encuentran lucrándose de ese negocio que es ilegal y hacerles extinción de dominio o la destrucción del inmueble” y agregó que aunque es cierto que muchas de estas organizaciones solo cambian de lugar, no es rentable para ellas “porque les vuelve los costos de producción cada vez más altos”.
Y destacó que otro de las ventajas de esta estrategia es que manda una señal de control, “de que no se permiten estos expendios de droga a gran escala en las ciudades”.
LOS OPERATIVOS
De acuerdo con la Policía, se han efectuado 1.101 diligencias de allanamiento y registro alrededor de todo el país; lo que ha logrado la desarticulación de 184 estructuras dedicadas a la venta de droga.
Esta ofensiva funciona a nivel nacional y fue promovida por el presidente Iván Duque y el Ministerio de Defensa.
El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, dijo que estas actuaciones acabaron con “sitios de miedo para la comunidad´, dijo.
Esta estrategia, que despliega capacidades interinstitucionales para combatir el tráfico de estupefacientes en menores cantidades, efectuó hoy de manera simultánea el derribo de otros 13 expendios . Además, se han incautado 153 armas de fuego, 38 vehículos, 278 celulares, más de una tonelada de clorhidrato de cocaína; 13,5 toneladas de marihuana, 371 kilos de bazuco, 3.529 pastillas de droga sintética y más de 107 millones de pesos. Las operaciones se han cumplido en 325 municipios de 29 departamentos.
Así mismo se han ocupado 17 bienes con fines de extinción de dominio, que en el mercado alcanzan un valor de 4.327 millones de pesos.
Este año, de acuerdo con información de la Policía, se han efectuado 1.101 diligencias de allanamiento y registro alrededor de todo el país; lo que ha logrado la desarticulación de 184 estructuras y se han llevado a cabo 1.429 capturas: 353 por orden judicial, 1.047 en flagrancia y 29 aprehensiones.
Desde el 2018, las masacres volvieron a aumentar en Colombia, tras evidenciarse una disminución en las cifras entre el 2016 y 2017, al punto de que uno de los periodos más críticos para las poblaciones víctimas de este tipo de violencia se ha presentado entre el 2020 y el 2021.
Uno de los factores señalado por la línea de conflicto, paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, como causa de los asesinatos colectivos, es que los grupos armados se disputan la legitimidad de la población civil y hacen uso de la violencia contra los ciudadanos, argumentando, por ejemplo, que estos tienen vínculos con otras bandas.
Organizaciones e instituciones que estudian la violencia en Colombia creen que, tras la firma del Acuerdo, se frenó la dinámica nacional de violencia, pero se atomizaron expresiones locales de esta porque no se cumplió lo pactado y las causas estructurales del conflicto no fueron atendidas.
Pero existen otros posibles factores que van ligados a las dinámicas del territorio, un caso conocido es el Bajo Cauca, donde el fenómeno de violencia está ligado a los cultivos ilícitos, las rutas ilegales del narcotráfico y la minería.